La A.F., en desacuerdo total con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial. Entrevista a Cristina Dexeus.

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha indicado a Confilegal que el sistema actual de oposición «permite el acceso en condiciones de igualdad».

«Los hechos lo demuestran puesto que desde la promoción 33, en 1988, cuando hubo igualdad de hombres y mujeres aprobados, 44 hombres y 44 mujeres, en todas las siguientes son más el número de mujeres que acceden a las carreras que hombres, llegando al punto de que en la última promoción de fiscales, la 58, han aprobado 26 hombres y 82 mujeres».

«La igualdad de género en favor de la mujer está más que superada con el actual sistema de oposición», sentencia Dexeus.

En cuanto a la igualdad de acceso por razones económicas, dice que «la carrera fiscal, al igual que la judicial, está conformada por gente procedente de la clase media, media-baja, tal y como se desprende de los perfiles sociológicos de los estudios realizados».

Dexeus señala que el sistema actual «potencia los valores de mérito y capacidad constitucionalmente establecidos y aleja la subjetividad en los criterios de selección, así como la utilización partidista del sistema de selección de jueces y fiscales».

Por otra parte, manifiesta que a la Asociación de Fiscales le resulta «extraño que solo se plantee la supuesta modernización del sistema de acceso de oposición a las carreras fiscal y judicial y no a otros cuerpos del Estado, cuyo acceso también se rige por este mismo sistema de oposición, como por ejemplo los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antes secretarios judiciales, los registradores o notarios».

Por último, la AF exige que «de nuevo se reinstaure un sistema público estatal de becas para favorecer la igualdad de oportunidades».

Las otras iniciativas que el Ejecutivo llevará a cabo para una «Justicia eficaz», según anuncia en dicho acuerdo, son la promoción de un «Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales»; la sustitución del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), eliminando el plazo máximo de instrucción por ser, a su juicio, «una limitación para la lucha contra la corrupción»; así como la modificación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal».

Respecto a éstas iniciativas la Asociación de Fiscales señala que «comparte plenamente la necesidad de derogar el artículo 324 de la LECrim», como ya ha venido reclamando esta asociación desde el inicio de la implantación del sistema de plazo.

Destaca que «no solo dificulta la lucha contra la corrupción, sino también en general impide la adecuada instrucción y el enjuiciamiento de delitos comunes, algunos de ellos también de extrema gravedad».

En cuanto a las otras dos medidas señala que «es necesario potenciar la agilización de la Justicia dotándola de más y mejores medios materiales y aumentando las plantillas, entre otras medidas».

Y recuerda que la AF lleva desde 2016 reclamando un Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas en el ámbito de Justicia que diseñe un nuevo sistema de instrucción de las causas por el fiscal y que adecúe la planta judicial a las necesidades del siglo XXI».

 Fuente: ConfiLegal