El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 ha dictado con fecha 1 de septiembre de 2021 una nueva sentencia estimatoria del derecho de los fiscales de tercera categoría a percibir el complemento de destino de segunda categoría si realizan las mismas funciones. La Sentencia nº 116/2021, de 1 de septiembre, que aún no es firme, condena al Ministerio de Justicia al pago íntegro de las costas del pleito.

Una vez que la sentencia gane firmeza, se abrirá un nuevo plazo de UN AÑO para solicitar la extensión de efectos por parte de los abogados fiscales que se encuentren en las mismas circunstancias.

Las asociaciones judiciales y fiscales abajo firmantes, ante la extrema gravedad de los hechos que se están viviendo en Afganistán, muestran su grave preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños tras la toma de la mayoría del país por los talibanes.

Ya Amnistía Internacional dijo de las mujeres afganas que sufrieron el control de los talibanes entre 1996 y 2001, que estaban presas dentro de sus hogares e invisibles en el espacio público. En las últimas dos décadas las mujeres comenzaron a ser reconocidas nuevamente como sujetos de derechos en igualdad de condiciones y ello con la Constitución de 2004. Ahora, la situación puede volver a ser dramática tras la salida de las fuerzas desplegadas por varios países y la toma de la ciudad de Kabul, entre otras, por parte de los talibanes. Como ha señalado la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, si los fundamentalistas optan por volver a imponer las normas que imperaban en el país hasta la entrada de las fuerzas internacionales en 2001, las mujeres tendrán prohibido, entre otras cuestiones, acudir a la escuela, deberán cubrir su cuerpo íntegramente con el burka, no podrán salir a la calle si no están acompañadas por un varón de su familia y no podrán trabajar.

Como ya ha hecho la asociación internacional de mujeres juezas (IAWJ), debemos hacernos eco además de la concreta situación de nuestras compañeras en ese país. Actualmente unas 270 mujeres ejercen la actividad jurisdiccional y han sido objeto de amenazas e incluso de atentados contra su vida. En el mes de enero de este año fueron asesinadas dos juezas del Tribunal Supremo de Afganistán. La labor realizada por las mismas ayudando a establecer el estado de derecho en su país, base de un estado democrático, las sitúa en el punto de mira no sólo por esta encomiable labor sino por el sólo hecho de ser mujeres y amenaza su libertad, su vida y las de sus familiares más cercanos ya que su actividad ha sido pública y es conocida su identidad, al igual que ocurre con las compañeras fiscales y abogadas.

Ante esta situación, instamos a los países democráticos la adopción de un firme compromiso con los derechos humanos de los más desprotegidos, mujeres y menores, y a la utilización de los necesarios mecanismos internacionales para lograr su seguridad y en su caso la salida del país y su refugio en condiciones dignas, dignidad que no podemos sino predicar de todos los seres humanos independientemente de su ideología, credo y sexo.

18 de agosto 2021

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

En la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el 15 de julio, la Fiscal General del Estado encargó a los vocales que transmitieran a aquellas asociaciones que reclamaban de ella una explicación sobre la posición de la Fiscalía en determinadas cuestiones que no habría pronunciamiento alguno porque entendía que tales cuestiones eran políticas.

El mensaje, de indudable valor oracular, obligaba a examinar las demandas que en tal sentido se habían formulado. Casualmente el día antes se publicó un artículo firmado por la Asociación de Fiscales donde se reclamaba a la Fiscal General del Estado que expusiera la razón por la que la Fiscalía no se habían pronunciado sobre la procedencia o no de recurrir los Decretos de concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo tras el juicio del «procés».