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Escrito remitido por segunda vez a la Fiscal General del Estado reclamando nuestros derechos: la aplicación del permiso en paternidad en los mismos términos que los Jueces.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

A la Att. Excma. Sra. Doña

MARIA JOSÉ SEGARRA CRESPO

Fiscal General del Estado

Fortuny, 4

28.010 MADRID

Madrid, 6 de junio de 2.019

Excma. Sra.,

Dado el tiempo transcurrido desde la remisión de la anterior comunicación de 5 de febrero de 2.019, en relación a su vez a la anterior comunicación dirigida a la Excelentísima Señora Ministra de Justicia de 13 de septiembre de 2.018, sin que hasta el día de hoy hayamos tenido respuesta alguna, interesamos, de nuevo, una respuesta a la mayor brevedad posible, dada la enorme trascendencia que la referida solicitud tiene en cuanto a la recuperación de derechos profesionales por la Carrera Fiscal.

Asimismo, ampliando la comunicación anterior, queremos poner en conocimiento de la Excelentísima Fiscal General del Estado, hechos que ya están teniendo trascendencia en la Carrera Fiscal, como es que se reconozcan tan sólo cuatro semanas de permiso de paternidad, no habiendo llevado a cabo una aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 373.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la previsión que este precepto contiene para el testo de los funcionarios del Estado, donde se reconoce actualmente una licencia de paternidad de ocho semanas mientras que a la Carrera Fiscal en la actualidad únicamente el Ministerio está reconociendo cinco semanas. Asimismo, se pone en conocimiento el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial por Acuerdo de 30 de mayo de 2.019, publicado en el BOE de 6 de junio de 2.019, ya ha procedido a adaptar para Jueces y Magistrados la duración del permiso de paternidad, con la intolerable discriminación que ello supone para nuestra Carrera.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Comisión Ejecutiva de la A.F.

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La sentencia del TEDH y la «Opinión» del grupo trabajo de la ONU: El rigor jurídico frente a la manipulación. Por Antonio Roma.

En un plazo próximo a las 24 horas nos hemos desayunado con dos resoluciones supranacionales referidas a un mismo supuesto, por otra parte en trámite de enjuiciamiento penal en España.

Me refiero, claro está, a los hechos que derivan de los acontecimientos bien conocidos y acaecidos entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de 2017.

Los organismos de que emanan estas resoluciones valoran eventuales quebrantos de los derechos a la libertad de expresión, comunicación y participación política de una manera clara y rotundamente contradictoria.

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La igualdad ante la ley en el cumplimiento de las penas. Por María de la Cinta López.

Cuarenta años después de publicarse la Constitución Española, una sensación generalizada de desánimo y desconfianza hacia las instituciones ha ido calando entre la población y ha arraigado en amplios sectores sociales. La crisis económica y numerosos casos de corrupción política tanto en el ámbito nacional, autonómico o local (Gürtel, Pokemon, EREs, 3%) han generado el desprestigio de la clase política a la que se identifica con corrupción o utilización de sus respectivos cargos con fines espúreos alcanzando dicho desprestigio también a otras instituciones.

De este desgaste tampoco se libra la Administración de Justicia ni el Ministerio Fiscal achacándoseles ser más diligentes en la persecución y castigo del ciudadano corriente que de los delitos cometidos por lo que se llama «la casta»: ricos, famosos y políticos. Ni siquiera las numerosas condenas (casos ITV, delitos fiscales cometidos por futbolistas o cantantes, tarjetas Blak...) consiguen cambiar la opinión pública sobre el buen hacer de la Justicia extendiéndose la idea de que la impunidad persiste pues o no se devuelve el dinero malversado o apropiado, no se ingresa en prisión por suspenderse la ejecución de las penas o se goza de beneficios penitenciarios de los que no disfrutan el resto de ciudadanos.

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Antonio Roma analiza la STEDH sobre los parlamentarios catalanes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado. La sentencia comunicada el 28 de mayo resuelve el contencioso planteado por setenta y seis integrantes del Parlament de Cataluña frente a las consecuencias derivadas de la prohibición realizada por el Tribunal Constitucional a la convocatoria realizada el 9 de octubre de 2017 del pleno que habría de proclamar la independencia de la comunidad autónoma a la vista de la convocatoria a los ciudadanos del 1 de octubre.

En esencia, los demandantes dirigen una reclamación frente a la actuación de un órgano encargado de velar por los derechos humanos y las garantías democráticas (el Tribunal Constitucional) ante otro distinto con las mismas funciones, pero de ámbito material y geográfico diferente (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos); y argumentan una versión de la democracia limitada a la votación en referéndum y a la asunción de sus consecuencias.

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Percibo cierta falta de sensibilidad hacia la trata de personas. Por Natividad Plasencia.

Natividad Plasencia, fiscal coordinadora para delitos de trata de personas y extranjería en Sevilla, expone en esta entrevista los problemas de sacar adelante una acusación por la vulnerabilidad de las víctimas, su riesgo de retractación y por la “falta de sensibilidad” que percibe, incluso entre los profesionales del Derecho, hacia este tipo de delitos. Es una situación que le recuerda a los primeros tempos de la violencia de género.

— ¿Qué problemas plantean los delitos de trata de personas?

Uno de los principales problemas que tiene la investigación de estos delitos es que las víctimas han vivido una experiencia tan traumática que lo primero que hay que hacer es convencerles para que colaboren y denuncien. Hay mecanismos de tutela como el periodo de reflexión para que durante al menos 90 días decidan si desea colaborar con las autoridades y en ese tiempo se suspende el procedimiento administrativo de repatriación. Aún así, los tiempos de la víctima no siempre coinciden con los del proceso penal. Hay víctimas que necesitan apoyo psicológico y un periodo importante para decidir si realmente desean colaborar.

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¿Quién juzga a los jueces? Por Luis Anguita.

Jueces que son apartados, expedientados o inhabilitados han sido protagonistas de noticias que han sacudido a la opinión pública en los últimos años. Dos representantes de la justicia, Luis Anguita Juega, delegado de la Asociación de Fiscales de A Coruña, y Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados, contestan a la siguiente pregunta: ¿Quién juzga al juez?

El imperio de la ley

Nuestra Constitución recoge en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Este es un principio fundamental: nadie puede estar por encima de la ley, y todos los ciudadanos y poderes del Estado, están sujetos a un control judicial y pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias y penales.

Para este control es fundamental la existencia de un poder judicial independiente, así se recoge en nuestra norma fundamental, cuando establece en su artículo 117, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

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