Ante la polémica desatada por la sentencia de la AP de Navarra sobre el llamado caso de "La Manada" la Asociación de Fiscales manifiesta:
Las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración en conciencia de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados; esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano, pero las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, merecen todo el respeto ya que constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la Democracia.
La ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones judiciales, de modo que, tras el reflexivo estudio técnico jurídico de las mismas, si estas no se comparten, el Ministerio Fiscal podrá interponer recurso, que también merecerá todo el respeto, pues el Ministerio Fiscal, al igual que la Carrera Judicial, está formado por fiscales profesionales e independientes no sometidos a otro imperio que el de la legalidad y cuya labor se basa en la defensa de los derechos de la sociedad, y, muy especialmente, de las víctimas, constituyendo igualmente un pilar del Estado de Derecho.
De la misma manera, las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del correcto funcionamiento de un Estado democrático.
Por ello, la Asociación de Fiscales comparte y hace suyo el comunicado emitido con ocasión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por las tres Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, y lamenta la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos, se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor, se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales, y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Sr. Ministro de Justicia, que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones.
La Comisión Ejecutiva
Madrid, 28 de abril de 2018
