A LA EXCMA. SRA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Excma. Sra.:
Tal como ya interesamos a su predecesora en el cargo en fecha 27 de noviembre de 2018, reiteramos nuestras peticiones en materia de prevención de riesgos laborales que, en la situación actual, con la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19, se hacen más necesarias aun siendo imprescindible que la Carrera Fiscal disponga de un plan de prevención de riesgos laborales y un listado de enfermedades laborales en la que además de otras se incluya como tal el Covid 19.
“Según el primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, encargado por el CGPJ en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. La carga de trabajo como factor de riesgo está más presente en las mujeres, en los jueces con menor antigüedad y en los Juzgados unipersonales. La Comisión Permanente señala que proteger la seguridad y salud de los jueces también es proteger a la sociedad, que se verá beneficiada de la calidad del servicio público prestado”
Compartiendo íntegramente la Asociación de Fiscales la anterior afirmación del informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, y considerando que dicha conclusión es también predicable de los miembros de la Carrera Fiscal, consideramos que la determinación de la carga de trabajo es una reivindicación absolutamente imprescindible y que ya no puede postergarse más, puesto que, no determinarla, constituye una injustificable omisión por parte de la FGE en el cuidado de la salud laboral de los miembros del Ministerio Fiscal.
Vemos con desazón como en la Carrera Judicial se establecieron hace ya mucho tiempo (Acuerdo de 3 de diciembre de 2003 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 2/2003) unos módulos para valorar la actividad judicial. Desde entonces nos encontramos con el absurdo de que, ante la misma carga de trabajo de un órgano servido por un fiscal, los jueces saben que laboriosidad se espera de ellos y que, en su caso, se distinguiría perfectamente que retraso es atribuible al juez y que retraso es atribuible al órgano por ser la entrada de asuntos superior al módulo máximo individual exigible de salida de trabajo; sin embargo en el caso del fiscal que despachara el papel de ese juzgado nos encontraríamos que todos los asuntos de entrada sin despachar que sufrieran retraso (pensemos en el art 324 o en plazos de prescripción) le podrían ser imputados a “su retraso en el despacho del papel”, sin tener en consideración ni los asuntos que efectivamente despacha o los servicios que cubre al no existir un módulo máximo de carga de trabajo.
Es indispensable, por tanto, que se determinen no solo los módulos máximos sino los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que cabe exigir a cada fiscal tanto a efectos disciplinarios, a efectos de retribuciones variables y, lo que es más importante, a efectos de protección de la salud laboral.
La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. establece en su Artículo 560. Apartado 21 que el CGPJ tiene las siguientes atribuciones: “21.ª Elaborar y aprobar, juntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.”
No se alcanza a entender el motivo por el que la FGE no asume la obligación paralela que le corresponde en esta materia con relación a los fiscales, manteniendo así el deseable, necesario y justo paralelismo con la Carrera Judicial. Forzosamente tal obligación comporta la valoración del rendimiento del fiscal (carga de salida), más allá de la carga de asuntos que pueda pesar sobre él debido a la distribución de trabajo que tenga asignada (carga de entrada). Solo así se podrá valorar la existencia o no de repartos injustos de trabajo, valorar que no existen retrasos que puedan dar lugar a sanciones y valorar aquellos lugares donde se hace más necesario la creación de nuevas plazas de fiscales, que tendrán que coincidir con los lugares donde los fiscales de plantilla alcancen el módulo máximo legalmente previsto, huyendo de caprichosas distribuciones de nuevas plazas no siempre bien justificadas. Parece insuficiente, aunque sea un primer paso, que a día de hoy la única actuación en esta materia sea la creación de la herramienta llamada “carga de trabajo” que aparece en la intranet del Ministerio Fiscal porque se trata de un estudio que valora la carga de trabajo de cada fiscalía, que puede tener su efectividad al efecto de determinar las necesidades de distribución y ampliación de plantilla, pero que no serviría para establecer un módulo individual máximo por fiscal, como reclamamos.
En paralelo a esta reivindicación profesional, consideramos también imprescindible crear ya sin demora en la FGE, no una comisión, sino un Servicio efectivo de Prevención de Riesgos Laborales, como ya existe en el CGPJ, que vele por la seguridad y salud de los fiscales mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a su entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo y que establezca un catálogo de las enfermedades profesionales derivadas del desarrollo que la función de fiscal puede acarrear.(estrés, ansiedad, depresión, problemas visuales o de espalda etc.).
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales solicita, por lo expuesto que, con la mayor celeridad que sea posible, se proceda a la determinación de un módulo máximo de las cargas de trabajo para los integrantes de la Carrera Fiscal, y a la creación del Servicio de prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Fiscal.
Así mismo reiterar la petición de reunión solicitada verbalmente por la presidenta de AF y reiterada por escrito de fecha 27 de octubre de 2020, para tratar las medidas de protección en relación con el Covid.
Sin otro particular,
En Madrid a 5 de noviembre de 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales
