La Asociación de Fiscales ha puesto a disposición de los miembros de la Carrera Fiscal un estudio sobre la inaplazable necesidad de actualización de sus retribuciones.

En él, tras sistematizarse la normativa aplicada en la determinación anual de las cuantías, se analiza la progresiva pérdida de poder adquisitivo de estas retribuciones, agravada por la reducción exorbitada que aplicó el Real Decreto-ley 8/2010 y el incremento récord del IPC en 2021.

A título de ejemplo, las retribuciones fijas previstas en 2022 para un Fiscal de Valencia, Sevilla o Zaragoza suponen una pérdida de más de 12.000 euros al año respecto a las que correspondería percibir de haberse mantenido la capacidad adquisitiva establecida en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal; o en el caso de los Abogados Fiscales, donde tal pérdida es superior a 7.500 euros anuales respecto a la cuantía que hubiera debido corresponder.

Así, el incremento de las categorías retributivas que debería ser aplicado para la restitución de la capacidad adquisitiva a las originarias previsiones de la Ley 15/2003 se concreta en un 22,16% de los sueldos, entre un 17,31% y un 12,78% de los complementos de destino –según categoría- y un 18,32% de las retribuciones especiales correspondientes al desempeño de servicios de guardia. correspondientes al desempeño de servicios de guardia.

En relación con el acuerdo del CGPJ de conceder determinadas dietas a los alumnos de la 71 promoción de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales opina que ciertamente resulta indignante el trato diferente que se recibe en una y otra carrera. Ello es debido a que el CGPJ tiene presupuesto propio y puede gestionarlo, lo que le permite conceder a los alumnos de la escuela judicial una cantidad para dietas de manutención u ofrecerles una formación inicial de dos años, o que, ya en el seno de la carrera judicial, se paguen dietas superiores a las que corresponden por categoría a jueces y magistrados, o que puedan tener un plan de prevención de riesgos laborales propio, y tantas otras ventajas que supone la independencia económica de la que la carrera fiscal carece. No tenemos independencia económica, no tenemos gasto singularizado para gestionar nuestra carrera, sino que dependemos del Ministerio de Justicia, como si en lugar de Poder Judicial, con autonomía funcional, fuésemos empleados del ministerio y así nos va.

Para lograr dietas o un plus en las dietas legalmente reconocidas, lo que necesitamos es ser independientes económicamente del ministerio y tener capacidad para gestionar nuestro propio presupuesto. Desde luego este ministerio no está por la labor.

La AF está en esa lucha con el fin de asimilarnos al máximo al CGPJ y a los jueces y que se nos aleje del ministerio, superando la actual dependencia económica y de toda índole.

Madrid a 17 de enero de 2022.
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales