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Javier Marqués Ouviaño. "¿Pueden convivir el derecho de corrección y el delito de maltrato?" Breve comentario a las SSTS 654/2019 y 47/2020.

Javier Marqués Ouviaño
Fiscal de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias
Miembro de la Asociación de Fiscales

I. Introducción

Es conocido que en el año 2007 la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (SP/LEG/3900) (BOE de 29 de diciembre, entrada en vigor el 30), derogó del art. 154 CC el párrafo que permitía a los padres «corregir razonable y moderadamente a sus hijos«. La justificación ofrecida en la exposición de motivos era dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que había mostrado «preocupación» por la posible contravención de la citada facultad con el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (Instrumento de Ratificación BOE de 31 de diciembre de 1990) (SP/LEG/2463). Este texto en su apartado primero preveía: «Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo«.

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Nota informativa. Extensión de efectos de 2ª categoría.

Queridos compañeros

Queremos comunicaros que hemos tenido conocimiento de la Sentencia nº 44/20, de 5 de mayo, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 en la que se declara el derecho de un fiscal de tercera categoría a percibir el complemento de destino de un fiscal de segunda categoría, al haber quedado acreditado que ha desempeñado las mismas funciones, siendo novedoso que la Magistrada ha declarado la firmeza en la misma resolución, por lo que se abre con ello la posibilidad de instar desde este momento procedimientos de extensión de efectos por quienes se encuentren en las mismas circunstancias fácticas.

Recordad que es fundamental la prueba documental, especialmente, el certificado de funciones del Fiscal Superior o el Fiscal Jefe y que el plazo para solicitar la extensión de efectos es de un año a partir del día en que se reanudan los plazos procesales, esto es, del día 4 de junio 2020.

Como sabéis no es necesaria la previa reclamación en vía administrativa, pero quien la haya solicitado se beneficia de la interrupción de la prescripción y los efectos se
pueden retrotraer a los cuatro años anteriores a la fecha de su presentación.

Obviamente se puede seguir optando por la interposición de un declarativo ordinario.

El éxito es, una vez más, del Letrado de la Asociación de Fiscales quien ofrece importantes e interesantes ventajas y con quien podéis contactar

Javier Sánchez Sánchez
C/ José Ortega y Gasset, nº 34, 1º B
28006 - Madrid
Tel.: 34 915767645
Email: Jss@sanchezmoro

Madrid, 1 de junio de 2020

Un saludo
La Comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscal

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Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, publica la “Biblia” definitiva sobre el proceso de extradición español.

La obra viene prologada por Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quien habla de Carlos Bautista en términos más que elogiosos.

Y no le falta razón, por el autor del libro “Procedimiento de extradición pasiva. Doctrina y jurisprudencia”, que ha publicado Sepin, es uno de los grandes especialistas con que cuenta España en este campo de la extradición.

No en vano, Bautista, de 54 años, obtuvo su doctorado en 2014, que fue calificado “sobresaliente cum laude” con la tesis doctoral titulada “Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega”, en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Con la “Biblia” que ahora ve la luz cierra el círculo y lo consagra públicamente como experto entre los expertos en esta especialidad.

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Comunicado de la Comisión Ejecutiva.

La Asociación de Fiscales quiere expresar el malestar que le ha causado el reciente cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministro del Interior, en la medida en lo que ello pueda afectar a la imagen de independencia e imparcialidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal.

Desde la A.F apostamos firmemente por la independencia del Instituto Armado respecto de cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado –como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía. En estos casos ha de actuar siempre con sujección estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales.

Tal es el modelo reconocido en la Constitución y en nuestras leyes procesales, como garantía de una real y efectiva separación de poderes, principio básico de nuestro proceso penal y del propio sistema democrático. Este cese supone a nuestro juicio una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil, y sienta un inquietante precedente y un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad, de la que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.

En Madrid, a 26 de mayo de 2020.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

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Propuestas para incluir en el esquema de Seguridad Laboral y plan de desescalada del Ministerio de Justicia.

En el día de hoy se ha celebrado una reunión virtual entre representantes del Ministerio de Justicia y las asociaciones de Jueces y Fiscales. En la misma se ha expuesto el “Esquema de Seguridad laboral y Plan de desescalada” para la Administración de Justicia del Ministerio que se está negociando con sindicatos y C.C.A.A., de cuyo borrador no se nos ha dado traslado. Tras la exposición sucinta de su contenido se ha hecho ofrecimiento para que en la tarde de hoy las asociaciones realicemos aportaciones que consideremos preciso incluir en dicho plan. Obviamente la participación interesada con esa premura no podrá ser especialmente pormenorizada.

En todo caso la AF, con el fin de colaborar con el Ministerio para garantizar la salud y la seguridad de los fiscales y demás operadores jurídicos y usuarios del servicio público de la Administración de Justicia, insiste nuevamente en la reclamación de más y mejores medidas de seguridad tanto personales como colectivas, velando siempre por la salud de los profesionales y de la ciudadanía que hace uso de esta.

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