Madrid, 22 de mayo de 2018

Los Magistrados del Tribunal Supremo abajo firmantes, queremos manifestar mediante este comunicado nuestro total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las Carrera Judicial y Fiscal en defensa de sus justas peticiones, con las que de manera unánime están reclamando las imprescindibles reformas que necesita la Administración de Justicia para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde.

La garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia, el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial, resultan absolutamente imprescindibles para conseguir el eficiente funcionamiento de la Justicia que los ciudadanos se merecen.

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Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el pasado Pleno del Consejo Fiscal de 10 de mayo:

1. En materia de derechos de los Fiscales, os destacamos estos tres puntos, que entendemos de trascendencia:

a. En la línea de las movilizaciones de las asociaciones profesionales y por unanimidad de los miembros del Consejo Fiscal, se ha acordado realizar las gestiones oportunas ante los Ministerios de Justicia y Hacienda a fin de que sus titulares cumplan con la obligación establecida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en orden a la constitución de la comisión prevista para facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de ambas Carreras. Dicha comisión, que debe reunirse cada cinco años, no ha sido convocada en los últimos diez años, sin que tuviera tampoco efecto alguno la única vez que se convocó, en el año 2008. Entendemos que no resulta admisible que la mesa de retribuciones sea tan solo un desiderátum cuando resulta una obligación legalmente establecida a la que hay que dar cumplimiento con una periodicidad quinquenal.

Ante la polémica desatada por la sentencia de la AP de Navarra sobre el llamado caso de "La Manada" la Asociación de Fiscales manifiesta:

Las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración en conciencia de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados; esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano, pero las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, merecen todo el respeto ya que constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la Democracia.

La ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones judiciales, de modo que, tras el reflexivo estudio técnico jurídico de las mismas, si estas no se comparten, el Ministerio Fiscal podrá interponer recurso, que también merecerá todo el respeto, pues el Ministerio Fiscal, al igual que la Carrera Judicial, está formado por fiscales profesionales e independientes no sometidos a otro imperio que el de la legalidad y cuya labor se basa en la defensa de los derechos de la sociedad, y, muy especialmente, de las víctimas, constituyendo igualmente un pilar del Estado de Derecho.

De la misma manera, las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del correcto funcionamiento de un Estado democrático.

Por ello, la Asociación de Fiscales comparte y hace suyo el comunicado emitido con ocasión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por las tres Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, y lamenta la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos, se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor, se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales, y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Sr. Ministro de Justicia, que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones.

La Comisión Ejecutiva 

Madrid, 28 de abril de 2018