Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado los días 29 y 30 de julio de 2020 y en la que algunos de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia.

A partir de este Pleno, comenzamos a abordar los informes para la cobertura de las distintas plazas discrecionales, la mayoría de ellas pendientes de concurso y resolución desde hace más de un año. La novedad introducida por la actual Fiscal General del Estado es la de entender como una norma no escrita la analogía a nuestra Carrera del límite de los diez años en los mandatos temporales establecido para la Carrera Judicial tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (introducida por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre).

Con carácter previo a entrar en el orden del día del Consejo Fiscal, los Vocales electivos de la Asociación de Fiscales quisimos expresar, una vez más, nuestro disgusto por elincumplimiento sistemático de lo preceptuado en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal, en el que se fija que la convocatoria, que se debe realizar por escrito con ocho días como mínimo de antelación a la fecha de celebración del Pleno, debe ir acompañada del orden del día y la documentación que proceda en relación a los asuntos a tratar. Una vez más,la documentación, y en este caso también el orden del día, se recibieron con plazo inferior; parte de dicha documentación, incluso, tan solo uno y dos días antes a la celebración del Pleno.

En el público debate encontramos la propuesta de algunos sectores, tendente a suprimir la sanción penal de las injurias a la Corona. Este cambio nos alejaría de las monarquías parlamentarias, que protegen especialmente el honor del Rey. Observamos dicha previsión en los artículos 115 y 267 del código penal danés, o en el capítulo 18, en relación con el capítulo 5, sección primera, del código penal sueco. El código penal holandés castiga las injurias al Rey con cinco años de prisión (sección 111).

La gravedad de dichas injurias ha ido variando, desde una severa consideración como traición o delito contra la seguridad nacional (Novísima Recopilación, código de 1848), hasta la actual concepción, propia de nuestro avanzado sistema democrático, que las define como un delito contra la Constitución.

Nuestras leyes protegen la dignidad del Rey, por ser quien ejerce la función más alta. El Rey es símbolo de la unidad y permanencia de la nación, asume la garantía del funcionamiento regular del Parlamento, del Gobierno y de los Tribunales (artículo 56 CE), es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 62.h) CE) y primer Embajador de España (artículo 63 CE).

Jaime Moreno Verdejo
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
y

Pedro Díaz Torrejón
Fiscal. Miembro de la Asociación de Fiscales

I. Introducción

Antes de ocuparnos de la reciente reforma del sistema de plazos en la instrucción, permítasenos avanzar en esta introducción algunas breves reflexiones sobre el modelo procesal penal que sitúan nuestro parecer sobre esta materia:

1. La idea de un plazo límite para la instrucción resulta lógica: no cabe someter a una persona a una instrucción judicial que se perpetúe o alargue durante años, lustros o incluso décadas. Y eso está sucediendo hoy: la instrucción del proceso en muchas ocasiones es innecesariamente larga. La sensación es que algo hay que hacer para acabar con eso. A ese fin responde el establecimiento de los plazos. Lo que sucede es que el debate se pervierte cuando el acento se pone en el cuándo en lugar de en el cómo. No debiera ser tanto cuánto durará la instrucción sino cómo debe ser ésta.
2. La fase esencial del proceso ha de ser el juicio oral, es ahí donde se practican las pruebas.
3. La instrucción debiera solamente servir para decidir en la fase intermedia acerca de la apertura o no del juicio, es decir, para decidir quién y por qué hechos se sentará en el banquillo.
4. Los procedimientos por hechos no complejos precisan de una instrucción mucho más sencilla que la que hoy se viene practicando. Por mucho que se haya intentado –y conseguido en enorme medida- sentar que sólo lo actuado en el plenario puede servir de prueba, es lo cierto que aún hoy en gran medida “la suerte de la causa queda echada en la instrucción”[1]. Se tiende a repetir lo hecho en el atestado y a tomar declaraciones y practicar todas las pruebas que luego se repetirán en el juicio. Resulta absurda la actual tendencia a reiterar, en lo que llamamos instrucción, ante el Juez —suponemos que en el futuro ante el Fiscal— declaraciones y actuaciones que o ya constan o bien pueden directamente practicarse en el juicio oral como prueba.