En nuestro sistema constitucional tienen un lugar adecuado los llamados fueros. Se trata de confiar al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores la misión de juzgar a los ministros, consejeros, parlamentarios o magistrados. La reciente reforma de un Estatuto autonómico y la propuesta de determinados sectores tendente a suprimir los fueros del Parlamento despiertan simpatía porque parece oponerse a la permanencia de injustos privilegios. En cierto sentido hemos de reconocer que la evolución de la humanidad consiste en enfrentarse a las prebendas, a la discriminación entre ciudadanos libres.

Sin embargo, una reflexión más acabada debe llevarnos a mirar ciertas enmiendas con más atención. En la política, como en general en la vida, hay que sopesar con detalle las consecuencias de los cambios. El aforamiento de ministros, diputados, senadores y magistrados es una condición histórica que goza del prestigio de la tradición. Cuando una institución se sostiene a lo largo de siglos, sin que la sociedad haya expresado desacuerdo, es probable que existan razones que motivan su permanencia.

La justicia es nombrada en la Constitución como el segundo valor superior del ordenamiento jurídico (solo por detrás de la libertad) del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España.

Sin embargo, a punto de cumplirse 40 años de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, este artículo primero que encierra una Norma Fundamental del Estado al dibujar, nada más y nada menos, que la arquitectura constitucional de nuestro País, está perdiendo valor.

Se deprecia al tiempo que se desprecia a la justicia por las continúas e indisimuladas injerencias de la clase política y por la falta de interés en acometer una profunda reforma que la sitúe en el siglo en el que vive no en el que fue concebida.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el Pleno del Consejo Fiscal celebrado el pasado día 7 de noviembre, durante el cual la Fiscal General del Estado anunció la recepción en el día anterior del Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal y que supone la creación de 80 plazas (varias de la tercera categoría) y de una plaza de Fiscal de Sala para la protección de las personas con discapacidad, que no se incluye en tal creación puesto que se afirma habrá de realizarse a coste cero mediante el nombramiento de alguno de los Fiscales que ya ocupan tal categoría.