Javier Marqués Ouviaño
Fiscal de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias
Miembro de la Asociación de Fiscales

I. Introducción

Es conocido que en el año 2007 la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (SP/LEG/3900) (BOE de 29 de diciembre, entrada en vigor el 30), derogó del art. 154 CC el párrafo que permitía a los padres «corregir razonable y moderadamente a sus hijos«. La justificación ofrecida en la exposición de motivos era dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que había mostrado «preocupación» por la posible contravención de la citada facultad con el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (Instrumento de Ratificación BOE de 31 de diciembre de 1990) (SP/LEG/2463). Este texto en su apartado primero preveía: «Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo«.

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Queridos compañeros

Queremos comunicaros que hemos tenido conocimiento de la Sentencia nº 44/20, de 5 de mayo, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 en la que se declara el derecho de un fiscal de tercera categoría a percibir el complemento de destino de un fiscal de segunda categoría, al haber quedado acreditado que ha desempeñado las mismas funciones, siendo novedoso que la Magistrada ha declarado la firmeza en la misma resolución, por lo que se abre con ello la posibilidad de instar desde este momento procedimientos de extensión de efectos por quienes se encuentren en las mismas circunstancias fácticas.

Recordad que es fundamental la prueba documental, especialmente, el certificado de funciones del Fiscal Superior o el Fiscal Jefe y que el plazo para solicitar la extensión de efectos es de un año a partir del día en que se reanudan los plazos procesales, esto es, del día 4 de junio 2020.

Como sabéis no es necesaria la previa reclamación en vía administrativa, pero quien la haya solicitado se beneficia de la interrupción de la prescripción y los efectos se
pueden retrotraer a los cuatro años anteriores a la fecha de su presentación.

Obviamente se puede seguir optando por la interposición de un declarativo ordinario.

El éxito es, una vez más, del Letrado de la Asociación de Fiscales quien ofrece importantes e interesantes ventajas y con quien podéis contactar

Javier Sánchez Sánchez
C/ José Ortega y Gasset, nº 34, 1º B
28006 - Madrid
Tel.: 34 915767645
Email: Jss@sanchezmoro

Madrid, 1 de junio de 2020

Un saludo
La Comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscal

La obra viene prologada por Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quien habla de Carlos Bautista en términos más que elogiosos.

Y no le falta razón, por el autor del libro “Procedimiento de extradición pasiva. Doctrina y jurisprudencia”, que ha publicado Sepin, es uno de los grandes especialistas con que cuenta España en este campo de la extradición.

No en vano, Bautista, de 54 años, obtuvo su doctorado en 2014, que fue calificado “sobresaliente cum laude” con la tesis doctoral titulada “Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega”, en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Con la “Biblia” que ahora ve la luz cierra el círculo y lo consagra públicamente como experto entre los expertos en esta especialidad.