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Mecanismos de tutela legal de las víctimas de trata de seres humanos. Por Natividad Plasencia Domínguez.

I. INTRODUCCIÓN

La trata de seres humanos, que bien ha sido llamada «la nueva esclavitud del siglo XXI», constituye una forma de delincuencia que atenta contra los derechos más elementales de la persona y que produce en sus víctimas efectos demoledores. La lucha contra este fenómeno criminal, debe desarrollarse en tres frentes fundamentales que son: la persecución del delito, la prevención de estas conductas y la protección de las víctimas. La dispersa y fragmentaria regulación de estas últimas en nuestro ordenamiento jurídico, constituye un importante escollo para su eficaz aplicación.

El delito de trata de seres humanos fue introducido en nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 5/10, de 22 de junio (LA LEY 13038/2010), que vino a incorporar un nuevo Título VII bis bajo la rúbrica «De la trata de seres humanos», integrado únicamente por el artículo 177bis (LA LEY 3996/1995). El precepto fue posteriormente reformado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo (LA LEY 4993/2015), que le dio la redacción actualmente vigente.

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El nuevo delito de abandono del lugar del accidente y otras importantes novedades de la inminente reforma del Código Penal en materia de imprudencia. Por Pablo Lanzarote Martínez.

I. INTRODUCCIÓN: ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA

1. Alcance

Según se expresa en el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica (LO) tres son las novedades que introduce en nuestro Código Penal (CP) su inminente reforma:

1º. Tipifica un nuevo delito que nomina de «abandono del lugar del accidente».

2º. Introduce criterios ex lege o de interpretación auténtica para la calificación de la imprudencia grave y de la menos grave en base a la comisión, previa al resultado de muerte o lesiones, de un delito de riesgo, en el primer caso, o de una infracción a la legislación de tráfico y seguridad vial, en el segundo, y 

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El fiscal jefe del Campo de Gibraltar: «Sin medios vamos camino del desastre».

«Vamos camino del desastre», sentencia el fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, que lleva casi dos décadas luchando contra los narcos. «Hay muchos más policías y guardias civiles, se han producido miles de incautaciones de droga, decenas de detenidos y todos los clanes importantes están desmantelados, pero precisamente por eso se ha formado un cuello de botella. Necesitamos muchos más órganos judiciales».

Cisneros desgrana la situación del Campo de Gibraltar desde el punto de vista jurídico, los grandes anuncios y las promesas aún sin materializarse. Cuando se diseñó el plan especial para esta zona, tomada por el crimen organizado, junto a las medidas policiales se anunciaron una serie de decisiones judiciales concretas: una plaza más en la Audiencia, es decir, un magistrado, tres nuevos juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en Algeciras, La Línea y San Roque, y un juzgado de lo Penal.

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Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales. Febrero de 2019.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el Pleno del Consejo Fiscal celebrado el pasado miércoles 6 de febrero.

1. CONVOCATORIA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Tres de los cinco Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales informaron de modo favorable el nombramiento de la Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel Vargas Gallego, Fiscal con destino en Madrid, mientras que los otros dos lo hicieron en favor de Dña. María Ángeles González Roldán, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla, quien resultó ser la propuesta por la Fiscal General del Estado para ocupar plaza en comisión de servicios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta candidata contó también con el apoyo de tres Vocales de la UPF y de los los dos consejeros natos. El cuarto Vocal de la UPF dio su voto a la Ilma. Sra. Dña. Virna Alonso Fernández, Fiscal de la Fiscalía provincial de Madrid.

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El Estado de Derecho y las garantías del proceso penal en España son indiscutibles a día de hoy. Por Luis Anguita.

La independencia judicial es la base de un Estado de Derecho y de un proceso penal garantista, donde no haya otra dependencia que al imperio de la Ley.

Un Estado de Derecho debe de tener su límite en la Ley, siendo la Constitución la norma fundamental, que garantice los derechos fundamentales e impida, mediante el control de la constitucionalidad de la norma, leyes que puedan ser contrarias a la Constitución.

La independencia judicial se recoge en varios artículos de nuestra Carta Magna, como el artículo 117, cuando establece:

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El momento del Supremo. Por Álvaro Redondo Hermida.

El comienzo del juicio oral, en relación con los acontecimientos de Barcelona transcurridos en octubre de 2017, representa un momento distinto y remarcable dentro de la larga trayectoria de nuestro más alto tribunal. Creado por la Constitución de Cádiz de 1812, que lo llamó Supremo Tribunal de Justicia, denominación que conserva en países iberoamericanos, tenía por objeto conocer de recursos y juzgar a ministros y magistrados. Dos siglos han pasado, durante los cuales fue ampliando sus competencias, para convertirse en piedra angular de nuestro sistema. Sin embargo, es importante observar que la Constitución gaditana creó el Tribunal Supremo para juzgar delitos cometidos por determinadas personas, y no sólo para revisar sentencias de otras cortes.

La plural integración del Tribunal Supremo asegura una amplia visión del Derecho. Algunos de sus miembros son jueces de carrera, otros vienen seleccionados entre profesores de Universidad, fiscales y jurisconsultos de procedencias diversas. El prestigio de sus resoluciones ha hecho palidecer los ensayos académicos, tan importantes en otros países que incluso se citan directamente en los tribunales, como fuente complementaria del Derecho. Las sentencias del Tribunal Supremo de España constituyen el eje nuclear de nuestra doctrina jurídica, y la mayor parte de los autores procuran sostener sus postulados con pronunciamientos del Alto Tribunal, sin cuyo apoyo quedan huérfanos de aceptación. En muchas ocasiones, los escritos de acusación y defensa sólo contienen referencias a la ley y sentencias del Supremo, mediante las cuales se alcanza el necesario peso doctrinal.

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El fiscal ante el juicio del “procés”: Transparencia y defensa de la legalidad.

A pocas fechas del inicio del Juicio Oral en el conocido caso del “procés”, los representantes del Ministerio Fiscal se disponen a defender una calificación jurídica provisional de los hechos que ha dado lugar a un amplio debate tanto en el mundo doctrinal como mediático, pues son múltiples los comentarios, artículos de prensa y coloquios que la misma ha suscitado.

Quizás nunca antes un escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público fue objeto de tanto tratamiento, y, desde ámbitos bien dispares, pues muchos se han aventurado a opinar sobre dicha cuestión y, en muchas ocasiones, de modo categórico.

Parece evanescerse así la enorme complejidad técnica que encierra un trabajo de esta envergadura y naturaleza.

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