La Asociación de Fiscales propone unificar la formación de ambos cuerpos ya que comparten temario y oposición.

Viernes, 15 de enero. La Asociación mayoritaria de fiscales denuncia que “es injusto que la formación inicial de jueces y fiscales sea diferente”. Por ello, la Asociación de Fiscales propone unificar la formación de ambos cuerpos ya que comparten temario y oposición ya que “es anómalo que los jueces cuenten con una formación práctica y teórica durante dos años mientras que los fiscales tenemos una escueta formación inicial” – ha denunciado la Presidenta de la AF.

“Los jueces, a través de su Escuela Judicial, han conseguido un convenio para que su formación pueda equipararse a la de un Máster de formación jurídico judicial. Sin embargo, los fiscales no tienen ninguna formación que se equipare a un Máster”- apunta Cristina Dexeus y añade “nuestra formación es tan limitada respecto a la de nuestros compañeros que no se puede comparar”.

Por ello “reclamamos una escuela única para fiscales y jueces”- ha añadido Dexeus. Asimismo la Presidenta de la AF también propone “una única escuela para fiscales que dependa únicamente de la Fiscalía General del Estado, o de un organismo independiente que dependa de ella, con autonomía presupuestaria para tener capacidad de gestionar la formación y que no dependa del Ministerio de Justicia” – ha concluido Cristina Dexeus.

Si bien desde hace ya más de doce años que ingresé en la Carrera Fiscal vengo escuchando que la investigación del proceso penal debe corresponder al Ministerio Fiscal con la creación de un Juez de Garantías, reservando para el resto de Jueces en la jurisdicción penal la labor que les es netamente propia, esto es; la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, habiendo presenciado en este tiempo diferentes intentos de aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta línea, lo cierto es que ninguna reforma legislativa a este respecto ha llegado a buen puerto. Sin embargo, el actual Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal apunta maneras de venir para quedarse, pues parece que hay voluntad política para ello y las necesarias mayorías parlamentarias para su aprobación.

Desde el año 2000 el Fiscal es el instructor en los procesos penales, cuando el responsable de los hechos es un menor. En dicho sector del Derecho, se ha evidenciado el éxito de la transferencia de funciones investigadoras, desde el juez de menores al fiscal de menores, estando tan asumida tal situación que nadie se plantea su reforma.

Sin embargo, y como una anomalía en el concierto de las naciones de nuestro entorno, la investigación de los delitos cometidos por adultos todavía se encomienda a un juez, no obstante la previsión constitucional, que faculta a los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado, así como prestar la garantía de algún derecho. La actual realidad jurídica de nuestro sistema, que sustrae al Ministerio Público el cumplimiento pleno de su función de promover la justicia, no obstante contar para ello con facultades de investigación y la policía judicial, parece que podría enmendarse, en virtud de una anunciada reforma de la legislación.