El pasado día 2 de julio se publicó, por diversos medios de comunicación, que el Tribunal Supremo había remitido a Fiscalía un total de 36 denuncias y 15 querellas formuladas desde la declaración del Estado de alarma contra diferentes miembros del Gobierno en relación con la gestión de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, a fin de recabar informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto.

Ninguna duda albergamos sobre la obligatoria y necesaria abstención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado en los asuntos sobre los que ahora se recaba el parecer del Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 351 LOPJ. Está en juego la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal en asuntos de enorme trascendencia y de constante repercusión mediática.

Resulta, pues, evidente que la Sra. Fiscal General del Estado no podrá intervenir en ninguno de los procedimientos trasladados y que por ello no podrá desarrollar las funciones que le son propias y que se derivan del EOMF, debiendo ser sustituida en todas ellas por el Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Los recientes ataques contra monumentos históricos, algunos impulsados por enemigos de España y su presencia universal, responden a una tentación recurrente, la de imponer las ideas propias, sin respetar el pensamiento ajeno. Es una tendencia paralela a la intención de construir la historia, en lugar de dejar su descripción, valoración y crítica al espíritu libre de los ciudadanos.

Resulta difícil superar la tentación de imponer las ideas propias, cuando se actúa desde las instituciones. Montesquieu ya se dio cuenta: quien tiene algún poder, tiende a conservarlo, quien lo tiene en grado sumo se niega a compartirlo, quien es un mandatario se cree un mandarín.
Hay un poder especialmente irritante para quien manda: el poder judicial. Su notable independencia, su capacidad de pronunciar palabras de ley, su carencia de jefes, aunque tenga superiores, su intensa facultad de resolver, sin recibir nunca órdenes. Son cualidades del juez, que ponen nervioso a quien no tolera la réplica, ni está dispuesto a reconocer el propio error, ni las propias limitaciones. Paradójicamente, el tan incómodo poder judicial es débil, dependiente económicamente, exigente laboralmente, severo éticamente.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en la pasada sesión del Pleno del Consejo Fiscal del jueves 25 de junio de 2020 y que volvió a realizarse -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- con parte de sus miembros por videoconferencia.

Destaca del pleno la introducción de nuevos parámetros en el baremo de la productividad o la modificación de alguno de los ya existentes que resultaron todos ellos aprobados con la oposición expresa de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

1. EG 126/2020. COBERTURA DEL CARGO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL MINISTERIO FISCAL

Los Vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro voto a la Ilma. Sra. Dña. Elena Agüero Ramón-Llin, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, en atención al trabajo que ha desarrollado como delegada de protección de datos en aquella Fiscalía, su currículum y formación en la materia y el proyecto presentado para desarrollar un adecuado sistema de protección de datos en todo el territorio nacional.

No obstante, los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales reconocimos la labor realizada por el Ilmo. Sr. D. Agustín Hidalgo Jiménez desde la Inspección Fiscal, quien resultó finalmente propuesto con el resto de los apoyos del Consejo Fiscal. Sus méritos para ocupar tal plaza son evidentes, pero los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales reiteramos -como ya hicimos en el momento de informar la Instrucción sobre el Delegado de Protección de Datos que esta figura debe quedar al margen de las funciones propias de la Inspección Fiscal y, por tanto, de cualquiera de sus miembros para evitar posibles disfunciones en lo que debe ser el recto y cabal proceder de la Inspección Fiscal. Por otra parte, tuvimos igualmente en cuenta que el volumen importante de trabajo que supondrá el ejercicio de este cargo ha de afectar al desarrollo normal de la actividad del Fiscal que resulte nombrado y ello debe corregirse mediante la oportuna compensación con el resto de la plantilla, algo que es más factible en la Fiscalía Provincial de Madrid que en la Inspección Fiscal por lo corta de su plantilla.

2. EG 431/2019. INFORME SOBRE EL BAREMO DE PRODUCTIVIDAD Y POSIBLE MODIFICACIÓN

En este punto, todos los miembros del Consejo Fiscal estuvimos conformes en abordar durante el segundo semestre de este año un estudio a fondo para la revisión global del sistema de productividad. De hecho, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales hace ya tiempo que presentó en la Fiscalía General del Estado un ambicioso proyecto que cambia radicalmente el concepto y la distribución del complemento en tres tramos con el fin de que llegue a la totalidad de las plantillas en mayor o menor medida.