Sobre la regulación normativa del impuesto establecida en el artículo 19 d) de la ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que permite la deducción de:

Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.

Y su desarrollo reglamentario contenido en el artículo 10 del Reglamento del Real Decreto 439/2007 del IRPF, que determina el límite máximo de deducción en 500 euros, se ha generado una práctica administrativa dispersa y una jurisprudencia oscilante de la que cabe extraer las siguientes líneas generales (SSTC152/2008 y 96/2009):

1. Las cuotas de afiliación satisfechas a asociaciones profesionales de funcionarios son equiparables a las cuotas satisfechas a organizaciones sindicales cuando se den los siguientes requisitos:

• a) Que en los estatutos de la asociación conste de forma expresa la defensa de los derechos profesionales colectivos de los funcionarios afiliados.
• b) Que se pueda acreditar el ejercicio efectivo de esta función de defensa colectiva de derechos e intereses profesionales.

La respuesta inicial de la Administración Tributaria suele ser la de rechazar las deducciones que no se dirijan a colegios profesionales o sindicatos formalmente constituidos como tales, por lo que suele ser necesario acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos, se declare judicialmente el derecho a la subvención.

Para recurrir a la jurisdicción contenciosa es necesaria la existencia de un acto administrativo previo y concreto de denegación, frente al que debería recurrir el afectado.

Comisión Ejecutiva de la AF

Queridos compañeros

Os informamos que el pasado 23 de septiembre de 2021 se notificó el Auto de 14 de septiembre de 2021 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 en el que se declara que la condena al Ministerio de Justicia para el pago de las diferencias del complemento de destino por desempeñar funciones de segunda categoría a los Abogados Fiscales y Fiscales que ocupan plaza de tercera categoría, no supone una condena a futuro, por lo que el Ministerio sólo ha de abonar las diferencias retributivas hasta el día en que se dictó el correspondiente auto estimatorio de la extensión de efectos.

El Auto es irrecurrible en apelación. El Ministerio había suspendido el pago de las indemnizaciones desde el mes de mayo, en que se planteó esta cuestión; una vez aclarada definitivamente, es de suponer que reanudarán los pagos de los autos estimatorios y firmes de forma inmediata.

La vía para solicitar el pago de la diferencia de complemento de destino para los Abogados Fiscales y Fiscales en plaza de tercera que sigan desempeñando funciones de segunda categoría, es instar una nueva extensión de efectos a partir del mes siguiente al que cubra el pago del Auto estimatorio inicial. Para ello tenemos que esperar que ganen firmeza dos sentencias favorables que lo harán en los próximos días. Cuando una de ellas adquiera firmeza se comunicará por esta vía para que los interesados puedan solicitar, en el plazo de un año, una nueva extensión de efectos partiendo del mes siguiente al último que hayan cobrado.

Os recordamos los datos de nuestro letrado

Javier Sánchez Sánchez    E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    tfno.: 91 576 76 45

Madrid, 4 de octubre de 2021

Comisión Ejecutiva de la AF

“La búsqueda de la verdad corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones”

Los Vocales electos de la AF presentan un voto particular ante el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

Domingo 2 de mayo. “La búsqueda de la verdad corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones” afirman los vocales de la lista de la AF. Esta semana en el Consejo Fiscal se ha debatido el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Los Vocales de la Asociación de Fiscales han presentado un voto particular “en el que realizan un estudio técnico-jurídico y doctrinal del Anteproyecto tratando aspectos que no se valoran ni en el Anteproyecto ni en el informe elaborado por la Secretaría Técnica de la FGE como el concepto de Justicia transicional, el principio de legalidad y de seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley penal desfavorable o a la aplicación de los tratados internacionales” afirma la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

La AF y los cinco vocales consideran “un derecho y una necesidad” conocer la verdad pero que “debe hacerse a través de la Administración General del Estado, que es quien debe realizar todos los esfuerzos necesarios a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas especialmente historiadores, ajenos al marco de la investigación penal”. Por ello, y en esta línea la Asociación Mayoritaria de Fiscales no considera “adecuada” ni “necesaria” la creación de una Fiscalía de Sala. La Asociación de Fiscales pone el acento en que la redacción del Anteproyecto es “confusa, calculadamente ambigua y contradictoria”.

Los vocales afirman que “debe de ser rechazada por dos razones: por dar falsas expectativas a asociaciones y familiares de víctimas; y porque facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal” – ha concluido la Presidenta de la AF.