Es bueno recordar que en nuestra propia Constitución se establece, en su artículo 124, de manera clara y terminante, que el Ministerio Fiscal tiene como función promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Se establece asimismo en nuestra Carta Magna que el fiscal, en el ejercicio de su profesión, actuará bajo los principios de legalidad y de independencia jerárquica. Ante las declaraciones realizadas ayer, en un medio de comunicación, por el presidente del Gobierno en funciones, sobre que la fiscalía depende del Gobierno, hay que dejar muy claro que la fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno del Estado español.

Nuestros tribunales deben abandonar su carácter adusto, frío y distante cuando tienen delante, como protagonista, a una persona con discapacidad. Sólo la empatía, la calidez y el abrazo de sus dificultades acercarán la Justicia a la misma.

La intervención del fiscal es, sin duda, preeminente en el ámbito del proceso penal. Es una pieza esencial del mismo, imprescindible. En este marco, la progresiva especialización del fiscal resulta forzosa para una lucha eficaz contra las tradicionales y las nuevas formas delictivas que se dibujan en el paisaje criminal.

Sin embargo, algunos fiscales tenemos la fortuna de descubrir, por elección o por decisión de quien dirige una Fiscalía, que hay un vasto campo ajeno a nuestra tradicional y más conocida función en la jurisdicción penal y que cumple con otra función social importante. Esta función tiene un protagonista muy especial por su condición, y por su frágil posición en la sociedad: la persona con discapacidad.

La fiscal Marta Valcarce López acaba de ser nombrada  decana-delegada de Menores en Sevilla, que aglutinará las competencias de Protección de Menores y Reforma. Especializada desde 1994 en menores de edad, en 2014 pasó a ser también fiscal delegada para Protección de las Víctimas en Sevilla. En esta entrevista afirma que mucha violencia familiar se debe a que los hijos han estado demasiado consentidos,  lamenta que toda la formación de los adolescentes en materia de sexo proceda de la pornografía y afirma que a veces se topan con “procedimientos burocráticos rígidos” de la Junta que dificultan su eficiencia.

— ¿Es suficiente la plantilla de la Fiscalía de Menores?

Ahora hay siete fiscales en Reforma y cinco en Protección. Antes éramos uno más en Reforma y funcionábamos mejor, pero comprendo que la Fiscalía de Sevilla no ha tenido aumento de plantilla desde hace bastante tiempo y todos los compañeros tienen una gran carga de trabajo.