Rosalina Moreno | 09 Enero, 2020

La Asociación de Fiscales (AF) ha manifestado hoy su «rotunda disconformidad» con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial, al entender que «el actual sistema de acceso, por oposición, es el mejor de los posibles».

«Al ser el más objetivo y estar alejado de toda politización», ha señalado en un comunicado esta asociación después de que el acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos recoja entre las medidas para una «Justicia eficaz» (Punto 2.12), que el Ejecutivo modernizará el sistema de acceso común a las Carreras Judicial y Discal y que para ello se inspirará «en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes».

Es bueno recordar que en nuestra propia Constitución se establece, en su artículo 124, de manera clara y terminante, que el Ministerio Fiscal tiene como función promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Se establece asimismo en nuestra Carta Magna que el fiscal, en el ejercicio de su profesión, actuará bajo los principios de legalidad y de independencia jerárquica. Ante las declaraciones realizadas ayer, en un medio de comunicación, por el presidente del Gobierno en funciones, sobre que la fiscalía depende del Gobierno, hay que dejar muy claro que la fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno del Estado español.

Nuestros tribunales deben abandonar su carácter adusto, frío y distante cuando tienen delante, como protagonista, a una persona con discapacidad. Sólo la empatía, la calidez y el abrazo de sus dificultades acercarán la Justicia a la misma.

La intervención del fiscal es, sin duda, preeminente en el ámbito del proceso penal. Es una pieza esencial del mismo, imprescindible. En este marco, la progresiva especialización del fiscal resulta forzosa para una lucha eficaz contra las tradicionales y las nuevas formas delictivas que se dibujan en el paisaje criminal.

Sin embargo, algunos fiscales tenemos la fortuna de descubrir, por elección o por decisión de quien dirige una Fiscalía, que hay un vasto campo ajeno a nuestra tradicional y más conocida función en la jurisdicción penal y que cumple con otra función social importante. Esta función tiene un protagonista muy especial por su condición, y por su frágil posición en la sociedad: la persona con discapacidad.