Nuestros tribunales deben abandonar su carácter adusto, frío y distante cuando tienen delante, como protagonista, a una persona con discapacidad. Sólo la empatía, la calidez y el abrazo de sus dificultades acercarán la Justicia a la misma.

La intervención del fiscal es, sin duda, preeminente en el ámbito del proceso penal. Es una pieza esencial del mismo, imprescindible. En este marco, la progresiva especialización del fiscal resulta forzosa para una lucha eficaz contra las tradicionales y las nuevas formas delictivas que se dibujan en el paisaje criminal.

Sin embargo, algunos fiscales tenemos la fortuna de descubrir, por elección o por decisión de quien dirige una Fiscalía, que hay un vasto campo ajeno a nuestra tradicional y más conocida función en la jurisdicción penal y que cumple con otra función social importante. Esta función tiene un protagonista muy especial por su condición, y por su frágil posición en la sociedad: la persona con discapacidad.

La fiscal Marta Valcarce López acaba de ser nombrada  decana-delegada de Menores en Sevilla, que aglutinará las competencias de Protección de Menores y Reforma. Especializada desde 1994 en menores de edad, en 2014 pasó a ser también fiscal delegada para Protección de las Víctimas en Sevilla. En esta entrevista afirma que mucha violencia familiar se debe a que los hijos han estado demasiado consentidos,  lamenta que toda la formación de los adolescentes en materia de sexo proceda de la pornografía y afirma que a veces se topan con “procedimientos burocráticos rígidos” de la Junta que dificultan su eficiencia.

— ¿Es suficiente la plantilla de la Fiscalía de Menores?

Ahora hay siete fiscales en Reforma y cinco en Protección. Antes éramos uno más en Reforma y funcionábamos mejor, pero comprendo que la Fiscalía de Sevilla no ha tenido aumento de plantilla desde hace bastante tiempo y todos los compañeros tienen una gran carga de trabajo.

A pocas fechas del inicio del Juicio Oral en el conocido caso del “procés”, los representantes del Ministerio Fiscal se disponen a defender una calificación jurídica provisional de los hechos que ha dado lugar a un amplio debate tanto en el mundo doctrinal como mediático, pues son múltiples los comentarios, artículos de prensa y coloquios que la misma ha suscitado.

Quizás nunca antes un escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público fue objeto de tanto tratamiento, y, desde ámbitos bien dispares, pues muchos se han aventurado a opinar sobre dicha cuestión y, en muchas ocasiones, de modo categórico.

Parece evanescerse así la enorme complejidad técnica que encierra un trabajo de esta envergadura y naturaleza.