En los últimos días los españoles recibimos con cierta incredulidad noticias sobre distintas proposiciones de ley de reforma del Código Penal o enmiendas a las mismas. En principio, para los penalistas no debería ser noticia pues han sido innumerables las reformas del texto desde su publicación en 1995.

No obstante, el impacto viene cuando atendemos a los preceptos que se pretende modificar. Los distintos episodios de corrupción política vividos en las últimas décadas hacen que el ciudadano sea especialmente sensible con los tipos penales previstos para luchar contra la corrupción. Es el caso de la malversación de caudales públicos. Al encontrarse sujeta a múltiples tributos que graban casi todo lo que hace o posee, todo ello con el noble propósito de que el dinero recaudado sea destinado a un fin público, la distracción o apropiación de tales cantidades golpea directamente la sensibilidad de cualquier persona. De ahí que las noticias sobre modificaciones que impliquen rebajas punitivas para los malversadores generen una profunda preocupación social.