La Asociación de Fiscales pide un "plus de fidelización" por ejercer en Cataluña.

La presidenta de la AP cree que el déficit de fiscales "se cronifica y se acentúa" desde los últimos años, por lo que la asociación está reclamando al Gobierno un "complemento de desertización y fidelizacion" para favorecer que los miembros del ministerio público tengan interés en ejercer en Cataluña y afincarse en esta comunidad.

Ese plus que reclama la AP, detalla Cristina Dexeus, sería equivalente al que cobran los fiscales destinados al País Vasco -complemento que han mantenido tras el final de ETA-, a Ceuta, Melilla o Canarias, por "circunstancias determinadas, como la lejanía o una cierta ubicación".

Otra de las reivindicaciones de Dexeus -que rechaza el apelativo de conservadora a la Asociación de Fiscales, "impuesto por otros", y defiende que se trata de una entidad "plural"- es acabar con la ley que limita los plazos para la instrucción de las causas judiciales y que deja su control en manos del ministerio público.

Aparte de la brevedad de esos plazos -seis meses prorrogables- Cristina Dexeus considera "el colmo del despropósito el sistema actual, en el que el control de los mismos depende del fiscal cuando éste no tiene el dominio de la instrucción".

Según la presidenta de la AP, la limitación de la duración de las investigaciones tiene sentido como complemento al proyecto que desde hace años esboza el Ministerio de Justicia, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, para conferir a la Fiscalía la dirección de la instrucción de las causas judiciales.

Sin embargo, advierte Dexeus, ese plan en el que se ha trabajado durante años ha acabado siempre aparcado por la resistencia de los jueces a dejar la instrucción de las causas pero también por los "recelos" que la Fiscalía provoca en los propios políticos: "nos quieren y nos odian al mismo tiempo, a partes iguales".

"Si supieran que pueden meter mano en la Fiscalía General del Estado y que fuéramos dependientes del ejecutivo, seguro que ya nos habrían entregado la instrucción", apunta la presidenta de la AP, mayoritaria en el sector y que agrupa a más de 500 profesionales.

De hecho, uno de los principales objetivos de la Asociación de Fiscales es "cortar el cordón umbilical" con el Ministerio de Justicia, para lo que cree que es imprescindible lograr "autonomía presupuestaria y de gestión", así como modificar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, de forma que sus años de mandato no coincidan con los del Gobierno de turno.

"Hay que estudiar fórmulas para mejorar la visualización de esa separación", señala Cristina Dexeus, que cree que es "evidente" que el ministerio público no es "dependiente" del Gobierno, pese a "los posicionamientos de muchos políticos que arrojan toda la duda" sobre la institución.

Para la fiscal, el "caso procés" ha sido la prueba de la autonomía con que actúa el ministerio público: los fiscales del Tribunal Supremo han resistido la "presión ambiental" y han mantenido el criterio que adoptaron desde el inicio, a diferencia de la Abogacía del Estado, que ha obrado al dictado del Gobierno.

En opinión de Dexeus, "para los procesados -en el Supremo-, somos el poder del Gobierno reencarnado en toga, pero es evidente que no tenemos esa dependencia".

La fiscal rechaza las afirmaciones de que el juicio del "procés" no ha sido imparcial y sostiene que los procesados "han podido hablar y defenderse, con una exquisitez de trato por parte del presidente del tribunal y un respeto tremendo al derecho de defensa".

Ante el juicio del "procés", Dexeus ha llamado a ser "objetivos" y ha destacado que se ha celebrado porque "había unas personas, en este caso políticos, que han mantenido conductas que tienen una trascendencia jurídico-penal. Son políticos, pero se tienen que someter a las reglas, como todo hijo de vecino", ha zanjado. EFE

Barcelona, 22 jun (EFE)