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La Asociación de Fiscales (AF) insta al Ministerio de Justicia a regular un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «que lo blinde de toda injerencia política», que se dote de autonomía presupuestaria a la Fiscalía, «como tiene el Consejo General del Poder Judicial», y le atribuya capacidad de gestión y de reglamentación para alejar así a la Carrera Fiscal de la «tutela» del Ministerio.
Así lo reivindica la asociación mayoritaria de fiscales «como requisito indispensable para la atribución al fiscal de la investigación penal» que recoge el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El Consejo Fiscal aprobó ayer por unanimidad el informe al anteproyecto de la LECrim y pide algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías, «en la misma línea que planteaba la Asociación de Fiscales en su informe presentado al Ministerio de Justicia el pasado mes de abril en trámite de alegaciones», indica Dexeus.
Ayer se celebró la reunión convocada por el Ministerio de Justicia con las Asociaciones Judiciales y Fiscales.
Por el Ministerio de Justicia han asistido la Ministra, el Secretario General, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Directora de Modernización y asesores del MJ. Por las AAJJ y AAFF hemos asistido APM, JJpD, FJI, AF y UPF.
Ha comenzado con la intervención de la Ministra, cuya presencia no está inicialmente prevista y que, que tras dar agradecer la asistencia y señalar que ha habido un problema de comunicación por parte del MJ, ha invitado a los representantes de las Asociaciones a concretar los motivos de la convocatoria de huelga.
Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
Así dice literalmente el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
Con esta elegante expresión, la Asamblea Nacional francesa estableció las condiciones para que los derechos proclamados fuesen efectivos, se asentase el estado de derecho y la democracia constituyese la forma esencial para su gobierno.