Sra. Fiscal General del Estado

Nos dirigimos a V. E. y a toda la carrera a fin de poner de manifiesto nuestra preocupación por la situación que estamos padeciendo y, a la vez, nuestro empeño en proponer medidas que ayuden a realizar una reincorporación paulatina, progresiva, ordenada, de forma racional y sensata, teniendo como preocupación esencial la salud de los fiscales, de los funcionarios de fiscalía, así como la de los restantes integrantes de la administración de justicia y de sus usuarios en evitación de situaciones de riesgo que puedan poner en peligro nuestra salud y generar riesgo de nueva ola de contagios en tanto la situación sanitaria no esté completamente resuelta.

Las medidas a adoptar deberán, además, ser consensuadas necesariamente con las demás instituciones implicadas.

EXCMA. SRA

Los vocales electivos por la Asociación de Fiscales, ante la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia con motivo de la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19, deseamos hacer partícipe a V.E. de nuestra preocupación, que sabemos es compartida. Nos consta la recepción por la Fiscalía General de Estado de una razonada propuesta efectuada por la AF, que compartimos por su realismo, moderación y acierto, pero no podemos dejar de constatar tres cuestiones que nos preocupan especialmente:

1. La imperiosa necesidad de que cualquier medida organizativa o de otra índole que se adopte por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como por los concretos órganos jurisdiccionales, cuenten con la intervención del Ministerio Fiscal y se adopten previa coordinación con la Fiscalía General del Estado y, en su caso, con las Fiscalías territoriales, con atención a las concretas peculiaridades que presenta el ejercicio de nuestra función con los medios disponibles.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

A la Att. Excma. Sra. Doña

MARIA JOSÉ SEGARRA CRESPO

Fiscal General del Estado

Fortuny, 4

28.010 MADRID

Madrid, 6 de junio de 2.019

Excma. Sra.,

Dado el tiempo transcurrido desde la remisión de la anterior comunicación de 5 de febrero de 2.019, en relación a su vez a la anterior comunicación dirigida a la Excelentísima Señora Ministra de Justicia de 13 de septiembre de 2.018, sin que hasta el día de hoy hayamos tenido respuesta alguna, interesamos, de nuevo, una respuesta a la mayor brevedad posible, dada la enorme trascendencia que la referida solicitud tiene en cuanto a la recuperación de derechos profesionales por la Carrera Fiscal.

Asimismo, ampliando la comunicación anterior, queremos poner en conocimiento de la Excelentísima Fiscal General del Estado, hechos que ya están teniendo trascendencia en la Carrera Fiscal, como es que se reconozcan tan sólo cuatro semanas de permiso de paternidad, no habiendo llevado a cabo una aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 373.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la previsión que este precepto contiene para el testo de los funcionarios del Estado, donde se reconoce actualmente una licencia de paternidad de ocho semanas mientras que a la Carrera Fiscal en la actualidad únicamente el Ministerio está reconociendo cinco semanas. Asimismo, se pone en conocimiento el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial por Acuerdo de 30 de mayo de 2.019, publicado en el BOE de 6 de junio de 2.019, ya ha procedido a adaptar para Jueces y Magistrados la duración del permiso de paternidad, con la intolerable discriminación que ello supone para nuestra Carrera.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Comisión Ejecutiva de la A.F.

En las últimas fechas viene siendo más frecuente de lo habitual leer y escuchar declaraciones de políticos de uno y otro signo en las que se insta al Gobierno de la Nación a dirigir la actuación del Ministerio Fiscal (MF), especialmente en procesos donde están comprometidos relevantes y mediáticos intereses.

También ha sido una constante en esas mismas declaraciones deslizar sospechas de actuaciones desviadas de la legalidad vinculadas a indicaciones procedentes del entorno del poder ejecutivo.