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El fiscal y la ley. Por Luis Anguita.

Es bueno recordar que en nuestra propia Constitución se establece, en su artículo 124, de manera clara y terminante, que el Ministerio Fiscal tiene como función promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Se establece asimismo en nuestra Carta Magna que el fiscal, en el ejercicio de su profesión, actuará bajo los principios de legalidad y de independencia jerárquica. Ante las declaraciones realizadas ayer, en un medio de comunicación, por el presidente del Gobierno en funciones, sobre que la fiscalía depende del Gobierno, hay que dejar muy claro que la fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno del Estado español.

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La igualdad ante la ley en el cumplimiento de las penas. Por María de la Cinta López.

Cuarenta años después de publicarse la Constitución Española, una sensación generalizada de desánimo y desconfianza hacia las instituciones ha ido calando entre la población y ha arraigado en amplios sectores sociales. La crisis económica y numerosos casos de corrupción política tanto en el ámbito nacional, autonómico o local (Gürtel, Pokemon, EREs, 3%) han generado el desprestigio de la clase política a la que se identifica con corrupción o utilización de sus respectivos cargos con fines espúreos alcanzando dicho desprestigio también a otras instituciones.

De este desgaste tampoco se libra la Administración de Justicia ni el Ministerio Fiscal achacándoseles ser más diligentes en la persecución y castigo del ciudadano corriente que de los delitos cometidos por lo que se llama «la casta»: ricos, famosos y políticos. Ni siquiera las numerosas condenas (casos ITV, delitos fiscales cometidos por futbolistas o cantantes, tarjetas Blak...) consiguen cambiar la opinión pública sobre el buen hacer de la Justicia extendiéndose la idea de que la impunidad persiste pues o no se devuelve el dinero malversado o apropiado, no se ingresa en prisión por suspenderse la ejecución de las penas o se goza de beneficios penitenciarios de los que no disfrutan el resto de ciudadanos.

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