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Comunicado de la Comisión Ejecutiva de la A.F. ante las manifestaciones efectuadas sobre la aplicación de la Ley de garantías y de integridad sexual.
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Conforme a lo dispuesto tanto en la Exposición de Motivos del Anteproyecto como en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña a la misma, si bien esta es posterior a la aprobación del Anteproyecto en Consejo de Ministros (esta se produjo el 18/9/2020, y la memoria se presentó el 10/11/2020), con la nueva norma se pretende dar acogida a las recomendaciones que a España se han hecho desde diferentes organismos internacionales. Se refieren así a los informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias ONU de 2/7/2014 y del Relator Especial ONU para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición...
Los Vocales electos de la AF presentan un voto particular ante el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
Domingo 2 de mayo. “La búsqueda de la verdad corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones” afirman los vocales de la lista de la AF. Esta semana en el Consejo Fiscal se ha debatido el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Los Vocales de la Asociación de Fiscales han presentado un voto particular “en el que realizan un estudio técnico-jurídico y doctrinal del Anteproyecto tratando aspectos que no se valoran ni en el Anteproyecto ni en el informe elaborado por la Secretaría Técnica de la FGE como el concepto de Justicia transicional, el principio de legalidad y de seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley penal desfavorable o a la aplicación de los tratados internacionales” afirma la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
La AF y los cinco vocales consideran “un derecho y una necesidad” conocer la verdad pero que “debe hacerse a través de la Administración General del Estado, que es quien debe realizar todos los esfuerzos necesarios a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas especialmente historiadores, ajenos al marco de la investigación penal”. Por ello, y en esta línea la Asociación Mayoritaria de Fiscales no considera “adecuada” ni “necesaria” la creación de una Fiscalía de Sala. La Asociación de Fiscales pone el acento en que la redacción del Anteproyecto es “confusa, calculadamente ambigua y contradictoria”.
Los vocales afirman que “debe de ser rechazada por dos razones: por dar falsas expectativas a asociaciones y familiares de víctimas; y porque facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal” – ha concluido la Presidenta de la AF.
Los vocales electivos del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, tras analizar el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, quieren poner de manifiesto:
1º) La sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial.
2º) La redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, en este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria.
3º) Las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento. La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación.
Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal:
En Madrid, a 29 de abril de 2021
La Asociación de Fiscales, dentro del plazo fijado por el Ministerio de Justicia, formula las siguientes alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. En este documento las puede ver todas:
Es bueno recordar que en nuestra propia Constitución se establece, en su artículo 124, de manera clara y terminante, que el Ministerio Fiscal tiene como función promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Se establece asimismo en nuestra Carta Magna que el fiscal, en el ejercicio de su profesión, actuará bajo los principios de legalidad y de independencia jerárquica. Ante las declaraciones realizadas ayer, en un medio de comunicación, por el presidente del Gobierno en funciones, sobre que la fiscalía depende del Gobierno, hay que dejar muy claro que la fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno del Estado español.
Cuarenta años después de publicarse la Constitución Española, una sensación generalizada de desánimo y desconfianza hacia las instituciones ha ido calando entre la población y ha arraigado en amplios sectores sociales. La crisis económica y numerosos casos de corrupción política tanto en el ámbito nacional, autonómico o local (Gürtel, Pokemon, EREs, 3%) han generado el desprestigio de la clase política a la que se identifica con corrupción o utilización de sus respectivos cargos con fines espúreos alcanzando dicho desprestigio también a otras instituciones.
De este desgaste tampoco se libra la Administración de Justicia ni el Ministerio Fiscal achacándoseles ser más diligentes en la persecución y castigo del ciudadano corriente que de los delitos cometidos por lo que se llama «la casta»: ricos, famosos y políticos. Ni siquiera las numerosas condenas (casos ITV, delitos fiscales cometidos por futbolistas o cantantes, tarjetas Blak...) consiguen cambiar la opinión pública sobre el buen hacer de la Justicia extendiéndose la idea de que la impunidad persiste pues o no se devuelve el dinero malversado o apropiado, no se ingresa en prisión por suspenderse la ejecución de las penas o se goza de beneficios penitenciarios de los que no disfrutan el resto de ciudadanos.