Asociación de Fiscales Asociación de Fiscales

Noviembre 2020

Carta A/A Excmo. Ministro de Justicia.

El colectivo de fiscales carece a día de hoy de un plan específico y propio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud en clara vulneración del mandato constitucional recogido en la Constitución Española y desarrollado en la Ley 31/1995.

El artículo 40.2 de la CE encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla el anterior mandato constitucional y la política de protección de la salud de los trabajadores en general y en particular, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, estableciendo el conjunto de garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, de un modo coherente, coordinado y eficaz de prevención de los riesgos laborales plenamente aplicable a los fiscales pues cuando
alude a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios.

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Carta A/A Excmo. Ministro de Justicia.

El colectivo de fiscales carece a día de hoy de un plan específico y propio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud en clara vulneración del mandato constitucional recogido en la Constitución Española y desarrollado en la Ley 31/1995.

El artículo 40.2 de la CE encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla el anterior mandato constitucional y la política de protección de la salud de los trabajadores en general y en particular, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, estableciendo el conjunto de garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, de un modo coherente, coordinado y eficaz de prevención de los riesgos laborales plenamente aplicable a los fiscales pues cuando
alude a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios.

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Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales del Consejo Fiscal, 27 de octubre de 2020 (continuado el 30 de octubre).

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado el día 27 de octubre de 2020, que tuvo que continuar el 30 de octubre, y en el que varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- volvieron a participar por videoconferencia.

En este pleno continuamos la labor emprendida en el del mes de julio de elaboración y votación de los informes a las propuestas de nombramientos discrecionales que ha de hacer la Fiscal General del Estado para cubrir el gran número de plazas que hay vacantes en la actualidad o cuyo titular ha agotado ya el plazo estatutario de los cinco años.

Llamamos vuestra atención sobre el hecho de que -siguiendo la línea ya iniciada en el mencionado pleno del mes de julio- la Fiscal General del Estado ha realizado el mayor número de propuestas de acuerdo con los votos emitidos por los Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales. En esta ocasión, además, en los tres casos en que la Fiscal General ha decidido la promoción a la primera categoría lo ha sido para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de candidatos miembros de la Unión Progresista de Fiscales.

1 COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SECCIÓN SOCIAL)

La Fiscal General del Estado anunció el nombramiento en comisión de servicios en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Torres Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga y en situación de comisión de servicios desde hace ya cuatro años en aquel lugar, con el apoyo de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales, de tres de los cuatro Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y de los dos miembros natos.

Uno de los Vocales de la lista de la UPF dio su voto a D. Francisco Javier García Lacunza, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

2 PROPUESTA NOMBRAMIENTO CONCURSO PLAZAS DISCRECIONALES (ORDEN JUS/922/2020, de 24 de septiembre. BOE de 1 de octubre)

En este apartado continuamos -como os decíamos al principio de este comunicado- el abordaje de los informes para la cobertura de las numerosas plazas discrecionales pendientes que comenzamos el mes de julio. Queremos dejar constancia -y nos congratulamos por ello- de la enorme calidad de la mayor parte de los peticionarios, como lo demuestran sus currículos y, fundamentalmente, sus ambiciosos y completos programas de actuación. Sin duda, ello nos genera grandes dificultades a la hora de decidir nuestros apoyos, pero, a la vez, nos confirma la grandeza de nuestra Carrera.

2.1 Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal de Sala Jefe Sección Penal (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo)

En esta propuesta se abstuvo de informar el Excmo. Sr. D. Luis Navajas Ramos, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

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Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales del Consejo Fiscal, 27 de octubre de 2020 (continuado el 30 de octubre).

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado el día 27 de octubre de 2020, que tuvo que continuar el 30 de octubre, y en el que varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- volvieron a participar por videoconferencia.

En este pleno continuamos la labor emprendida en el del mes de julio de elaboración y votación de los informes a las propuestas de nombramientos discrecionales que ha de hacer la Fiscal General del Estado para cubrir el gran número de plazas que hay vacantes en la actualidad o cuyo titular ha agotado ya el plazo estatutario de los cinco años.

Llamamos vuestra atención sobre el hecho de que -siguiendo la línea ya iniciada en el mencionado pleno del mes de julio- la Fiscal General del Estado ha realizado el mayor número de propuestas de acuerdo con los votos emitidos por los Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales. En esta ocasión, además, en los tres casos en que la Fiscal General ha decidido la promoción a la primera categoría lo ha sido para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de candidatos miembros de la Unión Progresista de Fiscales.

1 COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SECCIÓN SOCIAL)

La Fiscal General del Estado anunció el nombramiento en comisión de servicios en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Torres Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga y en situación de comisión de servicios desde hace ya cuatro años en aquel lugar, con el apoyo de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales, de tres de los cuatro Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y de los dos miembros natos.

Uno de los Vocales de la lista de la UPF dio su voto a D. Francisco Javier García Lacunza, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

2 PROPUESTA NOMBRAMIENTO CONCURSO PLAZAS DISCRECIONALES (ORDEN JUS/922/2020, de 24 de septiembre. BOE de 1 de octubre)

En este apartado continuamos -como os decíamos al principio de este comunicado- el abordaje de los informes para la cobertura de las numerosas plazas discrecionales pendientes que comenzamos el mes de julio. Queremos dejar constancia -y nos congratulamos por ello- de la enorme calidad de la mayor parte de los peticionarios, como lo demuestran sus currículos y, fundamentalmente, sus ambiciosos y completos programas de actuación. Sin duda, ello nos genera grandes dificultades a la hora de decidir nuestros apoyos, pero, a la vez, nos confirma la grandeza de nuestra Carrera.

2.1 Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal de Sala Jefe Sección Penal (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo)

En esta propuesta se abstuvo de informar el Excmo. Sr. D. Luis Navajas Ramos, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

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Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales, Pleno del Consejo Fiscal, 22 Y 23 de 2020 (continuado el 22 de octubre).

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último pleno del Consejo Fiscal que, convocado para los días 22 y 23 de septiembre, tuvo que continuar el 22 de octubre al quedar suspendida la sesión del día 23 por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Como en ocasiones anteriores, varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas precisamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia. A este pleno no asistió el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

El punto fundamental del orden del día fue el relativo a la aprobación por unanimidad del denominado Código Deontológico de la Carrera Fiscal -con lo que se da cumplimiento a la Recomendación del GRECO sobre la necesidad de un código de conducta para Fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con una orientación dedicada a los conflictos de intereses y otros asuntos relativos a la integridad.

Recordaréis que la precipitada suspensión de la sesión celebrada en la mañana del día 23 de septiembre nos impidió plantear a la Fiscal General en el apartado de ruegos y preguntas (al que no se había llegado aún en el transcurso de la reunión) una cuestión que entendíamos de especial trascendencia por su relevancia para la Institución y para la Carrera y motivo de honda preocupación para los Fiscales. Por tal razón, al finalizar la sesión, nos dirigimos a la Fiscal General por escrito con las siguientes preguntas:

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Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales, Pleno del Consejo Fiscal, 22 Y 23 de 2020 (continuado el 22 de octubre).

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último pleno del Consejo Fiscal que, convocado para los días 22 y 23 de septiembre, tuvo que continuar el 22 de octubre al quedar suspendida la sesión del día 23 por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Como en ocasiones anteriores, varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas precisamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia. A este pleno no asistió el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

El punto fundamental del orden del día fue el relativo a la aprobación por unanimidad del denominado Código Deontológico de la Carrera Fiscal -con lo que se da cumplimiento a la Recomendación del GRECO sobre la necesidad de un código de conducta para Fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con una orientación dedicada a los conflictos de intereses y otros asuntos relativos a la integridad.

Recordaréis que la precipitada suspensión de la sesión celebrada en la mañana del día 23 de septiembre nos impidió plantear a la Fiscal General en el apartado de ruegos y preguntas (al que no se había llegado aún en el transcurso de la reunión) una cuestión que entendíamos de especial trascendencia por su relevancia para la Institución y para la Carrera y motivo de honda preocupación para los Fiscales. Por tal razón, al finalizar la sesión, nos dirigimos a la Fiscal General por escrito con las siguientes preguntas:

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La Asociación de Fiscales pide de nuevo una reunión con la Fiscal General del Estado para tomar medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales.

A LA EXCMA. SRA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excma. Sra.:

Tal como ya interesamos a su predecesora en el cargo en fecha 27 de noviembre de 2018, reiteramos nuestras peticiones en materia de prevención de riesgos laborales que, en la situación actual, con la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19, se hacen más necesarias aun siendo imprescindible que la Carrera Fiscal disponga de un plan de prevención de riesgos laborales y un listado de enfermedades laborales en la que además de otras se incluya como tal el Covid 19.

“Según el primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, encargado por el CGPJ en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. La carga de trabajo como factor de riesgo está más presente en las mujeres, en los jueces con menor antigüedad y en los Juzgados unipersonales. La Comisión Permanente señala que proteger la seguridad y salud de los jueces también es proteger a la sociedad, que se verá beneficiada de la calidad del servicio público prestado”

Compartiendo íntegramente la Asociación de Fiscales la anterior afirmación del informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, y considerando que dicha conclusión es también predicable de los miembros de la Carrera Fiscal, consideramos que la determinación de la carga de trabajo es una reivindicación absolutamente imprescindible y que ya no puede postergarse más, puesto que, no determinarla, constituye una injustificable omisión por parte de la FGE en el cuidado de la salud laboral de los miembros del Ministerio Fiscal.

Vemos con desazón como en la Carrera Judicial se establecieron hace ya mucho tiempo (Acuerdo de 3 de diciembre de 2003 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 2/2003) unos módulos para valorar la actividad judicial. Desde entonces nos encontramos con el absurdo de que, ante la misma carga de trabajo de un órgano servido por un fiscal, los jueces saben que laboriosidad se espera de ellos y que, en su caso, se distinguiría perfectamente que retraso es atribuible al juez y que retraso es atribuible al órgano por ser la entrada de asuntos superior al módulo máximo individual exigible de salida de trabajo; sin embargo en el caso del fiscal que despachara el papel de ese juzgado nos encontraríamos que todos los asuntos de entrada sin despachar que sufrieran retraso (pensemos en el art 324 o en plazos de prescripción) le podrían ser imputados a “su retraso en el despacho del papel”, sin tener en consideración ni los asuntos que efectivamente despacha o los servicios que cubre al no existir un módulo máximo de carga de trabajo.

Es indispensable, por tanto, que se determinen no solo los módulos máximos sino los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que cabe exigir a cada fiscal tanto a efectos disciplinarios, a efectos de retribuciones variables y, lo que es más importante, a efectos de protección de la salud laboral.

La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. establece en su Artículo 560. Apartado 21 que el CGPJ tiene las siguientes atribuciones: “21.ª Elaborar y aprobar, juntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.”

No se alcanza a entender el motivo por el que la FGE no asume la obligación paralela que le corresponde en esta materia con relación a los fiscales, manteniendo así el deseable, necesario y justo paralelismo con la Carrera Judicial. Forzosamente tal obligación comporta la valoración del rendimiento del fiscal (carga de salida), más allá de la carga de asuntos que pueda pesar sobre él debido a la distribución de trabajo que tenga asignada (carga de entrada). Solo así se podrá valorar la existencia o no de repartos injustos de trabajo, valorar que no existen retrasos que puedan dar lugar a sanciones y valorar aquellos lugares donde se hace más necesario la creación de nuevas plazas de fiscales, que tendrán que coincidir con los lugares donde los fiscales de plantilla alcancen el módulo máximo legalmente previsto, huyendo de caprichosas distribuciones de nuevas plazas no siempre bien justificadas. Parece insuficiente, aunque sea un primer paso, que a día de hoy la única actuación en esta materia sea la creación de la herramienta llamada “carga de trabajo” que aparece en la intranet del Ministerio Fiscal porque se trata de un estudio que valora la carga de trabajo de cada fiscalía, que puede tener su efectividad al efecto de determinar las necesidades de distribución y ampliación de plantilla, pero que no serviría para establecer un módulo individual máximo por fiscal, como reclamamos.

En paralelo a esta reivindicación profesional, consideramos también imprescindible crear ya sin demora en la FGE, no una comisión, sino un Servicio efectivo de Prevención de Riesgos Laborales, como ya existe en el CGPJ, que vele por la seguridad y salud de los fiscales mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a su entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo y que establezca un catálogo de las enfermedades profesionales derivadas del desarrollo que la función de fiscal puede acarrear.(estrés, ansiedad, depresión, problemas visuales o de espalda etc.).

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales solicita, por lo expuesto que, con la mayor celeridad que sea posible, se proceda a la determinación de un módulo máximo de las cargas de trabajo para los integrantes de la Carrera Fiscal, y a la creación del Servicio de prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Fiscal.

Así mismo reiterar la petición de reunión solicitada verbalmente por la presidenta de AF y reiterada por escrito de fecha 27 de octubre de 2020, para tratar las medidas de protección en relación con el Covid.

Sin otro particular,

En Madrid a 5 de noviembre de 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

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La Asociación de Fiscales pide de nuevo una reunión con la Fiscal General del Estado para tomar medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales.

A LA EXCMA. SRA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excma. Sra.:

Tal como ya interesamos a su predecesora en el cargo en fecha 27 de noviembre de 2018, reiteramos nuestras peticiones en materia de prevención de riesgos laborales que, en la situación actual, con la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19, se hacen más necesarias aun siendo imprescindible que la Carrera Fiscal disponga de un plan de prevención de riesgos laborales y un listado de enfermedades laborales en la que además de otras se incluya como tal el Covid 19.

“Según el primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, encargado por el CGPJ en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. La carga de trabajo como factor de riesgo está más presente en las mujeres, en los jueces con menor antigüedad y en los Juzgados unipersonales. La Comisión Permanente señala que proteger la seguridad y salud de los jueces también es proteger a la sociedad, que se verá beneficiada de la calidad del servicio público prestado”

Compartiendo íntegramente la Asociación de Fiscales la anterior afirmación del informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, y considerando que dicha conclusión es también predicable de los miembros de la Carrera Fiscal, consideramos que la determinación de la carga de trabajo es una reivindicación absolutamente imprescindible y que ya no puede postergarse más, puesto que, no determinarla, constituye una injustificable omisión por parte de la FGE en el cuidado de la salud laboral de los miembros del Ministerio Fiscal.

Vemos con desazón como en la Carrera Judicial se establecieron hace ya mucho tiempo (Acuerdo de 3 de diciembre de 2003 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 2/2003) unos módulos para valorar la actividad judicial. Desde entonces nos encontramos con el absurdo de que, ante la misma carga de trabajo de un órgano servido por un fiscal, los jueces saben que laboriosidad se espera de ellos y que, en su caso, se distinguiría perfectamente que retraso es atribuible al juez y que retraso es atribuible al órgano por ser la entrada de asuntos superior al módulo máximo individual exigible de salida de trabajo; sin embargo en el caso del fiscal que despachara el papel de ese juzgado nos encontraríamos que todos los asuntos de entrada sin despachar que sufrieran retraso (pensemos en el art 324 o en plazos de prescripción) le podrían ser imputados a “su retraso en el despacho del papel”, sin tener en consideración ni los asuntos que efectivamente despacha o los servicios que cubre al no existir un módulo máximo de carga de trabajo.

Es indispensable, por tanto, que se determinen no solo los módulos máximos sino los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que cabe exigir a cada fiscal tanto a efectos disciplinarios, a efectos de retribuciones variables y, lo que es más importante, a efectos de protección de la salud laboral.

La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. establece en su Artículo 560. Apartado 21 que el CGPJ tiene las siguientes atribuciones: “21.ª Elaborar y aprobar, juntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.”

No se alcanza a entender el motivo por el que la FGE no asume la obligación paralela que le corresponde en esta materia con relación a los fiscales, manteniendo así el deseable, necesario y justo paralelismo con la Carrera Judicial. Forzosamente tal obligación comporta la valoración del rendimiento del fiscal (carga de salida), más allá de la carga de asuntos que pueda pesar sobre él debido a la distribución de trabajo que tenga asignada (carga de entrada). Solo así se podrá valorar la existencia o no de repartos injustos de trabajo, valorar que no existen retrasos que puedan dar lugar a sanciones y valorar aquellos lugares donde se hace más necesario la creación de nuevas plazas de fiscales, que tendrán que coincidir con los lugares donde los fiscales de plantilla alcancen el módulo máximo legalmente previsto, huyendo de caprichosas distribuciones de nuevas plazas no siempre bien justificadas. Parece insuficiente, aunque sea un primer paso, que a día de hoy la única actuación en esta materia sea la creación de la herramienta llamada “carga de trabajo” que aparece en la intranet del Ministerio Fiscal porque se trata de un estudio que valora la carga de trabajo de cada fiscalía, que puede tener su efectividad al efecto de determinar las necesidades de distribución y ampliación de plantilla, pero que no serviría para establecer un módulo individual máximo por fiscal, como reclamamos.

En paralelo a esta reivindicación profesional, consideramos también imprescindible crear ya sin demora en la FGE, no una comisión, sino un Servicio efectivo de Prevención de Riesgos Laborales, como ya existe en el CGPJ, que vele por la seguridad y salud de los fiscales mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a su entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo y que establezca un catálogo de las enfermedades profesionales derivadas del desarrollo que la función de fiscal puede acarrear.(estrés, ansiedad, depresión, problemas visuales o de espalda etc.).

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales solicita, por lo expuesto que, con la mayor celeridad que sea posible, se proceda a la determinación de un módulo máximo de las cargas de trabajo para los integrantes de la Carrera Fiscal, y a la creación del Servicio de prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Fiscal.

Así mismo reiterar la petición de reunión solicitada verbalmente por la presidenta de AF y reiterada por escrito de fecha 27 de octubre de 2020, para tratar las medidas de protección en relación con el Covid.

Sin otro particular,

En Madrid a 5 de noviembre de 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

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Carta a la F.G.E.

A LA EXCMA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excma. Sra.

La situación actual acaecida en España a consecuencia del COVID-19 determina la necesidad de adopción de medidas tendentes a evitar el contagio de la enfermedad. Ante ello solicitamos que, por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, se adopten las medidas que incidan directamente en la protección de los Fiscales. Exigimos a la Fiscal General del Estado que asuma su responsabilidad y reclame de forma inmediata de aquellas autoridades las siguientes medidas:

  1. Las instalaciones de Fiscalía deben adaptarse para que los Fiscales puedan mantener la distancia interpersonal no inferior a 2 metros, tanto en la entrada y salida de la sede como durante la permanencia en la misma. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y que, en cualquier caso, se adopten las medidas necesarias para evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.
  2. Es preciso proveer a los Fiscales de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.
  3. Es necesario contar con aprovisionamiento en cantidad y frecuencia suficiente de material de protección, especialmente mascarillas y guantes.
  4. Es aconsejable elaborar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan en la Fiscalía, adoptando medidas de protección en cada caso conforme a la normativa aplicable.
  5. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
  6. Es necesario reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual, en especial en despachos y salas de vistas.
  7. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, y todos los aparatos de uso habitual por los Fiscales, como mesas y ordenadores.
  8. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un Fiscal en cada cambio de turno.
  9. Resulta imprescindible la realización de pruebas PCR a los Fiscales, siendo prioritario especialmente respecto de aquellos que acaben de celebrar juicios de varias
    sesiones consecutivas y/o con numerosos intervinientes, pruebas que actualmente están debiendo sufragarse por sí mismos.
  10. La adopción de las medidas técnicas necesarias que garanticen la interoperabilidad de los sistemas informáticos y la comunicación telemática entre las distintas Fiscalías, con independencia de su localización territorial. 

En Madrid, a 28 de octubre de 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

Asociación de Fiscales. C/ Almagro, nº 3, 1º izda, 28010 – Madrid
www.asociaciondefiscales.es  |  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  |  @Afiscales

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Carta a la F.G.E.

A LA EXCMA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excma. Sra.

La situación actual acaecida en España a consecuencia del COVID-19 determina la necesidad de adopción de medidas tendentes a evitar el contagio de la enfermedad. Ante ello solicitamos que, por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, se adopten las medidas que incidan directamente en la protección de los Fiscales. Exigimos a la Fiscal General del Estado que asuma su responsabilidad y reclame de forma inmediata de aquellas autoridades las siguientes medidas:

  1. Las instalaciones de Fiscalía deben adaptarse para que los Fiscales puedan mantener la distancia interpersonal no inferior a 2 metros, tanto en la entrada y salida de la sede como durante la permanencia en la misma. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y que, en cualquier caso, se adopten las medidas necesarias para evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.
  2. Es preciso proveer a los Fiscales de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.
  3. Es necesario contar con aprovisionamiento en cantidad y frecuencia suficiente de material de protección, especialmente mascarillas y guantes.
  4. Es aconsejable elaborar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan en la Fiscalía, adoptando medidas de protección en cada caso conforme a la normativa aplicable.
  5. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
  6. Es necesario reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual, en especial en despachos y salas de vistas.
  7. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, y todos los aparatos de uso habitual por los Fiscales, como mesas y ordenadores.
  8. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un Fiscal en cada cambio de turno.
  9. Resulta imprescindible la realización de pruebas PCR a los Fiscales, siendo prioritario especialmente respecto de aquellos que acaben de celebrar juicios de varias
    sesiones consecutivas y/o con numerosos intervinientes, pruebas que actualmente están debiendo sufragarse por sí mismos.
  10. La adopción de las medidas técnicas necesarias que garanticen la interoperabilidad de los sistemas informáticos y la comunicación telemática entre las distintas Fiscalías, con independencia de su localización territorial. 

En Madrid, a 28 de octubre de 2020
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

Asociación de Fiscales. C/ Almagro, nº 3, 1º izda, 28010 – Madrid
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