En relación con el acuerdo del CGPJ de conceder determinadas dietas a los alumnos de la 71 promoción de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales opina que ciertamente resulta indignante el trato diferente que se recibe en una y otra carrera. Ello es debido a que el CGPJ tiene presupuesto propio y puede gestionarlo, lo que le permite conceder a los alumnos de la escuela judicial una cantidad para dietas de manutención u ofrecerles una formación inicial de dos años, o que, ya en el seno de la carrera judicial, se paguen dietas superiores a las que corresponden por categoría a jueces y magistrados, o que puedan tener un plan de prevención de riesgos laborales propio, y tantas otras ventajas que supone la independencia económica de la que la carrera fiscal carece. No tenemos independencia económica, no tenemos gasto singularizado para gestionar nuestra carrera, sino que dependemos del Ministerio de Justicia, como si en lugar de Poder Judicial, con autonomía funcional, fuésemos empleados del ministerio y así nos va.

Para lograr dietas o un plus en las dietas legalmente reconocidas, lo que necesitamos es ser independientes económicamente del ministerio y tener capacidad para gestionar nuestro propio presupuesto. Desde luego este ministerio no está por la labor.

La AF está en esa lucha con el fin de asimilarnos al máximo al CGPJ y a los jueces y que se nos aleje del ministerio, superando la actual dependencia económica y de toda índole.

Madrid a 17 de enero de 2022.
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

Queridos compañeros

Os informamos que el pasado 23 de septiembre de 2021 se notificó el Auto de 14 de septiembre de 2021 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 en el que se declara que la condena al Ministerio de Justicia para el pago de las diferencias del complemento de destino por desempeñar funciones de segunda categoría a los Abogados Fiscales y Fiscales que ocupan plaza de tercera categoría, no supone una condena a futuro, por lo que el Ministerio sólo ha de abonar las diferencias retributivas hasta el día en que se dictó el correspondiente auto estimatorio de la extensión de efectos.

El Auto es irrecurrible en apelación. El Ministerio había suspendido el pago de las indemnizaciones desde el mes de mayo, en que se planteó esta cuestión; una vez aclarada definitivamente, es de suponer que reanudarán los pagos de los autos estimatorios y firmes de forma inmediata.

La vía para solicitar el pago de la diferencia de complemento de destino para los Abogados Fiscales y Fiscales en plaza de tercera que sigan desempeñando funciones de segunda categoría, es instar una nueva extensión de efectos a partir del mes siguiente al que cubra el pago del Auto estimatorio inicial. Para ello tenemos que esperar que ganen firmeza dos sentencias favorables que lo harán en los próximos días. Cuando una de ellas adquiera firmeza se comunicará por esta vía para que los interesados puedan solicitar, en el plazo de un año, una nueva extensión de efectos partiendo del mes siguiente al último que hayan cobrado.

Os recordamos los datos de nuestro letrado

Javier Sánchez Sánchez    E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    tfno.: 91 576 76 45

Madrid, 4 de octubre de 2021

Comisión Ejecutiva de la AF

En la última semana la Abogacía del Estado ha comenzado a interponer recursos de apelación frente a los Autos estimatorios de la extensión de efectos de la Sentencia nº 44/2020, de 5 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4; para información de todos los afectados de la Asociación se hacen las siguientes precisiones:

1ª.- Los recursos de apelación tienen muy escasas posibilidades de ser admitidos a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por los siguientes motivos:

1.- La sentencia matriz se declaró no susceptible de recurso de apelación por la magistrada que la dictó y la Abogacía del Estado se aquietó a ello; por lo tanto, los Autos que la extienden, tampoco son susceptibles de apelación.

2.- Ello obedece a que no se supera el umbral de los 30.000 euros para la apelación, al hacerse el cómputo de la cuantía no por el importe total, sino por la diferencia de complemento anual entre fiscal de tercera y de segunda en cómputo mensual, según consolidada doctrina al respecto de la propia Sala.

2ª.- Se desconocen las razones de la AE para proceder ahora a impugnar los Autos cuando no lo ha hecho con los anteriores; probablemente obedezca más a decisiones de “gestión administrativa” del Ministerio de Justicia que a consideraciones estrictamente procesales.

3ª.- El magistrado del JCCA nº 4 ha suspendido la tramitación de los procedimientos de extensión pendientes hasta que la Sala resuelva sobre el primer recurso de apelación presentado. Con independencia de la mayor o menor ortodoxia procesal de tal decisión, lo cierto es que recurrirla carece de sentido práctico, porque no aportaría nada al buen fin del proceso, que no es otro que conseguir la extensión de la sentencia en el Auto final. Tampoco procedería una solicitud de aclaración, porque lo cierto es que, se esté o no de acuerdo, la Providencia de suspensión es muy clara.

4ª.- Esperaremos pues a que la Sala se pronuncie sobre el primer recurso de apelación para reanudar los que ahora se suspenden. Ello supone más demora en la extensión de los efectos de la citada sentencia, pero el tiempo que pase supondrá también un aumento en la liquidación de los intereses moratorios.

En cuanto se produzca alguna novedad, se comunicará puntualmente.

Javier Sánchez Sánchez
Abogado

Los vocales electivos del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, tras analizar el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, quieren poner de manifiesto:

1º) La sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial.

2º) La redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, en este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria.

3º) Las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil española y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento. La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación.

Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal:

• Concepción Talón Navarro
• Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros
• Juan Francisco Ríos Pintado
• María Rosario Lacasa Escusol
• María Rosa Rubio Ramos

En Madrid, a 29 de abril de 2021

El día de ayer se celebró la reunión prevista entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales y Fiscales, con el siguiente orden del día:

1. Disposición Transitoria Ley Discapacidad
2. Ley Agilización
3. Implantación Registro Civil
4. Tribunales Instancia / Oficina Judicial
5. Planes de Choque
6. Ruegos y preguntas

Asistieron, por parte del Ministerio, el Secretario de Estado de Justicia Pablo Zapatero, el Secretario General para la innovación y calidad del servicio público de Justicia Borja Vargues, la Directora General para el servicio público de Justicia Concepción López-Yuste y la Subdirectora General de colaboración institucional para el servicio público de Justicia María Rosario Martínez, y, por parte del as Asociaciones, Manuel Almenar (APM), José Juan Moreno (AJFV), Rosario García (JJPD),Cristina de Vicente (FJI), Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF), y Salvador Viada (APIF).Por parte del equipo ministerial se informó de la situación y previsiones en relación con la Ley de Discapacidad, la Ley de Agilización, la reforma del Registro Civil y los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial. Mas concretamente, se expuso:

• La problemática que suscita la proyectada DT 4ª, sobre la revisión de las sentencias dictadas en materia de discapacidad y la necesidad de organizar un grupo de trabajo específico MJ/AA para buscar cauces que permitan dar respuesta, apuntando la posibilidad de incrementar el plazo de dos años inicialmente previsto a tres y de elaborar protocolo de actuaciones para una mejor coordinación.
• Respecto al Anteproyecto de la Ley de Agilización de la Justicia (también denominada de Eficiencia de la Justicia, el nombre está sin confirmar), se informó de que los trabajos se han centrado en los ejes de agilización procesal y de justicia digital, posponiendo el eje organizativo en tanto que requeriría reforma de Ley Orgánica. La previsión es que, a finales de octubre o principios de noviembre tengamos ya un texto disponible para empezar a trabajar, para lo cual piden que designemos a los compañeros que podrían integrar el grupo de trabajo. El eje organizativo quedaría para más adelante y enlazaría con el tema relativo a los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial.
• En cuanto a los Tribunales de Instancia, que figuran en la LOPJ, todavía se está en proceso de “contextualización”, es decir, la decisión es ponerlos en funcionamiento pero se están estudiando las distintas posibilidades. Por lo que concierne a la oficina judicial, transcurridos diez años, se pretende dar un impulso para la implantación del modelo, previo análisis de los aspectos que han funcionado y de las distorsiones creadas, todo ello vinculado a la denominada Oficina de Justicia en el Municipio, que partiría de una transformación de los actuales Juzgados de Paz con el fin de proporcionar un mejor servicio, ubicando parte de la oficina judicial en dichas unidades, desde la que se podrían realizar ciertas actuaciones. Piden que propongamos compañeros para crear el correspondiente grupo de trabajo, con la idea de hacer una presentación del modelo en el mes de noviembre.
• La aplicación de la Ley de Registro Civil, una vez adaptada la decisión de poner en funcionamiento el modelo aprobado en 2011, suscita diversos problemas, en particular en los Registros Civiles Exclusivos. Se pide que propongamos compañeros para abordar estas cuestiones.

El viernes a última  hora, los Consejeros recibimos un correo de la Inspección (que es la encargada de prestar asistencia al Consejo Fiscal) en el que se nos pedía informáramos, a la mayor brevedad y por requerirlo el Ministerio de Justicia, un proyecto de Real Decreto de modificación de la Ley 15/2003, de retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal. La finalidad, pactada con las asociaciones, no es sino destinar una cantidad de dinero (1.320.000 €) de que dispone el Ministerio de Justicia para mejorar las retribuciones de los compañeros que están clasificados en el grupo 5º, quienes menos cobran en la Carrera. El motivo de la urgencia es aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del próximo viernes. A pesar de la cortedad del aumento salarial, y de que las reivindicaciones en la materia de las Asociaciones quedan pendientes, nos ha parecido adecuado apoyar el proyecto en beneficio de los compañeros del grupo 5º. El aumento salarial es de 66,79  € mensuales. Os adjuntamos el informe remitido el domingo: