CONCLUSIÓN REUNIÓN DE DELEGADOS VALENCIA 2026

CONCLUSIONES REUNIÓN DE DELEGADOS

Valencia 20 noviembre 2026

La Asociación de Fiscales lleva muchos años instando la promulgación de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como instrumento imprescindible y válido, al mismo tiempo, para dotarlo de una organización sistematizada y adaptada a la sociedad en la que está inserto y a la que sirve, asentado sobre principios transversales en nuestro tiempo como la transparencia, la eficacia y la eficiencia. Pero también que marque los hitos de un proceso de regeneración institucional que, inevitablemente, hemos de emprender a fin de rehabilitar la credibilidad erosionada y la autonomía vilipendiada, desterrando toda posibilidad de injerencia política o partidista y, por ello, interesada en la acción del Ministerio Fiscal.

Esa necesidad, hoy y ahora, ha trasmutado en exigencia inaplazable. Porque solo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones cimenta los pilares sobre los que descansan y da carta de naturaleza a su misma existencia y a las relevantes funciones que están llamadas a cumplir.

El Ministerio Fiscal es pieza clave, en todos los sistemas democráticos, de significado constitucional para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, guiado únicamente por los principios de legalidad e imparcialidad. La sociedad española merece un Ministerio Fiscal independiente en quien pueda confiar como defensor de los valores constitucionales, y los miembros del Ministerio Fiscal deben recuperar el orgullo de ser fiscal.

  1. UN NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL

Por ello, exigimos un nuevo Estatuto para el Ministerio Fiscal que:

1.- Partiendo de lo dispuesto en el artículo 124.4 CE, precise que el Fiscal General del Estado debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de veinte años de ejercicio efectivo de su profesión, que no hayan ostentado en los últimos diez años cargos de elección popular o designación política, ni pueda ocupar tales cargos durante los dos años siguientes a su cese como FGE por cualquier causa. Al FGE le será aplicable el estatuto jurídico de derechos, obligaciones, causas de abstención y recusación, incompatibilidades, prohibiciones, incapacidades y responsabilidades de todo tipo que rige para los demás miembros del Ministerio Fiscal.

2.- Refuerce la autonomía orgánica y funcional, reconociendo expresamente tanto la potestad reglamentaria del FGE como la singularización presupuestaria y la capacidad de autogestión del Ministerio Fiscal.

3.- El Consejo Fiscal, como único órgano de extracción democrática y representativo de la Carrera Fiscal, debe extender sus funciones más allá de las actuales, con el objetivo de reforzar el papel de contrapeso al FGE y restablecer la vinculación del FGE al criterio mayoritario del Consejo Fiscal.

4.- La relevancia constitucional de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal impone que el acceso a la Carrera Fiscal se base en los principios de mérito y capacidad, acreditados mediante la superación de un proceso de oposición libre. Tales principios ordenarán también el modelo de carrera profesional de los miembros de la Carrera Fiscal, a fin de hacer efectivo el derecho a la promoción profesional, ya sea esta progresión horizontal o vertical.

5.- A tal fin, racionalice el modelo organizativo de las distintas Fiscalías, armonizando el principio de especialización y el derecho a la promoción profesional como derecho de todos los fiscales.

6.- Siendo los principios de mérito y capacidad los rectores de la promoción profesional de los fiscales, debe impulsarse y desarrollarse la Comisión de Valoración de Méritos con objeto de elevar un informe que contenga la baremación que reglamentariamente corresponda a los solicitantes.

    1. OTRAS REIVINDICACIONES PRIORITARIAS

    Como cuestiones ajenas al nuevo Estatuto que reclamamos, hemos de referirnos a otras materias a las que no debemos tardar más tiempo en incorporarnos.

    1. El expediente digital es un instrumento imprescindible, como lo es la compatibilización de los diferentes sistemas de gestión procesal que se han ido implantando en las comunidades autónomas. Cualquier herramienta digital debe contar con la participación del Ministerio Fiscal en su elaboración y con una implantación que garantice su funcionamiento.
    2. Se exige la integración del expediente gubernativo en los sistemas de gestión procesal también para la Fiscalía General del Estado, como único medio para preservar la autenticidad de las actuaciones administrativas con notable incidencia en la carrera profesional de los fiscales y en la actuación autónoma de la Fiscalía.
    3. La actualidad exige una estrategia y la puesta a disposición de herramientas basadas en inteligencia artificial para el trabajo ordinario de las Fiscalías, que no deje al Ministerio Fiscal en una situación de desventaja en relación con el resto de operadores jurídicos.
    4. Los sistemas de gestión procesal no serán el único medio de cómputo de la baremación de los estadillos hasta que no se garantice que recogen la totalidad de las funciones realizadas por los fiscales.
    5. Se deben modificar los criterios establecidos para la baremación, de manera que se recoja el trabajo real de todos los fiscales.
    6. Exigimos protocolos de actuación y formación para la gestión de grandes catástrofes en la Carrera Fiscal.
    7. La Asociación de Fiscales muestra su apoyo a los fiscales y jueces de Ceuta a raíz de la situación generada por la entrada masiva de inmigrantes acaecida el 30 de julio.

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