La Asociación de Fiscales ha conocido con profundo pesar la noticia del fallecimiento de D. Juan José Márquez Bonvehí, Fiscal Decano de Menores en la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde deja el recuerdo de su buen hacer profesional y su carácter dialogante, siempre al servicio del interés público y de los ciudadanos.

Con Juanjo se va un magnífico fiscal y una excelente persona, pero su sonrisa y su recuerdo permanecerá en todos los que le conocimos.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

Queridos compañeros asociados y no asociados:

Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros sobre las primeras gestiones realizadas por la Comisión Ejecutiva resultante del reciente XX Congreso Ordinario celebrado en Zamora durante los días 23 y 24 del pasado mes de octubre, que en buena parte han estado centradas –como hiciera la Comisión Ejecutiva anterior- en el mantenimiento de la unidad en la respuesta de las asociaciones fiscales y judiciales al Ministerio de Justicia respecto de las distintas iniciativas legislativas y reglamentarias que afectan seriamente al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, así como al mantenimiento de la Justicia como servicio público de calidad.

La declaración como imputado del Presidente de la Generalidad de Cataluña ha constituido, sin la menor duda, un acontecimiento relevante. La imputación es un gravamen, que supone una situación incómoda para la persona que debe comparecer, en este caso, el más alto representante de la ley en la Comunidad catalana.

No comparto la posición de quienes afirman que la imputación es un medio de defensa, que nada conlleva para el prestigio del compareciente. Por el contrario, creo que el hecho de verse abocado a un interrogatorio, en presencia de un Juez y un Fiscal, constituye una carga que todo ciudadano debe asumir, en caso necesario, como establece el artículo 118 de nuestra Carta Magna. Pero dicha declaración no es un premio, ni un momento de regocijo familiar. Por ello, nuestro código procesal dice que la declaración del imputado durará el menor tiempo posible, procurándose que no pierda la calma (artículo 393). Asimismo, el código penal considera como una atenuante la duración excesiva del proceso, por el impacto que tal situación conlleva para el imputado (artículo 21.6).