Fuente: Ideal

Entrevista a Pilar Sánchez Alcaraz, fiscal de Menores de Jaén | La fiscal admite un repunte en los casos de agresiones sexuales en la provincia, aunque muy «pequeño», siendo un problema general además.

Sánchez posa para la entrevista junto a la fachada de la Fiscalía de Menores de Jaén. 

Cada mes hay cuatro menores jienenses que son víctimas de un delito sexual. Así de crueles son las estadísticas del Ministerio de Interior. En concreto, en 2016 -últimos datos disponibles- hubo 44 delitos de sexuales contra menores de 18 años que engloban tanto los casos más agresivos y con violencia física como los menos virulentos. La mitad de ellos se produjeron contra víctimas que ni siquiera habían cumplido los 13 años. Los últimos y mediáticos casos de agresiones sexuales con menores de por medio en la provincia (el de un chico de 11 años en un colegio de la sierra, el intento de violación a plena luz del día a una chica de 16 años en Paseo de la Estación de la capital, o el de cuatro menores violando en grupo a una adolescente de 16 años en un olivar cuya sentencia se ha conocido esta semana, un año y medio en un centro) han disparado la preocupación en la opinión pública y la indignación en parte de ella por lo 'exiguo' de las condenas, en un momento de especial atención a este tipo de delitos a nivel nacional. Pilar Sánchez Alcaraz (Motril, Granada, 1964) es de las personas que mejor conoce estos casos y la situación actual de Jaén. En 2003 llegó a la Fiscalía de Menores, donde en palabras del Fiscal Jefe de Jaén Carlos Rueda se ha convertido «en un referente», contando con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

-¿Está habiendo más casos y más graves o es una falsa impresión por la repercusión mediática?

Fuente: ConfiLegal

	Pedro Díaz Torrejón. Fiscal delegado de Protección y tutela de las víctimas del proceso penal y delegado de Menores en la Fiscalía Provincial de Huelva.
	Roberto Valverde Megías. Fiscal delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Ambos son miembros de la Asociación de Fiscales.

Parece de reciente actualidad el análisis del papel del fiscal como garante de la protección procesal de la víctima, cuestionándose si la finalidad pretendida (salvaguardar a la víctima) es alcanzada con la labor del fiscal o si, por el contrario, deben articularse medidas de acompañamiento que garanticen una mayor efectividad.

Lo cierto es que la víctima siempre había sido considerada la gran olvidada del proceso penal (Herrero Tejedor, F. “Intervención de la víctima en el Proceso Penal: estudio detallado del marco normativo sobre protección de testigos”) y se alegaba que el proceso se construía sobre la dicotomía Estado-autor del delito, olvidando a la víctima, a la que se relegaba a un segundo plano (Landrove Díaz, G. “Las Víctimas ante el derecho español”).

Fuente: ConfiLegal

Las encuestas más recientes del 2018 avalan que la mayoría de los ciudadanos españoles respaldan la pena de prisión permanente revisable.

La primera, realizada por la GAD3 para ABC, cifraba en un 71.2% los ciudadanos que deseaban que se mantuviera.

La segunda la realizó NC Report para el diario La Razón, y en la misma un total del 75,9% de los encuestados se manifestaba contra su derogación, frente a sólo un 21,3% a favor de su supresión.

Finalmente, Simple Lógica difundió a principios de marzo de 2018 su sondeo, en el que un 76,5% de los entrevistados eran partidarios de su vigencia, lo que suponía un avance de 9 puntos respecto de los apoyos registrados por la misma encuesta en el año 2015.

Aunque el respaldo a esta pena es más altos entre los ciudadanos ubicados en el espectro ideológico conservador, los registros apuntados vienen a coincidir con los apoyos de ciudadanos que se inscriben en posiciones ideológicas de izquierda, e incluso siguen representando la mayoría entre los votantes de la izquierda más radical.