Queridos compañeros asociados y no asociados:

Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros sobre las primeras gestiones realizadas por la Comisión Ejecutiva resultante del reciente XX Congreso Ordinario celebrado en Zamora durante los días 23 y 24 del pasado mes de octubre, que en buena parte han estado centradas –como hiciera la Comisión Ejecutiva anterior- en el mantenimiento de la unidad en la respuesta de las asociaciones fiscales y judiciales al Ministerio de Justicia respecto de las distintas iniciativas legislativas y reglamentarias que afectan seriamente al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, así como al mantenimiento de la Justicia como servicio público de calidad.

La declaración como imputado del Presidente de la Generalidad de Cataluña ha constituido, sin la menor duda, un acontecimiento relevante. La imputación es un gravamen, que supone una situación incómoda para la persona que debe comparecer, en este caso, el más alto representante de la ley en la Comunidad catalana.

No comparto la posición de quienes afirman que la imputación es un medio de defensa, que nada conlleva para el prestigio del compareciente. Por el contrario, creo que el hecho de verse abocado a un interrogatorio, en presencia de un Juez y un Fiscal, constituye una carga que todo ciudadano debe asumir, en caso necesario, como establece el artículo 118 de nuestra Carta Magna. Pero dicha declaración no es un premio, ni un momento de regocijo familiar. Por ello, nuestro código procesal dice que la declaración del imputado durará el menor tiempo posible, procurándose que no pierda la calma (artículo 393). Asimismo, el código penal considera como una atenuante la duración excesiva del proceso, por el impacto que tal situación conlleva para el imputado (artículo 21.6).

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LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

• La Asociación de Fiscales muestra su preocupación por la situación de peligro en que se encuentra la democracia en Cataluña, en donde desde las propias instituciones públicas se está atacando la legalidad y a quienes deben defender el Estado de Derecho, por lo que apoya y se solidariza con los Fiscales que cumplen con su deber en tal difícil situación. Son inaceptables los ataques que interesadamente ponen en duda la actuación imparcial de los Fiscales en defensa del interés social, en especial en quienes se enfrentan a los asuntos vinculados con la corrupción. 
• La Asociación de Fiscales reprueba la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y subraya que la limitación de los plazos de instrucción en las actuales condiciones produciría en la práctica graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción.
• La Asociación de Fiscales lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral  y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema.