Las manifestaciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con la posible concesión del indulto a personas que se encuentran procesadas, motiva una reflexión sobre sus circunstancias y posibilidades. En ocasiones se hace referencia al indulto confundiéndolo con la amnistía. Esta última es una opción del legislador, que tiende a borrar la responsabilidad penal por determinadas conductas criminales, antes de que las mismas sean investigadas, antes incluso de que se abra cualquier proceso relativo a las mismas. Hay determinados momentos en la historia de las naciones, en que es conveniente dictar normas de olvido y perdón, para que pueda restablecerse la paz quebrantada por una guerra civil o por un régimen de excepción, no respetuoso con los derechos civiles básicos.

En 1977 las Cortes Constituyentes alcanzaron un amplísimo consenso, en torno a la amnistía de los delitos cometidos con intencionalidad política entre 1936 y 1976. Los delitos con intencionalidad política son aquellas conductas consideradas criminales, que se realizan con una finalidad o motivación política. Especialmente tienen la consideración de delitos cometidos con intencionalidad política los de rebelión y sedición, que no son delitos políticos, al estar penados por las democracias en normas comunes, básicas para la defensa de la sociedad. Por eso sus responsables no son presos políticos, sino presos comunes que actúan por motivos políticos. Los delitos de rebelión y sedición cometidos en España entre 1936 y 1976 fueron amnistiados todos, sin excepción alguna. Ello significa que toda responsabilidad penal por dichas conductas se extinguió definitivamente en tal momento, como si los culpables hubiesen muerto entonces. 

Nunca nos ha importado que el reflejo de nuestro esfuerzo apareciera en un titular. Los focos -en ocasiones deslumbrantes- de la espuma de la actualidad informativa, siempre han multiplicado el brillo del atrevimiento y personal coraje del Juez Instructor.

Sucede, sin embargo, que nos estamos quedando a oscuras.

Diariamente se ensombrece nuestra función y se nos arroja al ruedo de la actualidad con la mancha inveraz de una dependencia respecto del Poder Ejecutivo.

Una cosa es no querer destacar otra muy distinta es tener que callar.

¡POR UNA MEJORA DE NUESTRAS RETRIBUCIONES!

La Asociación de Fiscales ha elaborado una propuesta para trasladarla al resto de las asociaciones de fiscales y a los órganos competentes de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de modificar los criterios que actualmente se aplican para la distribución de las retribuciones variables, que, como se prevé en la ley de retribuciones, pueden llegar a alcanzar hasta el 5% del total de las retribuciones fijas, reivindicación salarial que sostenemos todas las asociaciones Judiciales y Fiscales en las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Justicia.

Por otro lado, en la reunión mantenida el pasado mes de julio, el Secretario de Estado de Justicia, D.Manuel Dolz, se comprometió a “disponer de 7 millones de euros para repartir entre jueces, fiscales, letra-dos de la Administración de Justicia y forenses, una vez se obtuviera la autorización del Ministerio de Hacienda para trasladar la partida del capítulo II (Gastos corrientes y modernización) al I (Personal) de los Presupuestos Generales del Estado; cantidades que se abonarían a fin de año en concepto de retribución variable”.

Estas últimas afirmaciones han preocupado a la A.F. pues nos te-memos que ese aumento de las nóminas solo se concrete en aquellos fiscales que cobran retribuciones variables (productividad) y no en toda la Carrera Fiscal.