Estimados compañeros.

Antes de nada, queremos transmitirle de nuevo nuestro deseo que todos vosotros y vuestros familiares se encuentren bien.

Como sabéis la AF lleva años organizando cursos de formación en diferentes territorios siempre de forma presencial. El compromiso de la ejecutiva es mantener la idea formativa entre nuestros asociados adaptándola a la nueva situación. Para ello y como ya llevamos haciendo este tiempo hemos ideado la celebración de diferentes jornadas formativas de carácter telemático a través de la plataforma zoom.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

Nuestros tribunales deben abandonar su carácter adusto, frío y distante cuando tienen delante, como protagonista, a una persona con discapacidad. Sólo la empatía, la calidez y el abrazo de sus dificultades acercarán la Justicia a la misma.

La intervención del fiscal es, sin duda, preeminente en el ámbito del proceso penal. Es una pieza esencial del mismo, imprescindible. En este marco, la progresiva especialización del fiscal resulta forzosa para una lucha eficaz contra las tradicionales y las nuevas formas delictivas que se dibujan en el paisaje criminal.

Sin embargo, algunos fiscales tenemos la fortuna de descubrir, por elección o por decisión de quien dirige una Fiscalía, que hay un vasto campo ajeno a nuestra tradicional y más conocida función en la jurisdicción penal y que cumple con otra función social importante. Esta función tiene un protagonista muy especial por su condición, y por su frágil posición en la sociedad: la persona con discapacidad.

La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad fue aprobada por unanimidad por las Cortes Generales.

Según su exposición de Motivos “el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática.

Así lo recoge el artículo 29 del Tratado (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad) que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública”.

Esta ley ha derogado el artículo 3.1, letras b) y c) de la LOREG, y da una nueva redacción al artículo 3.2 que dispone que “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”.

El 14 de octubre de 1992, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos.

La terminología ha sido superada y ese día celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En aquella Resolución la ONU invitaba a todos los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas a intensificar sus esfuerzos para la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de las personas que padecen impedimentos y especialmente instaba a los gobiernos, organizaciones nacionales, regionales e internacionales a que prestasen su total cooperación en la observancia de ese día.

España, como Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha asumido el compromiso recogido en el artículo 4.1.a) de “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”.

Es decir, los Estados partes -y España lo es desde el año 2008- tienen que tener una actitud proactiva, transformadora de la sociedad en relación al colectivo de la discapacidad, pues los derechos de las personas con discapacidad siguen siendo ignorados, vulnerados en todas las partes del mundo, tal y como reconoce la Convención en su Preámbulo.