La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 diciembre 2019, asunto C 502/19, que resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español por auto de 1 de Julio de 2019 respecto del proceso penal promovido contra el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Protocolo, sobre los privilegios e inmunidades de la Union Europea.

De su lectura emergen varias consecuencias jurídicas de interés.

Primero, hace un estudio pormenorizado de la legislación electoral europea y española y de la jurisprudencia que lo ha aplicado, pero también, y es fundamental decirlo, de la legislación procesal española, que, en modo alguno, cuestiona, sino que la interpreta para coordinarla con las normas comunitarias.