Los consejeros electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales, somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución, por la falta de credibilidad ante la opinión pública de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema.

Como órgano de representación de toda la Carrera, democráticamente legitimado por elección de todos los miembros que la conforman, los vocales electivos de la Asociación de Fiscales compartimos dicho sentir y mostramos nuestra preocupación.

Nos hemos abstenido de realizar todo pronunciamiento previo, por cortesía institucional a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado y resto de consejeros y, fundamentalmente, con objeto de tener mayor conocimiento de causa sobre lo acontecido partiendo de las explicaciones que hoy pudiéramos recibir y la eventual documentación puesta a nuestra disposición.

El intento de centrar la cuestión en el nombramiento para un cargo determinado de una persona determinada, sobre el que no se pregunta y ni siquiera ha sido recurrido por el interesado, no conduce a nada. El debate se centra, y es lo que verdaderamente interesa a la opinión pública, en aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la Excma. Sra. Fiscal General del Estado.

Por ello hemos solicitado a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, en virtud de los dispuesto en el artículo 14. K) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 1.4 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal, nos dé traslado de lo siguiente:

1. Información por escrito de abogados intervinientes en las D.P 96/17 del juzgado central de instrucción nº 6, Fiscales encargado de su llevanza desde su incoación y si el despacho del Sr. Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados.
2. Diligencias de Investigación núm. 32/20, junto con cualesquiera piezas separadas, expedientes o documentación relacionada o desglosada de ellas.
3. Expediente o expedientes disciplinarios incoados contra el Sr Stampa, en tramitación o ya archivados.
4. Expediente de abstención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado con relación a las Diligencias de investigación aperturadas o expediente disciplinario, de existir. Ello se solicita pues consideramos que la Excma. Sra. Fiscal General de Estado debió abstenerse en las diligencias de investigación incoadas contra el Sr. Stampa por ser parte afectada (artículo 15.2 del Reglamento Interno del Consejo Fiscal).

Se nos ha denegado dicha información, alegando que se trata de materia reservada. Consideramos que la materia no se puede considerar reservada, por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado- único al que puede afectar- ha solicitado su exhibición.

Nos vemos pues obligados a reproducir dicha petición por escrito. Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal, no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones.

A mayor abundamiento consideramos que la Excma. Sra. Fiscal General del Estado no puede adoptar dicha decisión, ni intervenir en los debates por impedirlo el artículo 15.2 del Reglamento de régimen interior de Consejo Fiscal. Concurre a nuestro juicio causa de abstención.

Madrid a 24 de noviembre de 2021

Los Vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales

Concepción Talón Navarro
Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros
Juan Francisco Ríos Pintado
María Rosario Lacasa Escusol
María Rosa Rubio Ramos

En la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el 15 de julio, la Fiscal General del Estado encargó a los vocales que transmitieran a aquellas asociaciones que reclamaban de ella una explicación sobre la posición de la Fiscalía en determinadas cuestiones que no habría pronunciamiento alguno porque entendía que tales cuestiones eran políticas.

El mensaje, de indudable valor oracular, obligaba a examinar las demandas que en tal sentido se habían formulado. Casualmente el día antes se publicó un artículo firmado por la Asociación de Fiscales donde se reclamaba a la Fiscal General del Estado que expusiera la razón por la que la Fiscalía no se habían pronunciado sobre la procedencia o no de recurrir los Decretos de concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo tras el juicio del «procés».

El pasado día 2 de julio se publicó, por diversos medios de comunicación, que el Tribunal Supremo había remitido a Fiscalía un total de 36 denuncias y 15 querellas formuladas desde la declaración del Estado de alarma contra diferentes miembros del Gobierno en relación con la gestión de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, a fin de recabar informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto.

Ninguna duda albergamos sobre la obligatoria y necesaria abstención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado en los asuntos sobre los que ahora se recaba el parecer del Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 351 LOPJ. Está en juego la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal en asuntos de enorme trascendencia y de constante repercusión mediática.

Resulta, pues, evidente que la Sra. Fiscal General del Estado no podrá intervenir en ninguno de los procedimientos trasladados y que por ello no podrá desarrollar las funciones que le son propias y que se derivan del EOMF, debiendo ser sustituida en todas ellas por el Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Estimados Compañeros,

La AF a la vista del informe remitido a la Carrera por la FGE "por si resulta de nuestro interés", de la Secretaría Técnica, sin fechar ni firmar interpretando el RDL 16/20 sobre el cómputo "a cero" de los plazos del art.324 de la Lecrim tras el alzamiento del estado de alarma, interesa de la FGE que utilice las fórmulas estatutariamente previstas para salvaguardar la unidad de actuación y para que los fiscales estemos debidamente amparados ante interpretaciones contrarias al sentido del dictamen por parte de los órganos judiciales y las consecuencias indeseables que se puedan derivar, como archivos por inacción del fiscal en la creencia de que tenía plazo suficiente, ataques de órganos judiciales y de particulares, cuando no exigencia de responsabilidades.

Os adjuntamos la carta que hemos remitido a la FGE.

Un saludo

Comisión Ejecutiva de la AF
En Madrid, 6 de mayo de 2020

Sra. Fiscal General del Estado

Nos dirigimos a V. E. y a toda la carrera a fin de poner de manifiesto nuestra preocupación por la situación que estamos padeciendo y, a la vez, nuestro empeño en proponer medidas que ayuden a realizar una reincorporación paulatina, progresiva, ordenada, de forma racional y sensata, teniendo como preocupación esencial la salud de los fiscales, de los funcionarios de fiscalía, así como la de los restantes integrantes de la administración de justicia y de sus usuarios en evitación de situaciones de riesgo que puedan poner en peligro nuestra salud y generar riesgo de nueva ola de contagios en tanto la situación sanitaria no esté completamente resuelta.

Las medidas a adoptar deberán, además, ser consensuadas necesariamente con las demás instituciones implicadas.

EXCMA. SRA

Los vocales electivos por la Asociación de Fiscales, ante la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia con motivo de la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19, deseamos hacer partícipe a V.E. de nuestra preocupación, que sabemos es compartida. Nos consta la recepción por la Fiscalía General de Estado de una razonada propuesta efectuada por la AF, que compartimos por su realismo, moderación y acierto, pero no podemos dejar de constatar tres cuestiones que nos preocupan especialmente:

1. La imperiosa necesidad de que cualquier medida organizativa o de otra índole que se adopte por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como por los concretos órganos jurisdiccionales, cuenten con la intervención del Ministerio Fiscal y se adopten previa coordinación con la Fiscalía General del Estado y, en su caso, con las Fiscalías territoriales, con atención a las concretas peculiaridades que presenta el ejercicio de nuestra función con los medios disponibles.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales