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Idoneidad para el cargo de Fiscal General. Por Begoña Ramos Ares.
Hace unos días, cuando el presidente del Gobierno (todavía en funciones) afirmaba que la Fiscalía General del Estado estaba para obedecer sus órdenes, -«¿la Fiscalía de quien depende?»-, no era solo una demostración de intenciones sino que en cierta forma estaba adelantando lo que ya muchos sospechaban y nadie se atrevía a mencionar. Esa ostentación de poder tan a la ligera, nos recuerda lo frágil que puede llegar a ser el pilar básico de nuestra joven democracia representativa, el principio de separación o división de poderes, cuya esencia era perfectamente descrita por Montesquieu, para quien «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; va avanzando hasta que encuentra límites». Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que por el buen orden de las instituciones, el poder detenga al poder. Así las cosas, parece que la designación y nombramiento por primera vez en la historia de la democracia, de una ministra de Justicia -miembro por tanto de un Gobierno determinado- como responsable máxima del Ministerio Fiscal en su cargo de Fiscal General del Estado, adolece de no pocas suspicacias en torno a su imparcialidad e idoneidad para el puesto, si lo que se pretende es salvaguardar ese principio de división de poderes a fin de evitar abusos de poder mediante el control recíproco de todos y cada uno de ellos.