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El fiscal jefe Anticorrupción aboga por la colaboración entre los poderes del Estado para combatir la corrupción.

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES, LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA Y LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL ESTADO HAN ORGANIZADO EL CURSO “DELITOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el magistrado del Tribunal Constitucional (y fiscal en servicios especiales); los tres intervinieron en el curso.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el magistrado del Tribunal Constitucional (y fiscal en servicios especiales); los tres intervinieron en el curso.

La complejidad de los comportamientos delictivos exige la legal colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado para poder combatir la corrupción y la delincuencia económica con mayor eficacia, según manifestó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de su intervención en el curso “Delitos y Administración pública” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

En este sentido, Luzón confirmó que la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción ha implicado una mejora en la persecución de estos delitos.

Precisamente, son estas conductas delictivas las que más preocupan a los funcionarios y, de forma específica, aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, según los representantes de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado, coorganizadores del curso.

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El Estado de Derecho y las garantías del proceso penal en España son indiscutibles a día de hoy. Por Luis Anguita.

La independencia judicial es la base de un Estado de Derecho y de un proceso penal garantista, donde no haya otra dependencia que al imperio de la Ley.

Un Estado de Derecho debe de tener su límite en la Ley, siendo la Constitución la norma fundamental, que garantice los derechos fundamentales e impida, mediante el control de la constitucionalidad de la norma, leyes que puedan ser contrarias a la Constitución.

La independencia judicial se recoge en varios artículos de nuestra Carta Magna, como el artículo 117, cuando establece:

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