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El Estado de Derecho y las garantías del proceso penal en España son indiscutibles a día de hoy. Por Luis Anguita.

La independencia judicial es la base de un Estado de Derecho y de un proceso penal garantista, donde no haya otra dependencia que al imperio de la Ley.

Un Estado de Derecho debe de tener su límite en la Ley, siendo la Constitución la norma fundamental, que garantice los derechos fundamentales e impida, mediante el control de la constitucionalidad de la norma, leyes que puedan ser contrarias a la Constitución.

La independencia judicial se recoge en varios artículos de nuestra Carta Magna, como el artículo 117, cuando establece:

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No puede existir duda alguna: España es un Estado social y democrático de Derecho. Columna de Cristina Dexeus y Carlos Bautista.

Resulta curioso observar cómo, después de muchos años de democracia, se oyen expresiones gruesas que descalifican de forma tajante la existencia misma de un sistema democrático en nuestro país, asimilándolo al de un país euroasiático sometido, como nosotros, a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los que ya hemos pasado el medio siglo de vida y, por tanto, éramos adolescentes o preadolescentes durante la transición, no podemos compartir tales afirmaciones. Pero  quizás las nuevas generaciones, que no han tenido punto de comparación ni vivido los últimos estertores de la dictadura, les pueden dar pábulo.

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