Avelina Alía Robles | 04 Junio, 2020

La importancia de decir la verdad se nos inculca desde pequeños. Nada mejor que cuentos o fábulas para crear en ese selecto público el sano hábito de no mentir.

Bajo una sencilla, pero tajante moraleja, se revelan las indeseables consecuencias de la mentira, que pueden resumirse casi siempre en un imperativo condicional: No mientas o perderán la confianza en ti. (Recuérdese la célebre fábula de Esopo).

En el mundo judicial el interés por preservar la verdad se reviste de formalidades que enfatizan su importancia.

En países como Estados Unidos cuando un testigo comparece ante un Tribunal se le pregunta “si jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.

El juramento (o la opción de la promesa), también está presente en nuestro ordenamiento para el testigo, intérprete o perito. Aparece como una garantía del cumplimiento de la obligación de decir verdad.

Vulnerable es todo aquél que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente, según la definición del diccionario de la RAE. Todos, por tanto, somos vulnerables.

De hecho, nuestra fragilidad ha quedado expuesta groseramente ante el COVID-19.

Pero, se habla de personas “especialmente vulnerables” cuando concurren en el individuo determinadas características que lo exponen en mayor grado al menoscabo o daño.

La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad fue aprobada por unanimidad por las Cortes Generales.

Según su exposición de Motivos “el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática.

Así lo recoge el artículo 29 del Tratado (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad) que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública”.

Esta ley ha derogado el artículo 3.1, letras b) y c) de la LOREG, y da una nueva redacción al artículo 3.2 que dispone que “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”.

El 14 de octubre de 1992, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos.

La terminología ha sido superada y ese día celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En aquella Resolución la ONU invitaba a todos los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas a intensificar sus esfuerzos para la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de las personas que padecen impedimentos y especialmente instaba a los gobiernos, organizaciones nacionales, regionales e internacionales a que prestasen su total cooperación en la observancia de ese día.

Fuente: ConfiLegal

Avelina Alía Robles es fiscal decana del área Getafe-Leganés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Diariamente las noticias de actualidad están trufadas de intervenciones del Ministerio Fiscal referidas a su actividad más tradicional: la que se desarrolla en el ámbito del proceso penal.

Sin duda, los casos más mediáticos son los que conciernen al ámbito de actuación de las Fiscalías Especiales o a la Audiencia Nacional.

La lucha contra el yihadismo, las mafias, los clanes de drogas, etc., tiene un gran valedor en el Ministerio Fiscal.