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Justicia Solidaria. Por Álvaro Redondo Hermida

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, el pueblo español ha querido establecer una sociedad segura, capaz de proteger a todos los españoles, como indica el Preámbulo de nuestra Carta. Protegerlos en sus derechos humanos, pero también en su calidad de vida. Nuestra ley fundamental apuesta por estos amplios objetivos, asumiendo que alcanzarlos exige respeto a la Nación, patria común de los españoles (artículo 2).

La Nación es el gran fundamento, el pilar que sostiene nuestra seguridad y nuestra vida. En momentos como los que ahora vivimos, no es tan relevante el debate político como la solidaridad democrática, proclamada en el mismo precepto constitucional. Una solidaridad que la Carta recoge como concepto jurídico, pero que despliega sus efectos en el contexto social.

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Respeto Constitucional. Por Álvaro Redondo Hermida.

En el debate público domina la cuestión relativa al juramento o promesa de lealtad a la Constitución, llevado a cabo por algunos parlamentarios, con ocasión de la instalación de la XIV legislatura ordinaria. El juramento es el acto más solemne que puede imaginarse. Consiste en poner a la divinidad por testigo de la certeza de lo que ofrecemos o afirmamos. En la concepción judeocristiana, jurar en falso es faltar contra el Segundo Mandamiento. Fuera del contexto religioso, la promesa equivalente consiste en ofrecer, por el propio honor, la certeza del cumplimiento de lo anunciado o de lo afirmado.

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Fiscalía y Gobierno. Por Álvaro Redondo Hermida.

El Ministerio Fiscal asume diversas concepciones institucionales, según los diversos países que consideremos. A lo largo de nuestra propia evolución jurídica, en España hemos ido consolidando una idea esencial para el Estado de Derecho: la imagen de un Fiscal imparcial, autónomo del poder político, que ejerce sus funciones constitucionales con arreglo a la ley, procurando hacer justicia y defender el interés público.

La actual concepción de nuestra función es posiblemente la más avanzada y democrática que jamás hemos tenido. Hasta 1969, la legislación proclamaba que el Fiscal era un órgano de comunicación del Gobierno con el poder judicial. No está mal desarrollar una función de esa índole. Si el Gobierno es democrático y se rige por la ley, actuar como su valedor y representante es una función honrosa. Los embajadores de España representan al Gobierno de la Nación ante el propio de las naciones amigas o aliadas. Los señores Abogados del Estado defienden los intereses del Gobierno, considerado como Administración Civil del Estado, ante todos los órganos institucionales, tanto judiciales como administrativos, y lo hacen desde la plena legitimación que les concede el interés general al servicio del que actúan. Los Delegados del Gobierno tienen una función esencial en el ámbito territorial, siendo la defensa de la seguridad pública una de las más relevantes, y que más aprecian los ciudadanos honrados, que esperan poder desarrollar libremente su personalidad en paz y libertad.

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