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Violación y vejación. Por Álvaro Redondo Hermida.

En el debate social se encuentra muy presente el ataque contra la libertad sexual, cuyos caracteres penales parecen no haberse delimitado aún con toda claridad.

La circunstancia de que diversos tribunales, ante unos mismos hechos acreditados, asuman posiciones divergentes nos habla, en primer lugar, de la notable independencia institucional que han alcanzado nuestros jueces. Podemos afirmar que, en cierto modo, la dispersión de criterios es el gran tributo que nuestra sociedad debe pagar, si quiere conservar jueces independientes e imparciales, que sólo apliquen en conciencia las normas jurídicas.

No obstante, también es verdad que, en ocasiones, la diferencia de criterios parece poner en entredicho la unidad jurisdiccional, así como el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Todos sabemos que el Fiscal, salvo algunos casos absolutamente imprevisibles, actuará siguiendo unos criterios esencialmente homogéneos, a la hora de interpretar y aplicar nuestras leyes. El principio de unidad de actuación previsto en su Estatuto así lo permite. Sin embargo, la independencia judicial provoca que, al menos en ocasiones, nos dé la impresión de que el destino del proceso depende de las convicciones del magistrado responsable.

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Visto para sentencia. Por Álvaro Redondo Hermida.

A última hora de la tarde del miércoles 12 de junio de 2019, el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo pronunció una de las frases más esperadas de los últimos tiempos: visto para sentencia. Tres palabras que sabíamos que tenían que venir, que hubiera sido muy grave que no vinieran. Unas palabras que todos hemos querido escuchar con atención, quizá esperando algo más que una expresión técnica, destinada a poner fin a la vista oral del proceso más importante de nuestra historia.

Un proceso que ha puesto en valor la solidez de nuestro sistema judicial, especialmente su notable independencia respecto del poder político. Cualquier ciudadano sabe que los siete jueces que han presidido los debates no se encuentran sometidos al gobierno. Resulta inimaginable no sólo la presión sobre los jueces, sino incluso el menor contacto entre las autoridades políticas y los magistrados.

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Poder Constituyente. Por Álvaro Redondo Hermida.

Cuarenta años de vigencia de una norma legal constituyen un tiempo relevante que abraza dos generaciones, marcando profundamente la cultura política y social. Los que tuvimos la suerte de aprobar el actual texto constitucional en referéndum, con el entusiasmo propio de la juventud, sabemos que no se trató de un ejercicio habitual de la facultad de decidir. Elecciones hay muchas, iniciativas populares también. Sin embargo, nuestra historia no anda sobrada de plebiscitos. Nunca hasta entonces se había sometido un texto fundamental al veredicto del pueblo, y es posible que ello no vuelva a ocurrir en muchos años. El referéndum supuso un compromiso ciudadano, pues los españoles no sólo decidieron el modelo de gobierno que querían adoptar, sino que también asumieron el propósito de sostener la democracia.

La Constitución no fue puesta en vigor por el Parlamento, ni homologada por ninguna sentencia nacional o internacional. Ciertamente se aprobó en el parlamento y ha sido interpretada en innumerables resoluciones judiciales. Pero su naturaleza no depende de ello. La Constitución es el acto supremo del poder constituyente del pueblo español, titular único de la soberanía nacional, del que emanan todos los poderes y a cuya voluntad se sujetan todas las instituciones de España. Dicho poder no reside en los parlamentos autonómicos, por lo que ninguna mayoría legislativa de ámbito territorial puede atribuirse la facultad de alterar el texto constitucional. La Constitución deriva del acto soberano que convirtió en norma las aspiraciones de los ciudadanos, que quisieron realizar los valores que sostienen la nación.

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