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La investigación para el Fiscal. Por Álvaro Redondo Hermida.

Desde el año 2000 el Fiscal es el instructor en los procesos penales, cuando el responsable de los hechos es un menor. En dicho sector del Derecho, se ha evidenciado el éxito de la transferencia de funciones investigadoras, desde el juez de menores al fiscal de menores, estando tan asumida tal situación que nadie se plantea su reforma.

Sin embargo, y como una anomalía en el concierto de las naciones de nuestro entorno, la investigación de los delitos cometidos por adultos todavía se encomienda a un juez, no obstante la previsión constitucional, que faculta a los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado, así como prestar la garantía de algún derecho. La actual realidad jurídica de nuestro sistema, que sustrae al Ministerio Público el cumplimiento pleno de su función de promover la justicia, no obstante contar para ello con facultades de investigación y la policía judicial, parece que podría enmendarse, en virtud de una anunciada reforma de la legislación.

Criticar al Poder Judicial. Por Alvaro Redondo Hermida.

Los recientes ataques contra monumentos históricos, algunos impulsados por enemigos de España y su presencia universal, responden a una tentación recurrente, la de imponer las ideas propias, sin respetar el pensamiento ajeno. Es una tendencia paralela a la intención de construir la historia, en lugar de dejar su descripción, valoración y crítica al espíritu libre de los ciudadanos.

Resulta difícil superar la tentación de imponer las ideas propias, cuando se actúa desde las instituciones. Montesquieu ya se dio cuenta: quien tiene algún poder, tiende a conservarlo, quien lo tiene en grado sumo se niega a compartirlo, quien es un mandatario se cree un mandarín.
Hay un poder especialmente irritante para quien manda: el poder judicial. Su notable independencia, su capacidad de pronunciar palabras de ley, su carencia de jefes, aunque tenga superiores, su intensa facultad de resolver, sin recibir nunca órdenes. Son cualidades del juez, que ponen nervioso a quien no tolera la réplica, ni está dispuesto a reconocer el propio error, ni las propias limitaciones. Paradójicamente, el tan incómodo poder judicial es débil, dependiente económicamente, exigente laboralmente, severo éticamente.

Constitución y Solidaridad. Por Álvaro Redondo Hermida.

Considerada como una facultad relevante del espíritu humano, la solidaridad consiste en apoyar a nuestros semejantes en los momentos más difíciles. Esta aproximación al sentido académico del término alcanza en estos tiempos una realidad tangible, mensurable, visible como en pocas ocasiones.
La pandemia que nos golpea, que poco se diferencia de algunos episodios dramáticos de nuestra historia, ha hecho aparecer actitudes generosas, así como la conciencia de la necesidad de aglutinar las fuerzas sociales. Este momento heroico que atraviesa nuestra sociedad nos lleva a reflexionar sobre la relevancia que, tanto en el ámbito jurídico como político, alcanza el principio de solidaridad.

La nación española es el pilar sobre el que descansa nuestro sistema jurídico. No es la Constitución la que ha creado a España, sino a la inversa. Una España que surge de la unión inmemorial de sus pueblos, solemnemente proclamada en el Preámbulo de la Carta de Cádiz. En ella se afirma que la soberanía reside esencialmente en la Nación, para asegurar cuyo bienestar las Cortes aprueban la Constitución (artículos 14 y 27).

Justicia Solidaria. Por Álvaro Redondo Hermida

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, el pueblo español ha querido establecer una sociedad segura, capaz de proteger a todos los españoles, como indica el Preámbulo de nuestra Carta. Protegerlos en sus derechos humanos, pero también en su calidad de vida. Nuestra ley fundamental apuesta por estos amplios objetivos, asumiendo que alcanzarlos exige respeto a la Nación, patria común de los españoles (artículo 2).

La Nación es el gran fundamento, el pilar que sostiene nuestra seguridad y nuestra vida. En momentos como los que ahora vivimos, no es tan relevante el debate político como la solidaridad democrática, proclamada en el mismo precepto constitucional. Una solidaridad que la Carta recoge como concepto jurídico, pero que despliega sus efectos en el contexto social.

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Respeto Constitucional. Por Álvaro Redondo Hermida.

En el debate público domina la cuestión relativa al juramento o promesa de lealtad a la Constitución, llevado a cabo por algunos parlamentarios, con ocasión de la instalación de la XIV legislatura ordinaria. El juramento es el acto más solemne que puede imaginarse. Consiste en poner a la divinidad por testigo de la certeza de lo que ofrecemos o afirmamos. En la concepción judeocristiana, jurar en falso es faltar contra el Segundo Mandamiento. Fuera del contexto religioso, la promesa equivalente consiste en ofrecer, por el propio honor, la certeza del cumplimiento de lo anunciado o de lo afirmado.

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Fiscalía y Gobierno. Por Álvaro Redondo Hermida.

El Ministerio Fiscal asume diversas concepciones institucionales, según los diversos países que consideremos. A lo largo de nuestra propia evolución jurídica, en España hemos ido consolidando una idea esencial para el Estado de Derecho: la imagen de un Fiscal imparcial, autónomo del poder político, que ejerce sus funciones constitucionales con arreglo a la ley, procurando hacer justicia y defender el interés público.

La actual concepción de nuestra función es posiblemente la más avanzada y democrática que jamás hemos tenido. Hasta 1969, la legislación proclamaba que el Fiscal era un órgano de comunicación del Gobierno con el poder judicial. No está mal desarrollar una función de esa índole. Si el Gobierno es democrático y se rige por la ley, actuar como su valedor y representante es una función honrosa. Los embajadores de España representan al Gobierno de la Nación ante el propio de las naciones amigas o aliadas. Los señores Abogados del Estado defienden los intereses del Gobierno, considerado como Administración Civil del Estado, ante todos los órganos institucionales, tanto judiciales como administrativos, y lo hacen desde la plena legitimación que les concede el interés general al servicio del que actúan. Los Delegados del Gobierno tienen una función esencial en el ámbito territorial, siendo la defensa de la seguridad pública una de las más relevantes, y que más aprecian los ciudadanos honrados, que esperan poder desarrollar libremente su personalidad en paz y libertad.

Violación y vejación. Por Álvaro Redondo Hermida.

En el debate social se encuentra muy presente el ataque contra la libertad sexual, cuyos caracteres penales parecen no haberse delimitado aún con toda claridad.

La circunstancia de que diversos tribunales, ante unos mismos hechos acreditados, asuman posiciones divergentes nos habla, en primer lugar, de la notable independencia institucional que han alcanzado nuestros jueces. Podemos afirmar que, en cierto modo, la dispersión de criterios es el gran tributo que nuestra sociedad debe pagar, si quiere conservar jueces independientes e imparciales, que sólo apliquen en conciencia las normas jurídicas.

No obstante, también es verdad que, en ocasiones, la diferencia de criterios parece poner en entredicho la unidad jurisdiccional, así como el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Todos sabemos que el Fiscal, salvo algunos casos absolutamente imprevisibles, actuará siguiendo unos criterios esencialmente homogéneos, a la hora de interpretar y aplicar nuestras leyes. El principio de unidad de actuación previsto en su Estatuto así lo permite. Sin embargo, la independencia judicial provoca que, al menos en ocasiones, nos dé la impresión de que el destino del proceso depende de las convicciones del magistrado responsable.

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