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Items filtered by date: Agosto 2019

Entrevista a Marta Valcarce, Fiscal de menores de Sevilla y miembro de la Ejecutiva.

La fiscal Marta Valcarce López acaba de ser nombrada  decana-delegada de Menores en Sevilla, que aglutinará las competencias de Protección de Menores y Reforma. Especializada desde 1994 en menores de edad, en 2014 pasó a ser también fiscal delegada para Protección de las Víctimas en Sevilla. En esta entrevista afirma que mucha violencia familiar se debe a que los hijos han estado demasiado consentidos,  lamenta que toda la formación de los adolescentes en materia de sexo proceda de la pornografía y afirma que a veces se topan con “procedimientos burocráticos rígidos” de la Junta que dificultan su eficiencia.

— ¿Es suficiente la plantilla de la Fiscalía de Menores?

Ahora hay siete fiscales en Reforma y cinco en Protección. Antes éramos uno más en Reforma y funcionábamos mejor, pero comprendo que la Fiscalía de Sevilla no ha tenido aumento de plantilla desde hace bastante tiempo y todos los compañeros tienen una gran carga de trabajo.

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La protección del medio ambiente, un derecho fundamental. Por Javier Ródenas Molina.

Año 1978: Nuestra Constitución configura la protección del medio ambiente como un principio rector de la política social y económica de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Año 2019: ¿Por qué no configurarlo como un derecho fundamental? El progreso debe evolucionar al compás de un armónico equilibrio con nuestro entorno. Si se desnivela el desarrollo en detrimento de nuestro medio ambiente, nos dañamos todos un poco más.

Conviene no poner en duda que la protección del medio ambiente es un ejercicio de unión con la vida, que dañarlo es tanto como autolesionarnos y que no puede quedar sometido a la tiranía inconsciente de quien desprecie la verdadera dimensión del problema. Está en juego nuestra futura supervivencia y también la de muchas formas de vida, especies y hábitats que merecen una fundamental protección.

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El 'top manta' y las tres 'p'. Por Eva Mas Curiá.

SI BIEN el llamado top manta viene siendo un tipo de negocio ilícito al que la sociedad se ha acostumbrado a fuerza de convivir con él, es obligado reconocer que en los últimos tiempos está generando un serio debate en los medios de comunicación consecuencia del aumento exponencial de este fenómeno unido a las nuevas formas en las que va desplegándose.

Tal es así, que en las playas los llamados manteros han pasado de vender imitaciones fraudulentas de los más variados productos a ofrecer todo un abanico de servicios que incluyen desde masajes corporales a bebidas y cócteles de dudoso origen y, por supuesto, sin control sanitario alguno. Todo ello ha llevado a que el top manta genere un malestar palpable en la sociedad, que lo concibe como un fenómeno de competencia ilegal, que en ocasiones -cada vez más- genera escenarios violentos (enfrentamientos con policías y con turistas) y que supone un potencial riesgo para la salud pública ante las condiciones de insalubridad de los productos ofrecidos. De ahí que cada vez sean más las voces que piden respuesta enérgica frente a dicho fenómeno.

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La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado han organizado el curso “Delitos y Administración Pública” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Santander, 12 de julio de 2019.

Jueces, magistrados, fiscales y abogados del Estado reflexionan sobre los delitos que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios.

Conscientes de que algunas de las conductas delictivas que más preocupan a los ciudadanos son aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado han centrado en este ámbito el curso conjunto que organizan anualmente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que en esta edición se ha celebrado bajo el epígrafe “Delitos y Administración Pública”.

Ponentes ambos a propuesta de la Asociación de Fiscales, el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue el encargado de abrir el curso con la conferencia “La colaboración de la administración y las instituciones en la investigación de la delincuencia económica”, mientras que el Magistrado del Tribunal Constitucional y anteriormente Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, disertó sobre los “Delitos cometidos por los funcionarios públicos: consecuencias jurídicas para las administraciones”.

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El fiscal jefe Anticorrupción aboga por la colaboración entre los poderes del Estado para combatir la corrupción.

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES, LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA Y LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL ESTADO HAN ORGANIZADO EL CURSO “DELITOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el magistrado del Tribunal Constitucional (y fiscal en servicios especiales); los tres intervinieron en el curso.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el magistrado del Tribunal Constitucional (y fiscal en servicios especiales); los tres intervinieron en el curso.

La complejidad de los comportamientos delictivos exige la legal colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado para poder combatir la corrupción y la delincuencia económica con mayor eficacia, según manifestó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de su intervención en el curso “Delitos y Administración pública” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

En este sentido, Luzón confirmó que la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción ha implicado una mejora en la persecución de estos delitos.

Precisamente, son estas conductas delictivas las que más preocupan a los funcionarios y, de forma específica, aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, según los representantes de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado, coorganizadores del curso.

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Cristina Dexeus: “En Cataluña hay tendencia a conceder el tercer grado demasiado rápido a los políticos”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Cristina Dexeus preside la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y ejerce como fiscal en Barcelona, su ciudad natal, donde ha vivido y sufrido las consecuencias del procés para la Justicia y sus profesionales. Desde esa atalaya defiende la independencia con la que la Fiscalía ha actuado en éste y otros casos, pero reclama también que la reforma pendiente de la justicia atienda a las reivindicaciones de su asociación para que el Ministerio Fiscal, además de ser independiente “lo parezca”.

Reclama a los políticos responsabilidad en sus declaraciones públicas para dejar constancia de esa independencia y recuerda al Gobierno que, si no está de acuerdo con las calificaciones del fiscal, “tiene sus mecanismos para responder a decisiones judiciales, el indulto”. Ésa es la vía, señala, para imponer su criterio sin presionar a la Fiscalía.

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