Últimamente, y una vez más, los ciudadanos pueden observar cómo se arrojan dudas sobre la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal al hilo de la actuación de la Fiscalía anticorrupción en un concreto caso. Sin embargo, nadie se ha congratulado públicamente del funcionamiento de las garantías que a los fiscales otorga su estatuto orgánico. Y tampoco nadie ha razonado sobre el daño que las dudas suscitadas hacen a la reforma de un proceso penal, el español, de origen decimonónico, claramente ineficaz para ordenar la reacción de la Sociedad frente al crimen actual, y que simplemente ya no funciona.