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Fiscalía y Gobierno. Por Álvaro Redondo Hermida.

El Ministerio Fiscal asume diversas concepciones institucionales, según los diversos países que consideremos. A lo largo de nuestra propia evolución jurídica, en España hemos ido consolidando una idea esencial para el Estado de Derecho: la imagen de un Fiscal imparcial, autónomo del poder político, que ejerce sus funciones constitucionales con arreglo a la ley, procurando hacer justicia y defender el interés público.

La actual concepción de nuestra función es posiblemente la más avanzada y democrática que jamás hemos tenido. Hasta 1969, la legislación proclamaba que el Fiscal era un órgano de comunicación del Gobierno con el poder judicial. No está mal desarrollar una función de esa índole. Si el Gobierno es democrático y se rige por la ley, actuar como su valedor y representante es una función honrosa. Los embajadores de España representan al Gobierno de la Nación ante el propio de las naciones amigas o aliadas. Los señores Abogados del Estado defienden los intereses del Gobierno, considerado como Administración Civil del Estado, ante todos los órganos institucionales, tanto judiciales como administrativos, y lo hacen desde la plena legitimación que les concede el interés general al servicio del que actúan. Los Delegados del Gobierno tienen una función esencial en el ámbito territorial, siendo la defensa de la seguridad pública una de las más relevantes, y que más aprecian los ciudadanos honrados, que esperan poder desarrollar libremente su personalidad en paz y libertad.

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«Montar una reacción tan violenta a la sentencia es antidemocrático». Entrevista a Cristina Dexeus en ABC.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, avisa de que la violencia puede convertirse en la «forma ordinaria de manifestación» en Cataluña.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que ejerce en la Fiscalía Provincial de Barcelona - ABC

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que ejerce en la Fiscalía Provincial de Barcelona - ABC.

- La Asociación de Fiscales, nacida en 1980 y «ajena a cualquier adscripción política», según sus estatutos, vela por los derechos de sus asociados. Pero entre sus fines está también el de defender los principios, derechos y libertades consagrados por la Constitución, y que el independentismo ha violado sistemáticamente en los últimos años. De esto hablamos con la presidenta de la Asociación, Cristina Dexeus.

- Barcelona ha registrado los disturbios callejeros más violentos que los Mossos recuerdan, protagonizados una parte del independentismo...

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"Ahora vemos el vandalismo que se escondía detrás del independentismo". Entrevista a Cristina Dexeus.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, la barcelonesa Cristina Dexeus, analiza en esta entrevista la situación de Cataluña y de la carrera fiscal.

—Hemos visto en las últimas semanas episodios de violencia en las calles de Barcelona que, según las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, no tienen precedentes en Cataluña ni en el resto de España. ¿Cómo deben perseguirse a nivel judicial?

—Es verdad que no habíamos visto un vandalismo como el de los últimos días. Hemos visto barricadas, lanzamientos de piedras, de vallas y de proyectiles contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Posiblemente, sean merecedores de la sanción correspondiente a un delito de desórdenes públicos agravado.

—¿Le llama la atención el perfil de los violentos?

—Sí, son gente muy joven, que apenas han llegado a la mayoría de edad y que ni siquiera sabe por qué lo hacen. Estoy convencida de que ninguno de ellos se ha parado a ver ninguna sesión del juicio del procés, de que ninguno ha leído el escrito de acusación del fiscal y mucho menos ha leído la sentencia. Han salido a la calle a prender fuego porque en cierto modo la manipulación que se ha hecho de esta juventud la ha conducido al radicalismo.

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Diez expertos analizan la violencia de los disturbios de Cataluña.

Gabriel Colomé (politólogo), Ramon Font (sindicalista), Cristina Dexeus (fiscal), Pau Marí-Klose (sociólogo), Silvia Carrasco (antropóloga), Montserrat Baras (politóloga), Maribel Fernández (comunicación), Xavier Arbós (jurista), Roger Molinas (arqueólogo) y Carme Freixa (psicóloga), analizan la violencia

Gabriel Colomé (politólogo), Ramon Font (sindicalista), Cristina Dexeus (fiscal), Pau Marí-Klose (sociólogo), Silvia Carrasco (antropóloga), Montserrat Baras (politóloga), Maribel Fernández (comunicación), Xavier Arbós (jurista), Roger Molinas (arqueólogo) y Carme Freixa (psicóloga), analizan la violencia.

Narcisismo, frustración, tendencia global… Especialistas en derecho, comunicación, psicología, antropología y sociología valoran en ‘Crónica Global’ los incidentes posteriores a la sentencia del 1-O

Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O, el activismo independentista ha salido a la calle, donde grupos radicales han provocado gravísimos disturbios. Diez expertos analizan para Crónica Global las causas de esos incidentes bajo el prisma de la psicología, la sociología, el derecho, la comunicación y la antropología.

Para unos, los hechos ocurridos no tienen precedentes y estaban perfectamente organizados. Para otros es la presencia policial la desencadenante de esos actos vandálicos, en los que ven narcisismo y frustración. Y también una tendencia global, con ejemplos como Francia (chalecos amarillos), Chile o Hong Kong.

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En nombre de los Derechos Humanos. Por Antonio Roma.

En los últimos meses hemos escuchado en los sectores del independentismo catalán frecuentes y crecientes alusiones a los "derechos humanos" y a la "democracia" como base justificativa, entre otros, de los hechos que trajeron como consecuencia la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra unos líderes políticos. A medida que se repiten estas alusiones las palabras resultan más vacías, en particular si las confrontamos con los acontecimientos que se comentan o se producen a continuación. Hoy no cabe sino referirse a las críticas  de quienes recurren a los "derechos humanos" y a la "democracia" realizan para descalificar una resolución judicial.

Como demócrata convencido y activo defensor de los derechos humanos no puedo sentir sino repulsa por el tono con que estas palabras se esgrimen frente a quien no comparte una posición política y los medios empleados para hacerla valer. En democracia no es admisible que nadie otorgue a los demás el carnet de demócrata, por el contrario, esta forma de proceder que manifiesta el pensamiento único contiene la simiente del totalitarismo. No voy a comentar en este punto mi opinión en torno al sorprendente y limitado concepto de democracia que se encuentra detrás del planteamiento de quienes lo repiten de manera ritual, sino que me voy a referir a lo que sucede con el otro concepto.

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Después de la sentencia. Por Pedro Díaz Torrejón.

La Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria instituyó un sistema de individualización científica de la pena privativa de libertad estructurada en grados de cumplimiento que se definía por su flexibilidad, de forma que no existía un período mínimo obligatorio de estancia en cada grado penitenciario, sino que obedecía a la evolución del interno, a su pronóstico de reinserción social y a su comportamiento en el centro penitenciario. Esto determinaba que en delitos graves y con penas extensas el penado podía (“en abstracto”) acceder al tercer grado, de manera que el período de cumplimiento efectivo de la pena en centro penitenciario pudiera llegar a ser muy reducido.

Para evitar esta consecuencia perniciosa del sistema, se modificó el Código Penal con la LO 7/2003, que reguló, en el artículo 36.2 CP, el llamado “período de seguridad”. Dicho precepto establecía que «cuando la duración de la pena de prisión impuesta fuese superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta». La idea del legislador, por tanto, era garantizar que el condenado a penas graves cumpliera de forma efectiva en un centro penitenciario, al menos, la mitad de la condena.

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