Logo
Imprimir this page

Justicia Solidaria. Por Álvaro Redondo Hermida

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, el pueblo español ha querido establecer una sociedad segura, capaz de proteger a todos los españoles, como indica el Preámbulo de nuestra Carta. Protegerlos en sus derechos humanos, pero también en su calidad de vida. Nuestra ley fundamental apuesta por estos amplios objetivos, asumiendo que alcanzarlos exige respeto a la Nación, patria común de los españoles (artículo 2).

La Nación es el gran fundamento, el pilar que sostiene nuestra seguridad y nuestra vida. En momentos como los que ahora vivimos, no es tan relevante el debate político como la solidaridad democrática, proclamada en el mismo precepto constitucional. Una solidaridad que la Carta recoge como concepto jurídico, pero que despliega sus efectos en el contexto social.

Los jueces y fiscales cumplen una misión constitucional, sometidos al imperio de la ley (artículo 117), o respetando el principio de legalidad (artículo 124). Pero ley nunca es abstracta, no es una mera previsión teórica de valores y mandatos. Nuestra ley es una pauta de conducta, que debe interpretarse según la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada (artículo 3 CC).

La realidad social viene modelada por los ciudadanos, conforme al principio de solidaridad. Entre las comunidades españolas debe transitar una solidaridad permanente, que permita sostener el Estado de las autonomías (artículo 2 CE). Una solidaridad colectiva sobre la que se apoya el uso racional de los recursos, que aseguran nuestra calidad de vida (artículo 45 CE).

La solidaridad de los españoles siempre ha sido relevante, erigiéndose en nota característica de la comunidad, que desde 1869 proclama el propósito constitucional de proveer al bien de cuantos residen en nuestro suelo. Una solidaridad que ha llevado a miles de españoles a difundir por el mundo ideas religiosas y sociales, movidos por el humanismo que surge de nuestras tradiciones. Una solidaridad que ha convertido a España en modelo de lucha contra la violencia familiar, y de generosidad en la donación de órganos. Una generosidad que en este tiempo viene puesta a prueba por la pandemia que nos golpea, y que reclama un nivel de entrega difícilmente comparable con otro desafío.

La mayor exigencia del momento consiste en la unidad nacional y la coordinación de las iniciativas. Ni siquiera el reto que significó el golpe contra la nación de 2017 ha concitado tantas voluntades, de ciudadanos valerosos dispuestos a defender lo mejor de nuestras tradiciones.

Las autoridades han asumido la función de aunar esfuerzos, dirigiendo la política nacional hacia un objetivo de defensa y recuperación. Esta actitud marca un punto de inflexión en lo que, hasta ahora, parecía una deriva imparable de deterioro de la conciencia política nacional. Se enmarca en un concierto espontáneo de voluntades, que ha llevado a los ciudadanos a aplaudir por las noches la entrega heroica del personal sanitario, el más expuesto al mal. Qué actuales suenan las palabras del Alcalde de Móstoles, al convocar a los ciudadanos el dos de mayo de 1808, para hacer frente a la invasión extranjera de nuestra patria: “…somos españoles…acudamos al socorro de Madrid y demás pueblos…no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son…”

La pandemia pasará, como acaban los malos momentos que todos los pueblos tienen que afrontar. Acabó la invasión extranjera, como también las guerras civiles y la injusticia terrorista, gracias a la serena labor de ciudadanos honrados. También pasará este virus letal. El dolor causado será reparado en la medida de nuestras fuerzas, aun dejando su recuerdo en nuestro espíritu. Sin embargo, el respeto espontáneo del pueblo ante la llamada de sus gobernantes legítimos, la generosa entrega de los ciudadanos y sus organizaciones, y la convicción de que en los grandes momentos la unidad nacional no se cuestiona, son hechos relevantes que dejarán su impronta en la sociedad y en las instituciones.

Se hará justicia. Los magistrados sabrán compensar los perjuicios sufridos por los ciudadanos, todo ello conforme a las leyes. Unas leyes que salen al paso del daño injusto, dando a cada uno lo suyo, asegurando de esta manera la paz social. Pero superando el ámbito de las instituciones, la conciencia nacional resultará más respetada, porque cumpliendo leyes democráticas habremos vencido los golpes injustos de la fatalidad.

Publicado en La Razón, 22-3-20

Por Álvaro Redondo Hermida
Fiscal del Tribunal Supremo

Asociacion de Fiscales © A.F. | Reservados todos los derechos