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Cristina Dexeus: “En Cataluña hay tendencia a conceder el tercer grado demasiado rápido a los políticos”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Cristina Dexeus preside la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y ejerce como fiscal en Barcelona, su ciudad natal, donde ha vivido y sufrido las consecuencias del procés para la Justicia y sus profesionales. Desde esa atalaya defiende la independencia con la que la Fiscalía ha actuado en éste y otros casos, pero reclama también que la reforma pendiente de la justicia atienda a las reivindicaciones de su asociación para que el Ministerio Fiscal, además de ser independiente “lo parezca”.

Reclama a los políticos responsabilidad en sus declaraciones públicas para dejar constancia de esa independencia y recuerda al Gobierno que, si no está de acuerdo con las calificaciones del fiscal, “tiene sus mecanismos para responder a decisiones judiciales, el indulto”. Ésa es la vía, señala, para imponer su criterio sin presionar a la Fiscalía.

 Dexeus niega además la definición de la AF como “asociación conservadora”. Lo atribuye a la creación de la Unión Progresista de Fiscales. “Ellos sí se califican y, a sensu contrario, a nosotros nos califican de conservadores cuando nunca hemos hecho gala de ideología alguna”, lamenta. Y defiende, por contra, que “nosotros somos radicalmente independientes”.

Pregunta.-La AF ha reclamado una investigación en profundidad sobre la intervención de la Generalitat en medios informáticos de Justicia. El Govern dice que se trata de una intervención de control general a toda la administración para evitar el uso no reglado de esos medios informáticos.

Respuesta.-Es cierto que el material informático es de la Generalitat y nos lo presta para hacer nuestro trabajo, pero en nuestros ordenadores tenemos contenidos muy sensibles, datos protegidos no solo propios, sino de ciudadanos que tienen sus causas en la administración de Justicia. Por eso creo que esta explicación no es suficiente, la Fiscalía General y el CGPJ tendrán que ponerse serios con la Generalitat para ver cómo se hace esta labor de control y si tiene que ser asistida por la Fiscalía y el CGPJ para que tengamos la tranquilidad de que no se utiliza este eufemismo para controlar lo que estamos haciendo.

P.-El proceso independentista ha supuesto una presión añadida para jueces y fiscales. ¿Cómo la están viviendo?

R.-Como cualquier ciudadano responsable y sensato, con la inquietud propia del momento. En la época más dura, septiembre y octubre de 2017, con más preocupación porque desconocíamos hacia donde íbamos. Lo hemos sobrellevado y en este momento con absoluta normalidad.

P.-Todos los profesionales de la Administración de Justicia se quejan de la falta de medios y el abandono de los edificios en Cataluña. ¿Cree que la Generalitat está haciendo dejación de funciones porque ve a la Justicia como una administración que le va en contra?

R.-Da la sensación de que no nos quieren demasiado, siempre hay un pero para dotarnos de más medios, para arreglar los edificios, conceder funcionarios interinos… Si la situación existente desde el punto de vista político fuera normal la relación sería mucho más fluida y la disponibilidad mayor.

P.-La Generalitat argumenta que el Gobierno no hace las transferencias para cubrir esas necesidades mientras se embolsa lo recaudado en tasas judiciales.

R.-Esto no pasa en otras comunidades. En Canarias, por ejemplo, se ha dotado de medios materiales brutales para la digitalización del expediente judicial. Ha habido medios y los han dedicado a algo provechoso. En otras comunidades no existe esta dejadez.

"Me parece infame negar que en Cataluña tuviera que actuar la justicia” tras el 1-O."

P.-¿Lo asocia a las acusaciones a la Justicia de ser la palanca de la “represión” contra el independentismo?

R.-Para el independentismo somos la bicha. Según ellos, la Justicia no debería haber intervenido, debería haber consentido que los políticos hicieran de su capa un sayo como venían haciendo. Es un cuento lamentable, considerar que los fiscales o los jueces somos los malos que atacamos al independentismo porque somos el aparato represor del Estado. Me parece infame negar que en Cataluña tuviera que actuar la justicia. Si unos responsables políticos, que son quienes ostentan la representación del Estado en Cataluña, cometen hechos delictivos, se les advierte de que están incurriendo en conductas descritas en el código Penal, van en contra de las resoluciones judiciales, del Tribunal Constitucional… es obvio que la justicia tenía que actuar.

P.-Este proceso incide en la Fiscalía. ¿Sale especialmente perjudicada su imagen de independencia después de casos de corrupción en los que ya se les había cuestionado?

R.-Si alguien observa imparcialmente los casos de corrupción donde el fiscal ha acusado y ha conseguido condena, da igual de qué partido fueran, se daría cuenta de que más allá de lo que cada uno pueda percibir se actúa contra los corruptos. En el procés es más evidente todavía que nos hemos mantenido al margen absoluto del Ejecutivo. El Gobierno ha estado presionando, intentando que se modificara la calificación jurídica del fiscal, pero los cuatro fiscales que han llevado el asunto desde el inicio y fueron designados por el fiscal Maza han mantenido un criterio jurídico constante pese a las presiones. Y ahí la Fiscal General del Estado no se ha opuesto a ese criterio, lo ha respaldado. Es el ejemplo más palmario de que no estamos al dictado del Gobierno. El Abogado del Estado está incardinado en el Ministerio de Justicia y tiene una función diferente del Fiscal. El Fiscal defiende la legalidad y es lo que se ha hecho en este caso. El criterio de los cuatro fiscales es que las conductas encajaban en el tipo penal de la rebelión y es lo que han hecho y mantenido. Lo que ha ocurrido con el abogado del Estado ha sido un drama.

"En el juicio al procés el Gobierno ha estado presionando y la Fiscalía ha mantenido su criterio jurídico con respaldo de la Fiscal General."

P.-¿El Gobierno se excedió forzando la renuncia de Edmundo Val?

R.-Tienen la posibilidad de hacerlo y lo han querido hacer. A mí me parece chapucera la manera de actuar presionando a unos y otros.

P.- ¿María José Segarra debe continuar como Fiscal General?

R.- No me corresponde a mí decirlo porque no tengo capacidad para su cese ni nombramiento. Lo que ha hecho ha sido dejar a los fiscales del procés mantener su criterio. Hay cosas en las que ha acertado más y en otras menos, pero no es una cuestión que a mí me competa.

P.- Sí han sido críticos con la forma de designar y cesar al Fiscal General.

R.-No sólo hay que ser independiente sino parecerlo. Ante la ciudadanía, la forma clara de exponer esa separación sería poner obstáculos al nombramiento o cese del Fiscal General. Que su mandato no coincidiera con el del Gobierno que lo ha nombrado para evitar suspicacias en la ciudadanía.

P.-¿Tiene la impresión de que este Gobierno debe estar descontento con la Fiscal General?

R.-Los políticos deben hacer una reflexión después de todo lo que ha ocurrido y darse cuenta de que el Ministerio Fiscal en España no está concebido como la mano larga del Gobierno ante los tribunales. La Constitución quiso que fuésemos independientes ante el Gobierno pese a esa forma de designación del Fiscal General. Se debatió específicamente en el constituyente qué figura de fiscalía se quería y se apartó el sistema de la dictadura. Tienen que tener claro que no somos parte del Gobierno ni nos debemos a ningún Gobierno. Ellos tienen mecanismos ante las decisiones judiciales, por ejemplo el indulto. Cada uno que asuma su responsabilidad, y si no se está de acuerdo con la postura mantenida por la Fiscalía durante el juicio que haga uso de su potestad de su concesión de indultos. Pero que no pretenda presionar a la Fiscalía.

"Si el Gobierno no está de acuerdo con la Fiscalía que haga uso de su potestad de su concesión de indultos, pero que no pretenda presionar a la Fiscalía."

P.-Los fiscales del procés han sido muy suspicaces respecto a otra opción, que se conceda un tercer grado demasiado rápido y a la ligera a los procesados.

R.-Y hacen bien, comparto la suspicacia. Quiero dejar claro que son cuatro magníficos profesionales que han pasado momentos duros, sometidos no sólo a las presiones políticas sino también a la presión ambiental.

P.-¿En Cataluña se concede el tercer grado con demasiada alegría?

R.-Sí, creo que en las instituciones penitenciarias catalanas sí hay una cierta tendencia a la concesión excesivamente rápida a determinados reclusos.

P.-¿A los políticos?

R.-Sí.

P.-¿Ha sido excesiva la prisión preventiva impuesta a los procesados, especialmente a los que no tenían cargos políticos, como se argumenta en algunos sectores?

R.-La prisión preventiva se les ha aplicado como a muchísimos delincuentes en España. En este caso es de libro que concurrían todas las circunstancias. Había riesgo de reiteración, siguen diciendo que lo volverán a hacer; había riesgo de fuga desde el momento en que se fugaron varios, y claro que existía riesgo de ocultación de pruebas, y las penas a las que se enfrentaban eran graves. ¿Si para ellos no se solicita la prisión preventiva vamos a pedirla para un señor que está robando por la calle? Han tenido las mismas garantías en todo el procedimiento que los demás delincuentes.

P.-¿Teme las consecuencias de la sentencia en Cataluña, sobre todo las presiones que va a tener que soportar la Administración de Justicia?

R.-Las mismas consecuencias que se pensó que podría haber cuando se incoó el procedimiento, cuando se calificó, cuando se ha celebrado el juicio, las mismas que ha habido durante todo este tiempo. Habrá que ver el músculo del independentismo, la capacidad de propaganda, que la tienen y mucha, de los líderes actuales. Pero todos esos momentos los hemos superado, con más o menos dificultad los hemos ido recorriendo y ahora también lo recorreremos.

P.-¿Los fiscales están concursando para irse de Cataluña?

R.-Los concursos en estos últimos dos años han sido reducidos. Es un goteo que hace difícil acreditar la voluntad de marcha de los compañeros de la comunidad porque es muy difícil salir. Pero en su momento sí se ha manifestado el interés en marcharse de compañeros, claro, no es plato de gusto. Más aún cuando en Cataluña no existe tradición de oposición, nos nutrimos de compañeros del resto de España que normalmente quieren volver a sus lugares de origen. Si a eso le unes una situación de incomodidad o presión, el interés por marcharse es mayor.

P.-Los dos últimos gobiernos han sufrido las primeras huelgas de la justicia.

R.-Hubo una huelga anterior muy parcial. Frente al Gobierno de Rajoy se convocó y realizó una huelga de todas las asociaciones de jueces y fiscales y el 19-N pasado hicimos otra huelga frente al Gobierno de Sánchez. En ningún caso se nos han ofrecido las peticiones que veníamos reclamando las siete asociaciones.

P.-¿Qué es lo primero a lo que debería dar respuesta el próximo gobierno?

R.-Más allá de las peticiones concretas de todos los colectivos, lo primero debería ser retomar el pacto nacional por la justicia. Sentarse todos los partidos para ver qué se necesita para mejorar los tiempos de la justicia, su organización, funcionamiento, y los medios materiales. Eso que se hizo en la legislatura pasada y que se rompió sin llegar a ningún acuerdo. ¿Finalmente se va a encomendar la instrucción al fiscal? ¿Cómo se dibuja la planta judicial? ¿Cómo se hace la digitalización de la justicia? ¿Cómo se elige al CGPJ? Eso debería ser lo primero y a partir de aquí organicemos bien la justicia.

"Los partidos deben retomar el pacto nacional por la justicia, sentarse todos para acordar qué se necesita para mejorar los tiempos, organización y funcionamiento."

P.-¿Cuáles son las propuestas para garantizar la independencia de los fiscales?

R.- Hay varias cosas además del nombramiento del Fiscal General, que no necesariamente pasa por el Congreso -tampoco creo que en este momento las mayorías en España permitan un nombramiento, igual se bloqueaba y teníamos fiscal ad eternum-. Deberíamos tener autonomía presupuestaria, como el CGPJ, y no depender así del Ministerio; poder autorregularnos, ya que ahora dependemos de las iniciativas del Ministerio de Justicia, la formación de los fiscales… hay muchos aspectos en los que se puede incidir para dejar esa idea de que el fiscal depende del Ministerio de Justicia. Cortar de una vez el cordón umbilical.

P.-Ada Colau reclama a la Fiscalía medidas para acabar con la reincidencia.

R.-Eso es de un desconocimiento supino de cómo funcionan las instituciones. Quien dicta las reglas es el Congreso, los políticos, ella. Son los que tienen la potestad de legislar y mejorar la legislación existente y no sé por qué no lo hacen, es muy fácil. Nosotros aplicamos la ley y no podemos cargarnos las garantías de los investigados. No podemos ser un sherif.

P.-¿El procés es una prueba de estrés a nivel internacional para la justicia española?

R.-Inicialmente todo el mundo ha sido consciente de que después estaría Europa, pero siempre está. La manera de tratar el procedimiento de inicio a final ha sido extrapolable al resto de procedimientos. Se ha magnificado porque se ha retransmitido y había mayor interés mediático pero nada de lo que se ha hecho es distinto de lo que se hace en otros procedimientos. Por cierto, España es de los estados con menos resoluciones en contra de los tribunales europeos. Por si alguien cree que somos un país bananero, nuestras garantías procesales están muy salvaguardadas.

Fuente: El Independiente