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¿Quién juzga a los jueces? Por Luis Anguita.

Jueces que son apartados, expedientados o inhabilitados han sido protagonistas de noticias que han sacudido a la opinión pública en los últimos años. Dos representantes de la justicia, Luis Anguita Juega, delegado de la Asociación de Fiscales de A Coruña, y Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados, contestan a la siguiente pregunta: ¿Quién juzga al juez?

El imperio de la ley

Nuestra Constitución recoge en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Este es un principio fundamental: nadie puede estar por encima de la ley, y todos los ciudadanos y poderes del Estado, están sujetos a un control judicial y pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias y penales.

Para este control es fundamental la existencia de un poder judicial independiente, así se recoge en nuestra norma fundamental, cuando establece en su artículo 117, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Por tanto podemos afirmar que la independencia judicial es la base de un Estado de derecho, donde nadie puede ser impune si incumple la ley.

El límite de actuación de cualquier ciudadano debe de estar en la ley, ello implica que nadie, pueda ir contra ella, ni siquiera los miembros del poder judicial, porque nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara y establece de manera taxativa, que los jueces y magistrados están sometidos al imperio de la ley.

Ello supone que si en el ejercicio de su función, un miembro del poder judicial, al igual que ocurre con cualquier ciudadano, infringe la ley, puede ser sancionado, dependiendo de la infracción que cometa por vía disciplinaria o incluso penal, dependiendo de la gravedad de los hechos que se le imputan.

Esta es la garantía del Estado de derecho, que el poder judicial tiene que ser independiente, pero ello no significa que haya un poder absoluto, por cuanto la independencia del juez, le obliga a someterse a la ley.

El control de los jueces se hace, en primer lugar, desde el propio Consejo General del Poder Judicial, una institución que debe de inspeccionar por medio de su comisión disciplinaria, que está compuesta por siete vocales, cuatro pertenecientes a la carrera judicial y tres elegidos entre juristas de reconocida competencia.

Esta comisión se encarga de la recepción de quejas y denuncias que se puedan formular contra los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, y es la competente para la iniciación e instrucción de expedientes contra los jueces, e imposición en su caso de las sanciones disciplinarias que procedan.

Pueden incurrir en responsabilidad penal si en el ejercicio de su profesión cometen algún delito. Ello supone una garantía de una justicia independiente y sometida al imperio de la ley, al igual que cualquier otro poder del Estado o cualquier ciudadano.

Luis Anguita Juega - Fiscal de la Fiscalía Provincial y delegado de la Asociación de Fiscales de A Coruña