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Derechos humanos y lazos amarillos. Por Antonio Roma.

Uno de los hitos fundamentales en la defensa de los derechos civiles se produce el 11 de junio de 1963. La Corte Suprema Federal de los Estados Unidos había reconocido pocos años antes el derecho de todos los ciudadanos a la educación sin discriminación racial y ese día Vivian Malone, una joven afroamericana, acudía a la Universidad de Alabama para formalizar su matrícula académica. En la puerta de ese espacio público abierto a la educación y la ciencia, el recientemente elegido Gobernador del Estado, George C. Wallace, la esperaba acompañado de un grupo de policías para impedirle la entrada.

Tras su negativa a abrir el paso a la petición dirigida presencialmente por el Vicefiscal General, el presidente John F. Kennedy se vio obligado a convocar a la Guardia Nacional. Mientras que el gobernador pronunciaba un discurso en defensa del derecho de los Estados, el presidente formuló el suyo en defensa de los derechos civiles. Finalmente, Wallace cedió y Vivian Malone superó un pasillo formado por personas que probablemente sin pretenderlo la intimidaban. Episodio del que se hace eco con humor la excelente película Forrest Gump en 1994, para matricularse y acudir después a sus clases escoltada por la policía hasta el final de sus estudios.

El incidente pone de manifiesto la esencia de los derechos que hoy llamamos fundamentales y la necesidad de ser beligerantes en su protección. Sin duda, este haz de derechos constituyen el punto de partida del Estado de derecho y suponen el límite de la actuación de todos los poderes públicos sin excepción. Pertenecientes a los ciudadanos y no a las instituciones, los derechos fundamentales marcan un límite a la actuación pública y forman una burbuja impenetrable para las instituciones. En el marco de convivencia social exigible en las naciones modernas, el ejercicio de los derechos de los unos debe adecuarse a las libertades de los de los demás.

La actualidad viene marcada por el uso de lazos amarillos y mañana el conflicto será otro. Quienes hoy los usan quieren expresar la idea de que en España hay «presos políticos» y piden su liberación. Quienes los retiran aducen que esa idea es una forma de propaganda mendaz. Unos y otros, todos ciudadanos iguales en derechos, emplean los espacios públicos de convivencia para desarrollar el debate y los medios de comunicación reflejan enfrentamientos entre unos y otros. Quienes ponen y quitan lazos amarillos alegan el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión.

Sin duda, quien coloca un lazo en su solapa está ejerciendo ese derecho y nadie debe sentirse ofendido. Quien decide colocar ese u otro mensaje en forma de pegatina en el parabrisas de su coche también ejerce legítimamente su derecho y debe ser respetado, siempre que no falte en sus palabras el respeto a los demás. Quien pone una discreta pero visible bandera en su balcón no perjudica a nadie en el respeto del decoro urbano.

Su solapa, su coche, su balcón. Sin embargo, la prensa de estos días no trata de mensajes en solapas, sino de emblemas colocados en calles y plazas públicas, que son de todos los ciudadanos sin diferencias por razones de raza, edad, sexo o creencias políticas, religiosas o de cualquier otra clase.

Nadie es más dueño que otro de unos espacios que son ajenos porque son comunes de todos. Nadie en su sano juicio puede alegar el derecho a una vivienda digna para colocar una caravana en la plaza para vivir en ella. Nadie puede utilizar de manera incondicional los muros urbanos para colocar su propio mensaje de amor o político, que tanto da, por muy hermoso que le parezca a quien lo dibuje. Bien lo saben los grafiteros, obligados a pedir permisos a dueños de paredes y Ayuntamientos para no incurrir en infracciones y pagar los gastos de reposición de las paredes a su estado previo.

Sencillamente, nadie puede patrimonializar lo que es de todos y el ejercicio legítimo de la autoridad, de todas las autoridades, exige el respeto a todos los derechos sin discriminación y a la defensa de los bienes públicos. El ejercicio de los derechos no es ilimitado y los derechos de los demás, la titularidad ajena o el decoro urbano son límites de los derechos de los particulares, incluida la libertad de expresión.

Wallace apostó por no reconocer el derecho de todos a la educación y por defender a su manera el patrimonio público, habilitándolo para unos y negándolo para otros. Aunque tarde, rectificó.

El rigor obliga a recordar que los derechos fundamentales son de los particulares y no de las instituciones. Quienes deciden emplear los espacios públicos para expresarse, cualquiera que sea su mensaje, deben saber que sus derechos no son ilimitados y que quienes ejercen la autoridad deben exigir con neutralidad el respeto a los espacios públicos y evitar confrontaciones.

Antonio Roma es fiscal, anterior vocal del consejo Fiscal y ha presidido la Asociación de Fiscales.

Fuente: El Mundo