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Reunión de las Asociaciones Fiscales y Judiciales con el Ministerio

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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN CON LA MINISTRA DE JUSTICIA

A las 16 horas del día 23 de julio de 201 8 se celebró una reunión entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales y Fiscales.

Asistieron por parte del Ministerio, la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Secretario de Estado, Manuel Dolz, el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, la Directora General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte, y el Director de su Gabinete, Borja Sastre.

Por parte de las asociaciones, Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura); Raimundo Prado (Asociación de Jueces Francisco de Vitoria); Ignacio González Vega y Diego Gutiérrez (Juezas y Jueces para la Democracia); Concepción Rodríguez y Roberto Esteban (Foro Judicial Independiente); Jesús Alonso y Montserrat García (Asociación de Fiscales); Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales), y Miguel Pallarés y Ana Fernández (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

Esta reunión había sido convocada por el Ministerio con el siguiente orden del día:

1 º Mejoras retributivas a cargo del presupuesto de 2018.

2º Perspectivas para el presupuesto de 2019.

3º Proyectos normativos relativos al estatuto de jueces, magistrados y fiscales.

4º Derechos colectivos.

5º Ruegos y preguntas.

Tras una breve presentación de los asistentes, la Ministra expuso la posición del Ministerio ante las reivindicaciones de las carreras judicial y fiscal.

En cuanto a las mejoras retributivas a cargo del presupuesto de 2018, se refirió a dos aspectos: a) Retribución fija: la aplicación de las ya establecidas para la función pública en general, consistentes en la subida de alrededor de un 8% en tres años, con efectos al 1 de enero de este año. b) Retribución variable: la disposición de 7 millones de euros para repartir entre jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y forenses, una vez se obtenga la autorización del Ministerio de Hacienda para trasladar la partida del capítulo II (Gastos corrientes y modernización) al I (Personal) de los Presupuestos Generales del Estado; de esa cifra, la mitad iría a parar a jueces y 1’7 millones a fiscales, efectuándose un reparto lineal y a abonar a fin de año en concepto de retribución variable.

Las mejoras retributivas del próximo año quedan supeditadas a la disponibilidad presupuestaria, comprometiéndose a negociar con el Ministerio de Hacienda y el presidente del Gobierno una dignificación de nuestra función. Se comprometió a convocar inmediatamente la Mesa de Retribuciones para finales de septiembre, a fin de abordar la remuneración de las retribuciones variables, sustituciones internas, grupos de población, guardias y recuperación del poder adquisitivo perdido estos últimos años.

Sobre los proyectos legislativos en marcha, y tras reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, efectuó las siguientes previsiones: a) la recuperación de las licencias y permisos antes de diciembre, con el establecimiento de una cláusula de subsidiariedad que permita la aplicación inmediata de los logros de la función pública en general. b) sobre el Consejo General del Poder Judicial, el abandono del sistema presidencialista y la vuelta al sistema colegiado con dedicación exclusiva de todos sus miembros. Sin embargo no se contempla que se cambie el sistema de elección de sus miembros. c) la supresión del magistrado autonómico. d) la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto limita el tiempo de instrucción de los procedimientos penales.

Hay compromiso en cuanto a la elaboración de un nuevo reglamento de la Carrera Fiscal y que la formación de los fiscales no dependa del Ministerio de Justicia sino de la Fiscalía General del Estado. No obstante se anuncia que no se crearán las 69 plazas de fiscales anunciadas ya que a pesar del compromiso del anterior Ministro, no estaban presupuestadas. Se intentarán crear las plazas que se puedan según los presupuestos. Y la inclusión de los fiscales en la cabecera del B.O.E.

Además, se comprometió a la creación de grupos de trabajo sobre la Nueva Oficina Judicial y el Expediente Judicial Electrónico que estudien el estado actual y los problemas existentes y que serían convocados para finales de septiembre. Se pretende ralentizar la implantación del expediente digital hasta que se evalúen estos problemas.

Por último, en lo referido a derechos colectivos, se refirió al reconocimiento del derecho de huelga, y al ser preguntada sobre su desarrollo normativo específico, el secretario de Estado afirmó que resultaba innecesario por ser aplicable directamente la Constitución y la normativa preconstitucional, por lo que la acción del Ministerio se limitaría a la fijación de servicios mínimos para los fiscales y la consiguiente detracción de haberes.

En todo caso, las Asociaciones firmantes continuamos reclamando la materialización de las propuestas formuladas conjuntamente, tanto en lo que se refiere a la elección directa de los vocales de origen judicial del CGPJ como en materia de derechos profesionales y dignificación retributiva, y modernización de la Justicia. De igual modo, las asociaciones de fiscales seguiremos luchando por la paralización del sistema de implantación de la justicia digital, con tramitación paralela en papel, mientras la solución digital no sea satisfactoria, rápida y útil. Si en las reuniones convocadas para el mes de septiembre no se constataran avances en los compromisos asumidos, valoraremos retomar las movilizaciones actualmente suspendidas en pro de la negociación.

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 24 de julio de 2018

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