Asociación de Fiscales Asociación de Fiscales

El Libro Blanco del Ministerio Fiscal

  1. La publicación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal es un logro de la Asociación de Fiscales que a punto está de ver la luz tras formar parte de las conclusiones de varios de sus congresos ordinarios y ser uno de los propósitos fijados por los actuales Vocales de la lista de la Asociación en su programa hace cuatro años.
  2. Corresponde ahora al nuevo Consejo Fiscal velar por su aprobación e impulsar el cumplimiento de las conclusiones del Libro Blanco, una vez fijada en el mismo la situación actual y real de las plantillas del Ministerio Fiscal, de los medios con los que cuenta, instrumentos tecnológicos e infraestructuras, a fin de que la  exigencia de las misiones y funciones que constitucional y legalmente se le atribuyen puedan ser cumplidas con eficiencia y responsabilidad.

El Libro Blanco del Ministerio Fiscal

  1. La publicación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal es un logro de la Asociación de Fiscales que a punto está de ver la luz tras formar parte de las conclusiones de varios de sus congresos ordinarios y ser uno de los propósitos fijados por los actuales Vocales de la lista de la Asociación en su programa hace cuatro años.
  2. Corresponde ahora al nuevo Consejo Fiscal velar por su aprobación e impulsar el cumplimiento de las conclusiones del Libro Blanco, una vez fijada en el mismo la situación actual y real de las plantillas del Ministerio Fiscal, de los medios con los que cuenta, instrumentos tecnológicos e infraestructuras, a fin de que la  exigencia de las misiones y funciones que constitucional y legalmente se le atribuyen puedan ser cumplidas con eficiencia y responsabilidad.
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Convenio de colaboración entre la Escuela Galega de Administración Pública y la Asociación de Fiscales para el desenvolvimiento de actividades de formación, divulgación e investigación

En Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2013

REUNIDOS

Dunha parte Dna. Sonia Rodríguez-Campos González, Directora da Escola Galega de Administración Pública (en adiante EGAP), nomeada polo Decreto 146/2012, do 12 de xullo (DOG nº 134 do 13 de xullo), actuando en nome e representación da EGAP, en virtude das facultades que lle confire o artigo 9º da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo; doutra,D. Antonio Roma Valdés, nomeado por designación realizada el 6 de junio de 2013, actuando en nome e representación da Asociación de Fiscales, en virtude das facultades que lle confire o seus estatutos.

Teñen, segundo interveñen, a capacidade legal necesaria para formalizar o presente Convenio de Colaboración, e

EXPOÑEN

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Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial

Informe de la Asociación de Fiscales al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial

Respecto a los órganos de dirección y de gestión de la Mutualidad General Judicial, la regulación establecida por el Real Decreto-Ley 16/1978 de 7 de junio, fue derogada en parte por el Real Decreto-Ley 3/2000 y posteriormente por la Ley 53/2002, lo que provocó un periodo de transitoriedad que concluyó con la aprobación del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1206/2006 de 20 de octubre, que estableció para la Mutualidad una estructura basada en dos tipos de órganos, los de participación en el control y vigilancia en la gestión, a saber, la Asamblea general y la Comisión Permanente, presididas ambas por el Presidente; y el órgano de dirección y gestión, la Gerencia. El Real Decreto refundió en dos grupos todos los colectivos que formaban parte de la Mutualidad, lo que en la práctica suponía excluir los colectivos minoritarios (jueces, fiscales, secretarios judiciales y médicos forenses) de la posibilidad de obtener representación, no solo en la Asamblea, sino también en la Comisión Permanente, surtida obligatoriamente, de entre los miembros de la Asamblea. La anulación por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2008, del artículo 3.3 del Real Decreto 1206/2006, relativo a la figura del Presidente, produjo una situación de interinidad.

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