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Comunicado de la Comisión Ejecutiva sobre la reunión con el Ministro de Justicia.

En el día del hoy las Asociaciones de Fiscales han sido convocadas a una reunión telemática con el Ministro de Justicia para tratar los temas derivados de su actividad, y en particular de la implantación de las medidas de la vuelta al trabajo tras la crisis derivada por la pandemia del COVID-19. En la misma, y junto al ministro Juan Carlos Campo han asistido por parte del equipo ministerial la Directora General y el Secretario General del Ministerio, así como representantes de las tres asociaciones de Fiscales, asistiendo por la mayoritaria A.F su presidente Cristina Dexeus Ferrer.

En primer lugar se agradece la citación del Ministro, si bien se le hace constar que hubieramos deseado ser oídos con mayor celeridad, siendo los últimos en esta ronda de reuniones, pese a nuestra evidente relevancia constitucional. Se informa al Ministro que por la A.F se han remitido al Ministerio tanto nuestras propustas para la reentrada, ya comunicadas a la F.G.E, como la contestación al cuestionario general sobre propuestas de mejora de la Administración de Justicia que nos fue planteado en la anterior reunión ministerial del 19 de febrero. La Asociación de Fiscales se ofrece a colaborar en todas las medidas que resulten urgentes, útiles y posibilistas para la salida de la crisis.

Se reiteran nuestras peticiones tanto a la Fiscalía General como al Ministerio, a saber:

La reincorporación ha de ser progresiva y por turnos rotatorios, atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada Fiscal, de acuerdo a su situación personal y familiar y estado previo de salud, incorporándose por grupos de riesgo. Se tendrá también en cuenta el estado de las distintas sedes de Fiscalía para evitar en lo posible aglomeraciones innecesarias, fijándose cuando sea necesario turnos de trabajo rotatorio, y limitándose al máximo la exposición a riesgos sanitarios y el aforo a sedes de trabajo. Para ello se necesita un estudio previo de plantillas de Fiscales y funcionarios, sedes de Fiscalía y judiciales, así como unestudio de riesgos de trabajo y provisión de materiales de protección individual, siendo deseable la realización de test previos del coronavirus al tiempo de la reincorporación. Sería necesario, en fin, un adecuado examen previo del diagnóstico de la situación y un plan de prevención de contingencia y enfermedades laborales que permita hacer frente a la situación actual.

Ante la previsible avalancha de asuntos, tanto de los pendientes como de los incoados durante la crisis y que se hallen pendientes de registro de entrada o salida en las oficinas judiciales y de Fiscalía, y ante unas plantillas que se prevén mermadas en número por lo dicho anteriormente, es necesario que se contemple un sistema de sustituciones internas y especialmente externas para colaborar en el desatasco de trabajo hasta alcanzar un ratio similar a la anterior a la pandemia, así como establecer un porcentaje mínimo de funcionarios de Fiscalía que lo permita.

Se han de implementar pues medidas que permitan el despacho efectivo y en un plazo razonable de los asuntos pendientes. Para ello resulta ya imprescindible la derogación inmediata del artículo 324 de la L.E.C.R, tantas veces reiterado por la A.F. Si dicho artículo nunca fue positivo, en la actualidad ha de conducir a un indeseable espacio de impunidad, impidiendo que las causas puedan salir en plazo legal, y no solo las más complejas o de especial trascendencia. Interesamos pues su derogación, si es necesario a través de la figura del Real Decreto-Ley, al concurrir los presuuestos de urgencia y necesidad, sin que sea viable por trámite ordinario ni incardinada en una eventual reforma general de la L.E.C.R.

En cuanto a las notificaciones telemáticas a través del sistema LexNet u homologable según el territorio, exigimos la aplicación de un sistema de notificación tipo “doble click”, que permita que el órgano judicial remitente tenga conocimiento efectivo de aviso de recepción por parte del Fscal encargado del asunto, al estilo que ya existe por ejemplo en los mensajes de whatsapp. Con ello se evitaría lo que en la practica está ocurriendo, al llegar en ocasiones a conocimiento efectivo del Fiscal la notificación en su bandeja de entrada con los plazos ya vencidos.

Se requiere que la reentrada se realice a través de acuerdos con el CGPJ y el Ministerio de Justicia que contemplen medidas que garanticen la seguridad en la celebración de los juicios, evitando aglomeraciones o esperas innecesarias en las salsas o pasillos de acceso, y que se proceda a la limpieza y desinfección oportuna de las salsas de vistas. Ha de reforzarse y potenciarse en la medida de lo posible el instituto de la conformidad en el proceso penal. Para ello se establecerán si es necesario señalamientos específicos en los que se cite solo a los encausados (junto a abogados y partes personadas) evitando citación de testigos en los asuntos previsiblemente susceptibles de conformidad según la materia, la pena etc… Se podrá contemplar señalamientos de asuntos con entrada durante la crisis que se hubieran podido incoar como urgentes en la guardia, reconvirtiéndolos como tal. Se debería estudiar ampliar la posibilidad de conformar estos asuntos cuando las penas contempladas sean de hasta cinco años de prisión.

Expediente digital y medios telemáticos. Es urgente la implantación de un sistema informático que permita el trabajo on line intercomunicado entre Juzgado y Fiscalía, desde el que se pueda consultar el expediente completo y recibir y emitir notificaciones. Esta crisis ha dejado en entredicho a la Aministración de Justicia como la gran olvidada en la aplicación efectiva de las nuevas tecnologías, siendo en la actualidad la única de las grandes administraciones que no está efectivamente interconectada y que todavía depende del traslado físico de expedientes de papel. Se ha de trabajar con la idea de “papel cero”.

Se potenciará el uso de las videoconferencias, con la dotación de los sistemas necesarios y la formación correspondiente. Se pide la instalación de programas informáticos de reconocimiento de voz y transcripción digital en los ordenadores de todos los Fiscales.

Se solicita información concreta sobre las prestaciones de la MUGEJU en el tratamiento médico y cobertura de las pruebas diagnósticas de coronavirus de los compañeros/as acogidos a compañías médicas privadas, ante la problemática existente para su realización, puesto que los reactivos necesarios para ello se encuentran todos intervenidos en poder de la sanidad pública, con el correspondiente limbo legal para el resto. La solicita que la entrega de mascarillas en las farmacias a los Fiscales se realice de forma gratuita, igual que para otros colectivos. El coronavirus será considerado como enfermedad profesional. Por la A.F se siue trabajando es éste sentido, para garantizar que todos los mutualistas sean tratados en caso de padecer estas dolencias con las máximas garantías y en plano de igualdad de prestaciones con el resto de sectores de la sociedad.

Por parte del Ministro se nos informa de que se está preparando un Decreto-Ley de medidas urgentes relativo a medidas de seguridad en el trabajo y ampliación de plazos durante la crisis, con una duración transitoria de entre tres y seis meses, y una Ley de agilización de la Justicia, ésta por trámite legislativo ordinario, de carácter más general, solicitándonos ideas o propuestas al respecto. Continúa en trámite el anteproyecto de la L.E.C.R. junto con la correspondiente modificación de nuestro E.O.M.F. para dotar al proceso de un nuevo sistema de instrucción atribuido al Fiscal. Se prevé llevarlo al Congreso de Ministros a finales de éste año.

Por último y respecto al 324 LECR, no se considera su inclusión urgente en el anterior Decreto Ley al existir ya una toma de consideración en el Congreso en trámite de enmiendas, que sigue su curso ordinario, y se prevé que puede estar aprobado en un plazo de entre dos a cuatro meses.

En Madrid, a 22 de abril de 2020
La Comisión Ejecutiva
Asociación de Fiscales. C/ Almagro, nº 3 1º izda 28010 – Madrid