Hace unos días, cuando el presidente del Gobierno (todavía en funciones) afirmaba que la Fiscalía General del Estado estaba para obedecer sus órdenes, -«¿la Fiscalía de quien depende?»-, no era solo una demostración de intenciones sino que en cierta forma estaba adelantando lo que ya muchos sospechaban y nadie se atrevía a mencionar. Esa ostentación de poder tan a la ligera, nos recuerda lo frágil que puede llegar a ser el pilar básico de nuestra joven democracia representativa, el principio de separación o división de poderes, cuya esencia era perfectamente descrita por Montesquieu, para quien «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; va avanzando hasta que encuentra límites». Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que por el buen orden de las instituciones, el poder detenga al poder. Así las cosas, parece que la designación y nombramiento por primera vez en la historia de la democracia, de una ministra de Justicia -miembro por tanto de un Gobierno determinado- como responsable máxima del Ministerio Fiscal en su cargo de Fiscal General del Estado, adolece de no pocas suspicacias en torno a su imparcialidad e idoneidad para el puesto, si lo que se pretende es salvaguardar ese principio de división de poderes a fin de evitar abusos de poder mediante el control recíproco de todos y cada uno de ellos.

La comunicación pública de la propuesta del Presidente del Gobierno de proponer como Fiscal General del Estado a quien hasta ahora ha ejercido sus funciones como Ministra de Justicia ha generado un amplio revuelo social y son muchas las voces que se han alzado poniendo de manifiesto las dudas sobre la imparcialidad y la necesidad de preservar la independencia del Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio constitucional que rige la actuación del Ministerio Fiscal en España y que también se predica de los jueces, supone la ausencia de una posición predeterminada al margen del debido cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. Y la imparcialidad implica también la existencia de una impresión pública en relación con esta posición en las que todos debemos ser muy cuidadosos, desde el primero al último de los integrantes del Ministerio Público. En este caso, el paso directo de una posición a otra no es precisamente esperanzador.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales