Asociación de Fiscales Asociación de Fiscales
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Comunicado medidas de seguridad en las guardias

Asociación de FiscalesAsociación Profesional Independiente de Fiscales

La Asociación de Fiscales y la Asociación independiente de Fiscales, ante la situación creada por la pandemia de Coronavirus Covid-19, manifiestan su absoluta preocupación por las condiciones sanitarias en las que se están prestando los servicios de Guardia en las Fiscalías y los Juzgados de España. Es por ello que exigimos que, de manera inmediata por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, doten de manera urgente a los servicios de guardia, de los equipos sanitarios necesarios para ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y salubridad. Exigimos a la Fiscal General del Estado que asuma su responsabilidad y reclame de forma inmediata de aquellas autoridades los medios necesarios de protección para ejercer nuestras funciones con las debidas garantías

Madrid a 15 de marzo de 2020

Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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Carta a la F.G.E. sobre el CoronaVirus.

A LA EXCMA. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excma. Sra.

La rápida propagación del coronavirus en España ha determinado la adopción de medidas tendentes a evitar el contagio de la enfermedad, fundamentalmente en aquellos territorios más afectados por la epidemia. Así se han suspendido las clases en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida, al tiempo que se recomienda la aplicación de fórmulas que eviten la concentración de personas en el lugar de trabajo.

Ante ello le solicitamos información sobre la posible adopción de medidas que incidan directamente en la actividad de los fiscales, tendentes a evitar la propagación del coronavirus Covid-19. Actividad referida, entre otras, a las visitas de inspección de centros de menores de edad, de personas mayores, centros penitenciarios, celebración de cursos de formación, etc.

Madrid, 10 de marzo de 2020
La Comisión Ejecutiva de la AF

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Reivindicaciones de los Vocales del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales

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Esta mañana se ha celebrado el primer Pleno del Consejo Fiscal presidido por la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Durante la reunión, los cinco vocales de la Asociación de Fiscales han presentado el pliego de reivindicaciones pendientes de la Carrera Fiscal, que podéis consultar en el archivo adjunto.

Los puntos más destacados de dicho documento, a modo de resumen, son los siguientes:

  • Preocupación por la situación actual de la Carrera Fiscal.
  • Necesidad de que el Consejo Fiscal haga suyas las actuales reivindicaciones de las asociaciones profesionales.
  • Necesidad de que se reciba información del Ministerio de Justicia sobre los trabajos y proyectos legislativos dirigidos a la reforma del proceso penal.
  • Necesidad de presencia de miembros del Ministerio Fiscal en las comisiones de reformas legislativas y de codificación.
  • Necesidad perentoria de la toma de medidas dirigidas a garantizar la autonomía real del Ministerio Fiscal.
  • Necesidad de la reforma de los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado.
  • Necesidad de que las propuestas de nombramiento y de los nombramientos a cargos discrecionales se realicen única y exclusivamente en atención a los principios de mérito y capacidad.
  • Necesidad de la determinación real de las cargas de trabajo de las Fiscalías y de los Fiscales.
  • Necesidad de actualización de las plantillas.
  • Necesidad de implantación de fórmulas que permitan la movilidad de la Carrera.
  • Necesidad de establecimiento de un baremo para las sustituciones externas.
  • Necesidad de un sistema de productividad más justo.
  • Necesidad de que formación inicial y continuada sea competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado.
  • Necesidad de mejora inmediata de las actuales condiciones de desplazamiento y alojamiento de los Fiscales para asistir a los cursos de formación continuada.
  • Necesidad estudio del diseño y funciones de la nueva Oficina Fiscal.
  • Necesidad de aprobación de un plan específico de prevención de riesgos laborales y de dignificación de las condiciones en que los fiscales trabajan en sus sedes y se desplazan por todo el territorio nacional para cumplir con sus obligaciones ante los órganos judiciales.
  • Necesidad de que el código ético en preparación se someta a conocimiento y aprobación de las Juntas de Fiscalía.
  • Necesidad de mayor transparencia del Consejo Fiscal.
  • Necesidad de elaboración y mantenimiento de modo permanente y actualización debida de un catálogo de las prestaciones, servicios y derechos de los Fiscales.

Asimismo, desde nuestra asociación haremos un seguimiento exhaustivo de todas y cada una de estas peticiones para que sean atendidas y, por tanto, resueltas, ya que cada una de ellas consideramos que es urgente y necesaria.

Por otro lado, no os quepa ninguna duda de que los vocales de nuestra asociación permanecerán atentos a que toda actuación de la Fiscal General vaya dirigida a los fines indicados por ella misma en su programa de presentación y que todo se realice con absoluta transparencia, de modo que nada se haga en la FGE que no se pueda explicar a la sociedad y a los Fiscales y que todo lo que se haga se pueda explicar.

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Catálogo de Servicios para Asociados.

Descargar Catálogo de Servicios para Asociados

INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE SERVICIOS     Subir al Menú

La Asociación de Fiscales nace en mayo de 1980 para dar voz a los Fiscales en la defensa de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución; promover entre los Fiscales el valor de la independencia del Ministerio Público al estar integrado en el Poder Judicial; defender los principios de imparcialidad y legalidad en nuestra actuación; trabajar por el perfeccionamiento de la Administración de Justicia como servicio público; velar por la objetividad del sistema de ingreso en la carrera; promover el conocimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal; promover la participación en los órganos de la carrera y la defensa de los asociados y de los Fiscales en su actuación profesional y de sus intereses y derechos profesionales; el mantenimiento de relaciones con las demás asociaciones existentes en el marco de la Administración de Justicia y, en especial, de Fiscales y Magistrados nacionales e internacionales y de la comunicación con todos los sectores sociales interesados en la Administración de Justicia. Todo ello con total independencia de los poderes públicos, de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, tal como se recoge en nuestros Estatutos y que es el sello característico de nuestra asociación.

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El escándalo del 100.2. Por Eva Mas.

Que los tribunales dictan las sentencias resulta una obviedad. Ahora bien, cuando estos imponen una pena privativa de libertad que implique el ingreso en prisión, corresponde a la Administración penitenciaria ejecutar la misma, iniciando su labor con la clasificación del interno en el grado penitenciario que, atendiendo a la pena impuesta, delito cometido y características del condenado, se considere adecuado para su tratamiento.

Según el art. 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, para conseguir que el interno tenga capacidad de vivir respetando la ley penal.

Los grados de clasificación que recoge el artículo 100.1 del reglamento penitenciario (R.P.) son exclusivamente tres. En esencia el segundo grado es el indicado para los internos que no pueden hacer vida en semilibertad, en tanto que el tercero lo es para aquellos que están en disposición de hacer vida en semilibertad y conlleva un mínimo de permanencia diaria en el centro de 8 horas.

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Deber de neutralidad. Por Cristina Dexeus.

Es deber de las instituciones mantener la neutralidad, pero además es necesario mantener la imagen de imparcialidad.

En el período constituyente se debatió intensamente sobre la consideración del Ministerio Fiscal como órgano de comunicación entre el Poder Ejecutivo y los tribunales, configuración mantenida en la dictadura, o bien como órgano de relación con las Cortes Generales, prevaleciendo la tesis conforme a la cual se debía abandonar toda dependencia gubernamental para que pudiera cumplir su auténtica función de vigilancia del interés público, consagrándose así como órgano de relevancia constitucional, integrado en el Poder Judicial, con autonomía funcional, basado en los principios de legalidad e imparcialidad, principios estos últimos dirigidos a garantizar su actuación con independencia del Gobierno.

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