Asociación de Fiscales Asociación de Fiscales
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Sanciones en caso de inobservancia del confinamiento: Posible delito de desobediencia. Por Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón.

Jaime Moreno Verdejo
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Pedro Díaz Torrejón
Fiscal

1. Introducción

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), que declaró el estado de alarma, establece en el artículo 7.1 una serie de limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos por las vías o espacios de uso público.

A partir de esta obligación, en los últimos días se han producido en España múltiples incumplimientos de esta, que han dado lugar a sanciones en vía administrativa, e incluso a la apertura de procedimientos penales por delito de desobediencia. Desde la entrada en vigor del Decreto, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Interior, a fecha 17 de abril de 2020 han sido detenidas 2.300 personas por conculcar las medidas de confinamiento de manera grave.

Los interrogantes jurídicos que se suscitan con ocasión del incumplimiento de las obligaciones que el confinamiento conlleva, alcanzan tanto a la posible existencia de infracción administrativa, cuanto a la existencia de responsabilidad penal en tales conductas.

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Propuesta de los Vocales electos de la A.F. a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado

EXCMA. SRA

Los vocales electivos por la Asociación de Fiscales, ante la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia con motivo de la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19, deseamos hacer partícipe a V.E. de nuestra preocupación, que sabemos es compartida. Nos consta la recepción por la Fiscalía General de Estado de una razonada propuesta efectuada por la AF, que compartimos por su realismo, moderación y acierto, pero no podemos dejar de constatar tres cuestiones que nos preocupan especialmente:

1. La imperiosa necesidad de que cualquier medida organizativa o de otra índole que se adopte por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como por los concretos órganos jurisdiccionales, cuenten con la intervención del Ministerio Fiscal y se adopten previa coordinación con la Fiscalía General del Estado y, en su caso, con las Fiscalías territoriales, con atención a las concretas peculiaridades que presenta el ejercicio de nuestra función con los medios disponibles.

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Carta de la ejecutiva a la Fiscal general del Estado

Sra. Fiscal General del Estado

Nos dirigimos a V. E. y a toda la carrera a fin de poner de manifiesto nuestra preocupación por la situación que estamos padeciendo y, a la vez, nuestro empeño en proponer medidas que ayuden a realizar una reincorporación paulatina, progresiva, ordenada, de forma racional y sensata, teniendo como preocupación esencial la salud de los fiscales, de los funcionarios de fiscalía, así como la de los restantes integrantes de la administración de justicia y de sus usuarios en evitación de situaciones de riesgo que puedan poner en peligro nuestra salud y generar riesgo de nueva ola de contagios en tanto la situación sanitaria no esté completamente resuelta.

Las medidas a adoptar deberán, además, ser consensuadas necesariamente con las demás instituciones implicadas.

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Constitución y Solidaridad. Por Álvaro Redondo Hermida.

Considerada como una facultad relevante del espíritu humano, la solidaridad consiste en apoyar a nuestros semejantes en los momentos más difíciles. Esta aproximación al sentido académico del término alcanza en estos tiempos una realidad tangible, mensurable, visible como en pocas ocasiones.
La pandemia que nos golpea, que poco se diferencia de algunos episodios dramáticos de nuestra historia, ha hecho aparecer actitudes generosas, así como la conciencia de la necesidad de aglutinar las fuerzas sociales. Este momento heroico que atraviesa nuestra sociedad nos lleva a reflexionar sobre la relevancia que, tanto en el ámbito jurídico como político, alcanza el principio de solidaridad.

La nación española es el pilar sobre el que descansa nuestro sistema jurídico. No es la Constitución la que ha creado a España, sino a la inversa. Una España que surge de la unión inmemorial de sus pueblos, solemnemente proclamada en el Preámbulo de la Carta de Cádiz. En ella se afirma que la soberanía reside esencialmente en la Nación, para asegurar cuyo bienestar las Cortes aprueban la Constitución (artículos 14 y 27).

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Vulnerables. Por Avelina Alía Robles.

Vulnerable es todo aquél que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente, según la definición del diccionario de la RAE. Todos, por tanto, somos vulnerables.

De hecho, nuestra fragilidad ha quedado expuesta groseramente ante el COVID-19.

Pero, se habla de personas “especialmente vulnerables” cuando concurren en el individuo determinadas características que lo exponen en mayor grado al menoscabo o daño.

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Justicia Solidaria. Por Álvaro Redondo Hermida

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, el pueblo español ha querido establecer una sociedad segura, capaz de proteger a todos los españoles, como indica el Preámbulo de nuestra Carta. Protegerlos en sus derechos humanos, pero también en su calidad de vida. Nuestra ley fundamental apuesta por estos amplios objetivos, asumiendo que alcanzarlos exige respeto a la Nación, patria común de los españoles (artículo 2).

La Nación es el gran fundamento, el pilar que sostiene nuestra seguridad y nuestra vida. En momentos como los que ahora vivimos, no es tan relevante el debate político como la solidaridad democrática, proclamada en el mismo precepto constitucional. Una solidaridad que la Carta recoge como concepto jurídico, pero que despliega sus efectos en el contexto social.

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Comunicado medidas de seguridad en las guardias

Asociación de FiscalesAsociación Profesional Independiente de Fiscales

La Asociación de Fiscales y la Asociación independiente de Fiscales, ante la situación creada por la pandemia de Coronavirus Covid-19, manifiestan su absoluta preocupación por las condiciones sanitarias en las que se están prestando los servicios de Guardia en las Fiscalías y los Juzgados de España. Es por ello que exigimos que, de manera inmediata por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, doten de manera urgente a los servicios de guardia, de los equipos sanitarios necesarios para ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y salubridad. Exigimos a la Fiscal General del Estado que asuma su responsabilidad y reclame de forma inmediata de aquellas autoridades los medios necesarios de protección para ejercer nuestras funciones con las debidas garantías

Madrid a 15 de marzo de 2020

Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

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