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Nota informativa conjunta. Reunión Ministerio de Justicia.
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sacado a concurso las plazas discrecionales pendientes en la Carrera Fiscal.
Son una veintena.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Orden del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López- Yuste Padial, por la que se convocan para su provisión estos destinos.
Ha salido a concurso discrecional una vacante de fiscal de Sala (categoría primera) en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía de Sala contra la Violencia de la Mujer de la Fiscalía General, en la Fiscalía del Tribunal Supremo, y en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
También se ha publicado la plaza de teniente fiscal (categoría segunda) en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y de fiscal superior categoría segunda) en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, y Madrid.
Además, hay vacante una plaza de teniente fiscal (categoría segunda) en la Fiscalía de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, La Rioja, la Comunidad Valenciana; una de fiscal jefe (categoría segunda) en las Fiscalías de Burgos y Castellón, y de fiscal (segunda categoría) en la Fiscalía ante el Constitucional y la Fiscalía Especial Antidroga.
«Ya era hora», ha manifestado a Confilegal la Asociación de Fiscales (AF).
«No se entiende por qué han estado durante tanto tiempo pendientes nombramientos que deberían haberse efectuado en el momento en el que tomó posesión la fiscal general del Estado, ya que hay algunas plazas con mandato vencido desde 2019», ha señalado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Además, la Asociación de Fiscales ha reclamado recientemente a la fiscal general del Estado que en lugar de ascender a fiscales de segunda categoría a primera, con el «sobrecoste» que ello supone, «dedique sus esfuerzos a reclamar al Ministerio de Justicia la ampliación de la plantilla con plazas de segunda categoría, y la reconversión de plazas de tercera a segunda».
Una petición en la que se reitera.
Fuente: ConfiLegal
La Presidenta de la Asociación de Fiscales afirma que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por políticos no beneficia ni a la separación de poderes ni a la despolitización de la Justicia.
Jueves, 15 de octubre. “La propuesta de reforma del PSOE y Podemos para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ incide en la politización de la Justicia” ha afirmado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Asimismo, la presidenta ha manifestado que “la Asociación de Fiscales se muestra contraria y muy preocupada” ante la reforma propuesta por PSOE y Podemos puesto que lejos de eliminar la despolitización de la Justicia, lo que se pretende con esta reforma es “aumentar la politización en el órgano de gobierno de los jueces, en contra de las recomendaciones de despolitización de la Justicia por parte del Greco, de las instituciones europeas y de las reclamaciones de las asociaciones judiciales y fiscales” ha denunciado.
Sobre el Estado de derecho, Dexeus puntualiza que “la separación de poderes debe estar perfectamente delimitada y blindada” y que el poder judicial “debe mantenerse al margen para no emponzoñar las resoluciones judiciales y la independencia de los jueces en la aplicación de la ley” ha concluido.
El día de ayer se celebró la reunión prevista entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales y Fiscales, con el siguiente orden del día:
Asistieron, por parte del Ministerio, el Secretario de Estado de Justicia Pablo Zapatero, el Secretario General para la innovación y calidad del servicio público de Justicia Borja Vargues, la Directora General para el servicio público de Justicia Concepción López-Yuste y la Subdirectora General de colaboración institucional para el servicio público de Justicia María Rosario Martínez, y, por parte del as Asociaciones, Manuel Almenar (APM), José Juan Moreno (AJFV), Rosario García (JJPD),Cristina de Vicente (FJI), Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF), y Salvador Viada (APIF).Por parte del equipo ministerial se informó de la situación y previsiones en relación con la Ley de Discapacidad, la Ley de Agilización, la reforma del Registro Civil y los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial. Mas concretamente, se expuso:
EXCMA. SRA
La precipitada suspensión de la sesión del Consejo Fiscal celebrada en la mañana del día 23 de septiembre, motivada por razones sanitarias, nos impidió plantear a V.E. una serie de ruegos y preguntas, uno de las cuales no tiene espera, por la relevancia que el asunto tiene para la Institución y la Carrera, y por motivar honda preocupación en los Fiscales.
Por tales razones, nos dirigimos a V.E. con las cuestiones siguientes:
No obstante, y sin perjuicio de las actuaciones encaminadas a esclarecer esas supuestas presiones denunciadas públicamente, que no ante los órganos de la Institución, por el Excmo. Sr. Navajas, los Vocales del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, lamentamos las manifestaciones realizadas por el Excmo. Sr. Teniente Fiscal en medios de comunicación en la última semana, que ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal y la honorabilidad de concretos miembros de la Carrera Fiscal, con grave perjuicio para la imagen pública de la Institución. En esas declaraciones:
Deseamos conocer si por la Fiscal General del Estado, se va a adoptar alguna medida con relación a declaraciones de tanta repercusión y que tan grave relevancia tienen.
Los Vocales electivos por la Asociación de Fiscales:
Dice el diccionario de la RAE que es legítimo todo aquello que es adecuado a los valores y principios del ordenamiento jurídico, lo que directamente nos conduce al artículo 1.1 de la CE que propugna como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
Estos valores deben impregnar la actuación de los poderes del Estado a la hora de desarrollar la tarea que les ha sido encomendada, entendidos los mismos como valores o principios universales que en las sociedades avanzadas se consideran el único camino para la construcción y conservación del Estado de Derecho, paradigma estructural de ciudadanos libres y titulares de un amplio catálogo de Derechos y Libertades.
El estricto respeto de todos y cada uno de ellos resulta indispensable en cada actuación, por milimétrica que esta sea, para evitar la erosión en la credibilidad y dignidad de las Instituciones del Estado sobre las que se asienta el edifico de la convivencia.
El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada e indica que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”.
Fruto del mismo se deriva el derecho al disfrute de la posesión, especialmente importante cuando hablamos de bienes inmuebles, se traten o no de la vivienda habitual.
Asimismo, el artículo 18.2 de la Constitución Española recoge que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.