"A la fiscalía no se le dan órdenes, nos es indiferente lo que le interese al Gobierno". Entrevista a Miguel Rodríguez Marcos.

- ¿Lo dice por sus afirmaciones de que la Fiscalía depende del Gobierno?

- Es que eso es falso, totalmente, y genera una sospecha de duda sobre cuál es nuestra función que hace que nos cueste mucho recuperar la imagen de imparcialidad que además se nos exige. Somos un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejercemos nuestra misión por medio de órganos propios.

- ¿Quizás es que se confunde el papel de la Abogacía de Estado y de la Fiscalía?

- La Abogacía del Estado pertenece a la Administración del Estado y se encarga de la dirección jurídica y la defensa del Estado, y puede recibir directrices del Gobierno. Pero el ministerio fiscal no tiene nada que ver porque somos Poder Judicial, con función de autonomía en defensa de la legalidad y el ejercicio de la función pública. Que esa defensa de la legalidad pueda ser o no del interés del Gobierno es indiferente paro nosotros.

- El presidente del Gobierno dijo que la Fiscalía dependía del Ejecutivo, aunque luego admitió su error.

- Sus palabras fueron muy inapropiadas y, sobre todo, son falsas.

- ¿El Gobierno no puede dar órdenes o directrices a la Fiscalía?

- No, a la Fiscalía no se le pueden dar órdenes de actuación. Se pueden interesar actuaciones, y esa solicitud debe ser oída en la Junta de Fiscales de Sala, que puede atender o no la actuación. Pero tampoco es usual que el Poder Ejecutivo interese actuación ninguna.

- Al fiscal general del Estado lo propone el jefe del Ejecutivo.

- La propuesta del nombramiento del fiscal general del Estado es competencia del Rey a propuesta del presidente del Gobierno, y eso hace que exista cierta vinculación entre la cúspide de la carrera fiscal y el Gobierno. Todo se puede mejorar, y se podrían establecer mecanismos respecto de quién ocupa la Fiscalía General del Estado.

- ¿Quizás habría que cambiar la fórmula para designar al fiscal general?

- Para modificar la fórmula habría que cambiar la Constitución, y eso, en la situación actual y con la fragmentación que existe en el Congreso, se torna cuando menos complicado. Pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, sería una reforma muy importante que el fiscal general del Estado no cese con el Gobierno, sino que la duración de su mandato sea superior al de una legislatura. Eso supondría que tendría que trabajar con un Ejecutivo que puede ser de distinto signo político al que le nombró.

- Dolores Delgado es fiscal, pero a ustedes su nombramiento no les parece apropiado.

- No es la propuesta más correcta. Aunque ha sido compañera en la carrera fiscal, en la historia más reciente ha sido ministra de Justicia, ha participado en un Gobierno con la máxima responsabilidad, ha sido diputada en el Congreso por el PSOE y ha hecho campaña electoral por ese partido. Pero da lo mismo que fuera con ese partido o con otro. Esa pertenencia y actividad política hasta que ha sido prácticamente designada fiscal general del Estado hacen que en el ejercicio de esa jefatura haya una sombra de duda que es innecesaria. Hay muchos juristas de prestigio que podían ejercer ese cargo.

- El dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eliminó la palabra "Idoneidad" de su Informe.

- Es significativo en el sentido de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, intentó buscar la unanimidad por parte de los vocales. Eso es lo que genera dudas, porque los requisitos técnicos, como jurista de reconocido prestigio, antigüedad, etcétera, no duda nadie de que Dolores Delgado los cumple, de lo que se duda es de su idoneidad.

Dolores Delgado generó ilusión al ser nombrada ministra y después un enorme descontento

- Ustedes se mostraron muy disconformes con el papel de Dolores Delgado como ministra de Justicia.

- Generó un enorme descontento, en el sentido de que ella, como compañera de la carrera fiscal, había participado activamente en movilizaciones para reivindicar la modernización de la justicia y mejoras laborales, sociales y económicas de los fiscales. Cuando asumió el Ministerio de Justicia teníamos una enorme ilusión porque pensamos que al conocer la problemática sería sensible. Pero no fue así, y surgió el desencanto y el descontento, porque no hizo suyas las reivindicaciones que defendía.

- Sus reivindicaciones siguen siendo las mismas, ¿por qué no han conseguido avanzar?

- Nada. No se recuperó la subida salarial de manera proporcional a la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos, ni se logró la autonomía presupuestaria, ni dirigir desde la Fiscalía General del Estado la dotación de medios en los cursos de formación continuada. ni el aumento de plantilla… Hay muchas reivindicaciones y muy variadas y no se atendió ninguna.

- ¿Se plantean más movilizaciones?

- Pues no podemos asegurar qué va a pasar. Tenemos un fiscal general del Estado en funciones, porque el nombramiento de Dolores Delgado aún no se ha producido. Y habrá que esperar a ver cómo desarrolla sus funciones, y a ver la capacidad de diálogo y actuación que tiene el ministro de Justicia con las asociaciones. Este Gobierno aún no echó a andar, por eso es prematuro hablar ahora de movilizaciones. Sabemos el daño que hacemos con ellas, al suspender vistas y la actividad de los Juzgados, por eso siempre hemos defendido que es la última opción. Hay que dar un margen de tiempo y espacio a la negociación.

- ¿Está politizada la justicia?

- Desde la Asociación de Fiscales no creemos que la justicia esté politizada pero las manifestaciones políticas lo intentan, o eso dan a entender. El Poder Judicial es independiente y una de nuestras funciones es velar por esa independencia.

Si se modifica el Código Penal, lo que pedimos es que se escuche a fiscales, jueces y magistrados

- Se plantea ahora cambiar el Código Penal y uno de los delitos a modificar sería el de sedición.

- Desde la Asociación de Fiscales desconocemos qué va u ocurrir, si se va a modificar o no, y si se hace, cuáles van a ser los términos. Sería imprudente en este estado tan temprano entrar a valorar. En cualquier caso, cualquier reforma que se vaya a plantear sea para el delito de sedición, contra la libertad sexual, la reincidencia… lo que sea, pedimos que el Gobierno escuche las asociaciones de fiscales, jueces y magistrados, porque somos nosotros los que tenernos que aplicar el derecho.

Fuente: La Nueva España