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La Fiscal General del Estado debe velar por la independencia de los Tribunales.

En la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el 15 de julio, la Fiscal General del Estado encargó a los vocales que transmitieran a aquellas asociaciones que reclamaban de ella una explicación sobre la posición de la Fiscalía en determinadas cuestiones que no habría pronunciamiento alguno porque entendía que tales cuestiones eran políticas.

El mensaje, de indudable valor oracular, obligaba a examinar las demandas que en tal sentido se habían formulado. Casualmente el día antes se publicó un artículo firmado por la Asociación de Fiscales donde se reclamaba a la Fiscal General del Estado que expusiera la razón por la que la Fiscalía no se habían pronunciado sobre la procedencia o no de recurrir los Decretos de concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo tras el juicio del «procés».

Quizás es aventurado interpretar que la Fiscal General del Estado se estaba refiriendo a esta cuestión y la lógica de las cosas abogaría por desechar esta idea.

No es posible que la Fiscal General del Estado haya entendido que se reclamaba de ella un posicionamiento sobre la oportunidad política de los indultos concedidos porque lo contrario supondría dar la razón a todas aquellas opiniones publicadas que desterraban la posibilidad de que la Fiscalía presentara recurso contra los citados Decretos por la plena identificación que desde el día de su nombramiento tiene la señora Delgado con el Gobierno de la Nación, del que salió para asumir el cargo que ostenta.

Confundir el aspecto político del estrictamente jurídico a propósito de la impugnación de un Decreto y no apercibirse de ello daría la justa medida de tal confusión, y apuntalan las afirmaciones que recoge el Informe de 2021 de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho hecho público el pasado martes.

Señala este informe que “Se han reiterado las preocupaciones relativas a la autonomía del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno».

Este es un síntoma más del mal que aqueja a nuestro sistema judicial y al que el citado Informe pone datos numéricos cuando señala que “El nivel percibido de independencia judicial en España es bajo entre el público general y las empresas. En total, el 38 % de la población general y el 39 % de las empresas perciben el nivel de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces como bastante bueno o muy bueno”.

Los datos de este año son peores que los reflejados en el informe del pasado año y evidencian un desgaste progresivo de uno de los valores esenciales de la función jurisdiccional y que también afecta al Ministerio Fiscal, esto es, la apariencia de imparcialidad como bien que genera la imprescindible confianza en la sociedad en el correcto desarrollo de tales funciones bajo el paraguas de la independencia y preservando la igualdad de condiciones de las partes del proceso.

NO ES NORMAL QUE UNA MAGISTRADA DEL CONSTITUCIONAL DENUNCIE QUE HABÍA SIDO PRESIONADA POR UN MIEMBRO DEL GOBIERNO

Sin embargo, estos datos no deberían sorprendernos cuando asistimos a un proceso por el que se quiere incorporar a la normalidad del funcionamiento de los órganos judiciales que por una Magistrada del Tribunal Constitucional se denuncie en el pleno que votaba sobre la constitucionalidad del Estado de Alarma que había sido objeto de presiones por destacado miembro del Gobierno, sin que además haya mediado desmentido de tan irregular proceder.

Impone el artículo 124 de la Constitución Española al Ministerio Fiscal la obligación de velar por la independencia de los Tribunales, otorgándole así a nuestra Institución un protagonismo claro en la defensa de la separación de poderes que es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

A pesar de ello, y pasada una semana desde que aquella denuncia se hiciera pública, lo único patente es el clamoroso silencio del Titular del órgano constitucional llamado a velar por la independencia de los Tribunales.

Hacer oídos sordos a manifestaciones que hablan de presiones a un Magistrado del Tribunal Constitucional por miembro del Gobierno, concretamente la señora Calvo mientras ostentaba la condición de vicepresidenta, para que cambie el sentido de su parecer en la deliberación sobre una cuestión concreta haciéndola así afín a los intereses de ese Gobierno y consecuentemente también el de su voto para inclinar la decisión mayoritaria hacia postulados favorables a la tesis de quien ejerce la presión contribuye de manera definitiva al descrédito de la actuación del Ministerio Fiscal y deja huérfano de una de sus herramientas principales al sistema de protección diseñado en la Constitución para la preservación de la separación de poderes.

SALIR DEL INMOVILISMO

Exhortamos a la Fiscal General del Estado a que salga del inmovilismo en el que sucumbe cada vez que las decisiones o actuaciones del Gobierno o de alguno de sus miembros ponen en jaque a la división de poderes y a la independencia judicial.

A que exteriorice su mas absoluto rechazo a todas aquellas actuaciones que pretendan convertir a los órganos judiciales en una dirección general o subsecretaría de cualquier Ministerio.

Con ello no sólo se acatará puntualmente lo establecido en la Constitución, sino que además se contribuirá a la defensa del Estado de Derecho impulsando el mecanismo de control y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado y se prestigiará a la Institución justo en sus horas más bajas en cuanto a la valoración de su autonomía respecto del ejecutivo de la nación.

O en palabras de la Comisión Europea, que en la presentación de su Informe sobre el Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros de la Unión, aprecia que en “algunos –Estados– han seguido llevando a cabo reformas que reducen sus garantías de independencia judicial, suscitan preocupación o agravan las existentes relacionadas con una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento de su sistema
judicial. Además, en otros, los ataques políticos y los reiterados intentos de socavar a jueces o instituciones judiciales cuestionan aún más la independencia judicial».

Así se atenderá al desafío lanzado por la Comisión para preservar el Estado de Derecho cuando señala que “La sociedad civil sigue beneficiándose de un entorno favorable en la mayoría de los Estados miembros, pero en algunos sigue enfrentándose a graves retos, como… un nivel inadecuado de protección de los derechos fundamentales que garantizan su trabajo. Estos retos se han visto exacerbados por el contexto de la pandemia de COVID–19”.

Quizás de esta manera en el próximo Informe de evaluación se aprecie por lo que a nuestra Institución hace, y con ello a la calidad del Estado de Derecho en el que se inserta, un progreso significativo en la defensa del mismo.

Y es que sonroja que el único avance que se plasma en el Informe de 2021 en relación al del pasado año sea la aprobación del Código Ético del Ministerio Fiscal.

Sería deseable que la Fiscal General del Estado hiciese aplicación de las palabras que sirven de prólogo a este texto y lleve “a cabo iniciativas tendentes a hacer realidad que los ciudadanos y ciudadanas que se relacionan con la Administración de Justicia se encuentren con una institución que actúa desde la igualdad, la imparcialidad, le eficacia, la transparencia y el respeto”.

Que pondere que la defensa de la autonomía del Ministerio Fiscal no puede detenerse en peticiones reiteradas de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es precisamente mediante el ejercicio de las funciones que nos son propias como se prestigia al sistema judicial y se refuerza la legitimidad para reivindicar actuaciones ajenas.

En cualquier caso dejamos apuntado que “El mecanismo europeo del Estado de Derecho establece un proceso de diálogo anual entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo junto con los Estados miembros, los Parlamentos nacionales, la sociedad civil y otras partes interesadas sobre el Estado de Derecho».

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Fuente: ConfiLegal