Carta abierta a la Fiscal General del Estado

 

Tras resaltar el importante esfuerzo que para las Fiscalías –y por tanto, también para los Fiscales- va a suponer el cumplimiento del control de plazos regulado en el art. 324 LECr., se pasa a señalar que se ha elaborado un plan de actuación concreto por objetivos para el nombramiento de abogados fiscales sustitutos en determinadas Fiscalías Provinciales y de Área. La exposición del programa concreto de actuación se recoge en referencia a lo indicado en el  oficio de la Unidad de Apoyo dirigido a las diferentes Direcciones Generales de Justicia del Ministerio y Comunidades Autónomas, oficio al que se acompaña una tabla del número de los efectivos concretos que el Jefe de la Unidad de Apoyo solicita del Ministerio.

 

Se plantea como objetivo en el referido programa de actuación la revisión semanal de veinticinco (25) diligencias previas por juzgado, así como un control y seguimiento quincenal por el Fiscal Jefe respectivo y por la Inspección Fiscal.

 

Admitiendo que sea necesario ofrecer un proyecto de actuación para que el Ministerio autorice el nombramiento de abogados fiscales sustitutos, entiende esta asociación que los términos del contenido del mismo no son aceptables. En ningún caso puede olvidarse que fue un compromiso del Ministerio el facilitar los medios humanos y materiales necesarios desde el minuto uno de la entrada en vigor de la reforma del art. 324 LECr, lo que no se ha hecho, y tampoco por parte de las Comunidades Autónomas con medios transferidos. Aunque pudiera haber ahora voluntad política de facilitar dichos medios, los mismos en ningún caso se tendrán antes de que haya transcurrido más de un mes desde la entrada en vigor de la ley, lo que supondrá que los fiscales hayan afrontado una vez más una reforma, sin medios para ellos, pero respondiendo siempre al cumplimiento del principio de legalidad.

 

Precisamente, por el riguroso cumplimiento de su trabajo con plena responsabilidad que en el día a día demuestran los fiscales, en ningún caso se les puede imponer formas de cumplimiento de su tarea profesional cuantificando la misma y sometiéndola a procedimientos estadísticos de control, olvidando, además, en esa previsión y exigencia el trabajo presencial diario de los fiscales en los órganos jurisdiccionales, que ocupa la mayor parte de los días hábiles del mes.

 

Por otro lado, basta con examinar la tabla que se acompaña al oficio de la Unidad de Apoyo para comprobar que la petición que se realiza al Ministerio queda muy por debajo de la solicitud efectuada por los respectivos Fiscales Jefes al remitir a la Fiscalía General del Estado su propuesta fundamentada y basada en las ratio de trabajo reales de sus respectivas Fiscalías, según fue exigido por la propia Inspección Fiscal para que se formulara la propuesta. Tampoco se ha prestado la debida atención a la posible concesión de prolongaciones de jornadas para los supuestos en que sea factible abordar así el cumplimiento de la revisión de las causas, pues sólo una referencia tangencial se hace a ello en el oficio de la Unidad de Apoyo.

 

Igualmente, y en cuanto al número de funcionarios de gestión y tramitación procesal, las solicitudes que se materializan al Ministerio quedan por muy debajo de las necesidades reales de las Fiscalías, también expuestas por los Fiscales Jefes en sus informes.

 

La Asociación de Fiscales lamenta y rechaza que no se haya atendido a los criterios de los Fiscales Jefes, que son quienes con fiabilidad conocen la carga de trabajo real y los medios humanos y materiales con los que cuentan para afrontar las exigencias de la última reforma legislativa.

 

De la atenta lectura del oficio de la Inspección se desprende que sólo “las consecuencias económicas del gasto que conllevan las medidas” hace necesaria la “fiscalización” del número de procedimientos penales sometidos a revisión, fiscalización que se articula de forma quincenal a partir de los listados que se confeccionen por los fiscales con identificación del procedimiento y dictamen emitido, listado que será revisado por el Fiscal Jefe y remitido a la Inspección. Finalmente se fija como fecha para la primera remisión la de 5 de enero 2016. 

Del conjunto de todo ello entiende la Asociación de Fiscales que la referida “fiscalización” sólo opera en las Fiscalías en las que se den los refuerzos y, por ende, que no operará en ninguna Fiscalía –por tanto, tampoco en las que se hallan propuestas para recibir los mismos- en tanto no existan éstos. A la espera de recibir los refuerzos, si es que llegan, no parece viable la fecha del día 5 de enero como primera para realizar la primera remisión de listado.

 

Al respecto, realizadas por la Asociación de Fiscales las oportunas gestiones de consulta en la propia Fiscalía General del Estado se confirma lo anteriormente expuesto: la elaboración y remisión de listados de causas revisadas sólo afecta a las Fiscalías que obtengan los oportunos refuerzos y una vez hayan obtenido los mismos.

 

Asimismo se demanda por la Asociación sobre el contenido concreto de esa “fiscalización”, precisándose desde la FGE que opera sólo como justificación para el pago de fiscales sustitutos y posible renovación o prórroga de los mismos, pero en ningún caso como control de las tareas procesales propias del Fiscal, por ser plenamente conscientes de que la multiplicidad de funciones que debe atender cada Fiscal dificultará y, en ocasiones, imposibilitará la revisión de las causas al ritmo que sería deseable, confiando en este tema, además, en la absoluta responsabilidad profesional de cada uno de los Fiscales que integran la Carrera.

 

La Asociación de Fiscales critica una vez más la puesta en marcha de una reforma legislativa que no va acompañada de los medios necesarios para ello, pero transmite a V.E. la absoluta seguridad de que todos los fiscales velarán por el cumplimiento de la ley.

 

Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.